GARANTIAS SOCIALES

Garantias Sociales

Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las garantías sociales por su propia naturaleza, están por encima de los derechos individuales a los que restringe en su alcance liberal.

Las garantías sociales tienen la particularidad de no referirse al individuo separado de otros individuos. Por el contrario, estas garantías que por primera vez en la historia fueron consagradas en el ámbito constitucional en México, en 1917 pretenden proteger los derechos y los intereses de grupos sociales determinados, cuya precaria situación económica los coloca en desventaja respecto de otros grupos de personas que cuentan con mayores recursos.

Las garantías sociales se encuentran en los artículos 3o., 27 y 123.

El artículo 3o. prevé la posibilidad de que todo individuo acceda a la impartición de la educación que estado, tanto en el ámbito federal como local municipal, está obligado a llevar a efecto. Dentro de los principios fundamentales contenidos este precepto pueden señalarse el carácter laico de la educación ofrecida por el Estado, gratuidad de tal educación y la necesidad de que el Congreso de la Unión expida leyes necesarias para que, a lo largo de la República mexicana, se unifique y coordine el sistema educativo de la nación.

En el caso del artículo 27, en su fracción VII reconoce “la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales”, prevé que las leyes protegerán las tierras que tengan los grupos indígenas.

En relación con el artículo 123, su primer apartado contiene una serie de derechos en favor de los “obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos”, derechos destinados a impedir que los patrones fuercen a sus empleados a laborar en condiciones de franca explotación, que siempre repercute negativamente en la dignidad de los seres humanos.

Además de los artículos 3o., 27 y 123, el Código Supremo contiene otros preceptos enderezados a la protección de los intereses de la sociedad entera, sin hacer distinciones respecto de clases sociales. Los artículos a los que se alude son 25, 26, 28 y la fracción XXV del 73.

El artículo 25 determina que sólo al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, a fin de fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático. Ello entraña el fomento del crecimiento económico y, consecuentemente, del empleo. Lo que se busca con esta previsión es que la riqueza nacional se distribuya de manera equitativa, para “el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”. Por cierto, el desarrollo económico nacional es, de acuerdo con la Constitución, incluyente, pues en él pueden participar aparte del sector público, los sectores privado y social, siempre con apego a las leyes. Por otro lado, el artículo 26 reviste

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