POLITICA INSTITUCIONAL DE EXTENSIÓN

POLITICA INSTITUCIONAL DE EXTENSIÓN

PRESENTACIÓN

En la Universidad Popular del Cesar se concibe la extensión como una de sus funciones sustantivas junto a la Docencia e Investigación,  cuya finalidad es la de propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e integración con agentes y sectores sociales e institucionales. La actividad de extensión busca  enlazar la Universidad Popular del Cesar con la comunidad en el ámbito regional, nacional e internacional, a través de las acciones de relación, intercambios, la formación académica no formal, la proyección social y eventos del orden académico, cultural, socio-político, investigativo, humanístico, económico y ambiental. Cuya proyección en las distintas formas del conocimiento aportan soluciones a los problemas del entorno, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Al permitir que en las múltiples actividades se fortalezca la formación integral, se consoliden competencias comunicativas y culturales; y se posibiliten procesos de aprendizaje significativo, la construcción de conocimiento bajo diversos contextos de regulación ético/ sociales, la reconstrucción de valores en una perspectiva de lo público, de lo colectivo y lo social, la contextualización de la experiencia educativa y la incorporación de metodologías y modelos de trabajo.

Es por ello la importancia de establecer lineamientos que permita fortalecer las actividades de Extensión,  como una estrategia  para facilitar proyección  de la educación continúa y continuada en un contexto local, departamental,  nacional que permita mantener  condiciones de calidad y pertinencia, mediante el fomento de los procesos de responsabilidad social.

1. ANTECEDENTES DE LA POLITICA DE EXTENSIÓN^[1].

La política de extensión universitaria podrá ser caracterizada en términos de los principios que la rigen, de la finalidad y objetivos que pretende , y de las soluciones estratégicas utilizadas para materializar el logro de los objetivos y finalidad propuestos.

Las instituciones de educación superior pertenecen a la Sociedad y se deben a ella, y por lo tanto, el tema de la Responsabilidad Social Universitaria es de fundamental importancia para el desarrollo de las Naciones y deberá perseguir, entre otros, los siguientes propósitos:

• Preservar y crear capital social a partir del saber y del pensamiento, difundiendo esto por todos los medios posibles con el fin de cumplir sus objetivos de contribuir al desarrollo y mejorar a la sociedad en su conjunto.

• Constituirse en sociedad de aprendizaje y creación del conocimiento, con la permanente innovación en los métodos de enseñanza – aprendizaje.

• Formar hombres y mujeres altamente competentes y responsables, capaces de dimensionar el servicio que como ciudadanos pueden dar a la Sociedad.  

• Contar con esquemas lo suficientemente abiertos y flexibles que permitan integrar y poner en diálogo los diferentes tipos de saberes de la Sociedad.

• Acometer tan importantes propósitos, constituye quizás, uno de los más grandes retos de la universidad actual y para lograrlo no bastan buenas intenciones, sino que además es necesario el concurso integral y ojalá sistémico, de toda la Comunidad Universitaria, especialmente de sus cuerpos directivo y ejecutivo.

La incorporación de la extensión como una dimensión de la función social de las instituciones de educación superior, responde a un proceso histórico particularmente relevante en Latinoamérica, aunque también visible en otros lugares del mundo. Su labor ha estado encaminada a lograr una mayor democratización de las oportunidades educativas y de los beneficios del conocimiento científico, tecnológico, técnico y artístico en los diversos sectores sociales, con el fin cumplir con la función social de las instituciones de educación superior de contribuir con la transformación social.

En Colombia, la extensión en las prácticas educativas empieza a ser registrada en las universidades desde comienzos del siglo XX, cobrando reconocimiento jurídico con el Decreto Ley 80/1980. Posteriormente con la promulgación de la Ley 30 de 1992 (Ley General de la Educación Superior) y la Ley 115 de 1994, se otorga mayor estatus a la dimensión de extensión en la educación superior y la integra a los procesos misionales de las instituciones.

Como marco legal que involucra esta actividad, la Ley 30 de 1992, en su artículo 120, define Extensión Universitaria de la siguiente forma:

"La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios, y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la

sociedad" (Ley 30 de 1992).

En el mismo sentido, el artículo sexto de la Ley define los objetivos de la educación superior, en los que se relaciona implícitamente algunas de las funciones de la extensión, entre ellas:

“… profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplirlas funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.

Como complemento a la normatividad planteada en la Ley 30 de 1992, pueden citarse los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) referidos a los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación de programas académicos y de instituciones educativas. Estos lineamientos resaltan la importancia de la extensión o proyección social y, los incluye en varios factores, en sus respectivas características e indicadores.

Es relevante, en los procesos acreditación institucional acorde con los lineamientos del CNA, la necesidad de dar cuenta del impacto social de las instituciones de educación superior, aspecto en el que se centra el alma de la presencia de la instituciones de educación superior en la sociedad y por ende, el papel de la extensión en las relaciones Instituciones de Educación Superior – Sociedad.

En el mismo sentido, entre los parámetros establecidos para el registro calificado de programas académicos de pregrado y postgrado se establece el estándar de calidad correspondiente a la proyección de la institución, destacando la información relacionada con los planes, los programas y las actividades de Proyección Social y los resultados de su impacto en los sectores locales y regionales (Decreto 2566 de 2003).

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