El baguazo

El baguazo

El presente ensayo, busca profundizar en el análisis de los conflictos socio ambiéntales ocurridos durante el enfrentamiento entre el gobierno peruano con los indígenas amazónicos, por los disensos en las concepciones y usos del territorio entre ambas partes. Por un lado, el gobierno peruano promulgó, en junio de 2008, un conjunto de Decretos Legislativos (DL) relacionados con la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y los Estados Unidos, que regulan la intervención sobre el territorio amazónico. Bajo este decreto, la Minera Afrodita quería ocupar una zona protegida legalmente.

Este suceso originó, en la comunidad indígena, el rechazó inmediato de líderes y organizaciones indígenas. Por lo cual, en agosto de 2008, a lo largo de la Amazonía peruana, se sucedieron movilizaciones y acciones de protesta. Tras las movilizaciones, el gobierno peruano tuvo que declarar en Emergencia varios distritos de la Amazonía peruana. Este conflicto fue evidencia del disentimiento entre los indígenas amazónicos y el gobierno peruano; el cual, sin contemplación alguna, descartó a los indígenas como actores válidos respecto a la concepción, propiedad y uso del territorio en disputa, como diría Paulo Coelho, no hay guerra más hiriente, que la de entre hermanos y parientes. Con todo lo mencionado, ¿el gobierno peruano hizo bien en no considerar a los indígenas amazónicos, para la toma de tan grande decisión?

Se sabe que el conflicto de Bagua fue uno de los más grandes, por tal existe la intervención de otras entidades que ayudaron a calmar la problemática, a raíz el problema se dividió en dos bandos, actores y atacantes. Los actores fueron más referenciados que los actantes. Sin embargo, mientras los actores más importantes fueron nueve de un total de veintitrés entidades, los actantes llegaron a catorce. Se identificaron cuatro grupos o categorías de actores y actantes.

Actores principales, víctimas y victimarios directos. En este grupo se incluyen a los indígenas de las comunidades amazónicas de Bagua, al expresidente que estuvo en el poder durante el estallido de la crisis (Alan García) y a los policías muertos en el enfrentamiento; también, a todas las víctimas del conflicto (indígenas y policías) y a sus victimarios o “asesinos”.

Por otro lado, los familiares de los 23 policías y un agente desaparecido que están dentro de los victimarios, cayeron en la Curva del Diablo, se pidió que se identifiquen a los responsables de la mayor tragedia que enlutó a la policía. Ellos presentaron dos denuncias en contra del ex presidente Alan García y de la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, al finalmente fueron archivadas estas denuncias.

Actantes principales, escenarios y responsables indirectos. Aparecen estas entidades: el Perú, el pueblo y la selva, como escenarios y testigos del conflicto; y el gobierno y el poder, como responsables del estallido de la crisis

Otros actores políticos: Bernabé Impi Ismiño que está actualmente a cargo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), en los años 2008 y 2009 trataron de explicar al Ejecutivo y al Legislativo las razones por las que defendían sus territorios, pero no les entendieron.

“Nuestro territorio es fuente de vida, de ahí vivimos. Además, nuestros padres, nuestros abuelos que en paz descansen viven dentro del bosque, dentro de las cataratas. Pero para los hispanohablantes no es así, para ellos la idea es sacar todos los recursos que existen y dejarlo vacío. Por eso salimos de manera unida para proteger nuestros derechos y que nos respeten también”.

Por último, Mercedes Cabanillas que ya no está en el Congreso. Desde el llano insiste en que no dio ninguna orden para desalojar a los indígenas, y que este hecho ha sido corroborado por dos investigaciones fiscales, así mismo dichas palabras fueron respaldadas por la determinación del Ministerio Público.

Los Wampis y Awajún fueron dos grupos pertenecientes a las comunidades indígenas de Bagua, que tuvieron la mayor participación al solicitar la derogación de decretos legislativos que desfavorecía a las comunidades indígenas, dentro de los que se encontraban los decretos legislativos 1015, 1073, 1064, 1089 y 1090; y fueron los decretos 1015 y 1072 aquellos que fueron derogados en una primera instancia, es decir, la respuesta a la movilización pacífica por parte de los indígenas. Sin embargo, en 2009 los indígenas vuelven a movilizarse al analizar con detenimiento los decretos

1064 y 1090, no obstante, en esta oportunidad el Gobierno fue diametralmente opuesto al caso anterior, en otras palabras, no quiso ahondar en la constitucionalidad de la obra. Ante la indiferencia del Gobierno, las comunidades indígenas se organizaron para hacer prevaler su derecho haciendo paralizaciones en el kilómetro 201 de la carretera Fernando Belaunde Terry y encadenándose a las afueras de la estación seis de Petroperú, lo cual hizo que el Gobierno envíe a personal del DINOES y se desate el conflicto social, conocido como el Baguazo. Con el fin de entender las demandas de los indígenas se analizarán los decretos que no fueron derogados para ver si eran constitucionales a la norma.

Por un lado, el DL N° 1064 refiere al aprovechamiento de las tierras de uso agrario, pero se excluyó como propiedad comunal a “las tierras de las comunidades que sean declaradas en abandono” y a “las tierras que se encuentren ocupadas por centro poblados o asentamientos humanos”. Entonces, se puede observar que el decreto no esclarece bajo qué criterios se dictaminarán el estado de abandono o a que se considera asentamiento humano, además que se identifican aspectos

controversiales como la pérdida de imprescriptibilidad que tenían los territorios de propiedad comunal, el favorecimiento de la adjudicación a terceros las tierras no comunales, y sobre todo al dejar sin efecto a la Ley de Tierras se eliminaba la obligatoriedad de un acuerdo previo entre los poseedores y la concesión que exploraría los recursos (Dolorier y

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