Hidrocarburos En Panama

1.- HIDROCARBUROS EN PANAMA

La realidad internacional y la crisis ante la cual se encuentra el mercado mundial de petróleo hacen evidente lo que siempre ha sido una necesidad nacional impostergable, esto es, el establecimiento de una política energética. Fundamentado en lo dispuesto por la Ley No. 8 de 16 de junio de 1987, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ha elaborado el presente documento, con el propósito de impulsar, dentro de los objetivos y políticas prioritarias del gobierno nacional, los aspectos fundamentales que deben ser considerados para la implementación de la política energética de Panamá, en lo que respecta al sector de hidrocarburos y de energías alternativas.

En este sentido, el Estado tiene la responsabilidad ineludible de diseñar y poner en práctica una política energética activa. Es decir, no puede dejar en manos de los actores privados la asignación y el uso de los recursos a través de sus decisiones descentralizadas sin que haya lineamientos estratégicos ni una visión a largo plazo del Estado panameño. La coincidencia de los intereses privados y sociales sólo podrían darse si no existieran efectos externos a los mercados, no existieran recursos de propiedad común y las racionalidades fueran absolutamente iguales. Sin embargo, esta situación no se cumple, por lo que existen varias razones que justifican la necesidad de intervención del Estado por medio de políticas activas.

- Las características propias de los sistemas energéticos refuerzan la necesidad de la mencionada intervención del Gobierno. En efecto, pueden mencionarse: la producción de bienes esenciales para el funcionamiento del sistema productivo y el bienestar de la población; la explotación de recursos naturales estratégicos, y las externalidades sociales y ambientales, especialmente cuando las decisiones son descentralizadas e imperan los mecanismos del mercado.

- El uso exclusivo de mecanismos de mercado puede mejorar la eficiencia productiva de las empresas, pero no necesariamente asegurar el cumplimiento de otros importantes objetivos del desarrollo humano. En conclusión, en un tema tan estratégico como es la energía, aunque se prefiera adoptar modalidades de coordinación basadas en los mecanismos del mercado, la intervención del Estado es necesaria.

El objetivo central de esta Política es presentar los elementos necesarios para la identificación y formulación de lineamientos, objetivos, programas, proyectos, acciones y medidas dirigidas al sector energético, conducentes a un mayor desarrollo económico y social. Asimismo, establecer parámetros claros sobre los instrumentos y medidas que deben ser implementadas a corto, mediano y largo plazo.

El establecimiento de la presente política es el resultado de un análisis de la situación nacional y su interrelación con el entorno mundial, en donde se presentan, en primer lugar, a modo de diagnóstico, las características principales de nuestra matriz energética, que incluye un detalle e inventario de las fuentes energéticas, el consumo por sector y sus características, la infraestructura existente, y los rasgos sobresalientes de nuestro esquema regulatorio. Esto nos permite realizar una radiografía de la problemática actual que enfrenta el país, para establecer las medidas o lineamientos que debemos adoptar, así como las acciones concretas que ejecutará el Gobierno Nacional en materia energética, a fin de mejorar las condiciones de sustentabilidad del desarrollo y los potenciales instrumentos disponibles para alcanzarlo. Ello, por definición, implica la necesidad de revisión periódica y ajuste del presente documento.

Este documento presenta una visión de largo plazo para nuestro país, pero consistente con las acciones que ya se están ejecutando y las que deberán implementarse y ejecutarse, lo antes posible, por el impacto social y económico que acarrea el problema. Se busca asimismo, que este documento se convierta en una herramienta sectorial de política pública y contribuya al desarrollo económico y social sostenible. En este sentido, la eficiente utilización de los recursos energéticos y su explotación adecuada y ordenada, son componentes fundamentales en nuestra visión.

El Gobierno Nacional, consciente de la urgente necesidad de adoptar decisiones en materia de política energética, presenta en este documento un plan de acción para el presente y para el futuro, que va más allá de enunciados y principios, ya que establece políticas y acciones concretas que se analizarán, se impulsarán y desarrollarán. Entre los aspectos relevantes, esta política considera la necesidad de ser más eficientes en la producción y utilización de la energía, la cantidad y la calidad de la cobertura de los requerimientos básicos de la energía, la garantía del abastecimiento permanente que sustente el progreso integral del país, la explotación sostenible de los recursos naturales energéticos y el empleo de fuentes renovables y de tecnologías limpias, que nos permitan mirar más allá del petróleo.

En el establecimiento de esta política también se ha considerado como factor fundamental, el impacto y la problemática que causa la falta de cobertura energética a los grupos humanos, especialmente a los que viven en situación de pobreza y en condiciones de vulnerabilidad, como campesinos e indígenas. Para superar esas profundas desigualdades es un requisito indispensable el ampliar las oportunidades para todas y todos los panameños; incluyendo brindar acceso a fuentes de energía, como un instrumento indispensable de bienestar.

El Mercado de Hidrocarburos en Panamá

Tal como lo hemos mencionado anteriormente, más del 50% de la matriz energética del país está dictada por el mercado de hidrocarburos.

Durante toda la década de los 70 y 80, e incluso parte de los 90, en Panamá predominaba un mercado de hidrocarburos integrado. En tal situación el Estado podía controlar directamente los precios a los que se comercializaban los hidrocarburos. Así, la racionalidad de las decisiones empresariales estaba sujeta a los criterios establecidos por las políticas de desarrollo y fomento, pero muchas veces afectadas por los vaivenes de las políticas de corto plazo.

En todo caso, gracias a los bajos precios del crudo de petróleo, nunca se evidenció la falta de formulación, y en especial, la aplicación de una política energética a largo plazo debidamente instrumentada. No obstante, dentro de las nuevas condiciones confluyen una serie de factores que apremian la construcción de una política de hidrocarburos. Dentro de estos factores tiene particular relevancia la mayor participación de actores y la descentralización de los procesos de toma de decisiones. Así, la asignación de recursos en las diferentes actividades del

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