Que es un criminologo

COMUNIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DELINCUENCIA JUVENIL1 Yoana Monsalve y Marión Zambrano, Venezuela Aunque la seguridad se reconoce en la literatura como una necesidad (Baratta, 2001), no hay mayor desarrollo de investigaciones que la definan como objetivo de proyectos privados de responsabilidad empresarial. Se han documentado proyectos privados que tienen repercusión en necesidades como salud, educación, lucha contra la pobreza y contra el hambre (Teixiodó, Chavarri y Castro, 2002; BBDO Consulting, 2005; Agudelo de Bedout, 2009). La seguridad ciudadana pudiera ser una cuestión valiosa para el sector empresarial en términos de mecanismos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población, cuando se trata de la delincuencia vinculada a la seguridad ciudadana, relación que afecta en gran medida a la región latinoamericana. La seguridad ciudadana ha sido admitida como una necesidad social en cuanto a las demandas ciudadanas para activar instancias del Estado cuando la delincuencia sea definida por parte de los ciudadanos como una cuestión que implica vulnerabilidad y riesgo de la integridad fí- sica de las personas y sus bienes. Ello apunta a que las instancias destinadas por el Estado para satisfacer la necesidad social de seguridad ciudadana tienen como función resolver o minimizar los efectos negativos que comprometan el bienestar de la población y satisfacer, de manera directa, una necesidad manifiesta (Monsalve Briceño, 2009: 42). La participación de los jóvenes en las actividades delictivas, es cada vez mayor, actuando muchas veces en bandas o pandillas (Rico, 2003: 34). Tal es el caso de las maras y pandillas en Centroamérica que en la última década, particularmente en Honduras, Guatemala y El Salvador, han pasado de ser agrupaciones que generaban molestia social e inseguridad por su participación en robos de poca monta, faltas a la moral y desórdenes públicos, a ejecutar delitos más graves como los homicidios, las extorsiones, la distribución de drogas, los robos y las violaciones (Aguilar y Carranza, 2008: 19). El caso venezolano no escapa a la participación de los jóvenes en las actividades delictivas, y dentro de los factores que pueden ser considerados como amenazantes a la seguridad ciudadana la delincuencia juvenil es uno de ellos. En este sentido, Venezuela ha llegado a considerarse como el país más violento en términos de homicidios en Suramérica, siendo los protagonistas de esa violencia, en buena medida, los jóvenes (PROVEA, 2008). Respecto a la disposición del Estado sobre la inclusión del sector 1 Véase: Esta investigación ha contado con el apoyo del CDCHT-ULA mediante los proyectos distinguidos con los códigos: D-364-07-09-B y D-399-09-09-F. El estudio no habría sido posible sin la colaboración del Proyecto Alcatraz y de los habitantes del Municipio José Rafael Revenga, quienes suministraron datos e información indispensables para el desarrollo de esta investigación. Agradecemos a Luis Gerardo Gabaldón sus comentarios y sugerencias para la versión final del texto. 72 privado en estrategias de seguridad, se ha indicado que, con respecto a las nuevas políticas de seguridad urbana, hay una extensión del ejercicio del poder del Estado a otras esferas, en el sentido de una alianza con instancias privadas para expandir el ámbito de la seguridad (Antillano, 2007). Esto implicaría que los proyectos privados pudieran contribuir con la satisfacción de la necesidad de seguridad ciudadana. En el caso venezolano, ésta última ha sido definida en el artículo 55 de la Constitución Nacional como un derecho a la protección por parte del Estado que deben brindar los órganos de seguridad ciudadana, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes (Venezuela, 2000). Si bien podría pensarse que el concepto de seguridad ciudadana es muy amplio (Gabaldón, 2004: 67), para esta investigación la misma se delimita como una necesidad social relacionada con la amenaza, vulnerabilidad y riesgo de los integrantes de las comunidades y sus propiedades cuando se trata de situaciones delictivas ejecutadas por jóvenes. Debe destacarse que en el país existe una frecuente participación de jóvenes en actos delictivos acompañada de percepciones pesimistas de los mismos jóvenes sobre la contención del problema, así como sustitución de la actividad sancionadora o pacificadora del Estado por la violencia privada (Gabaldón y Serrano 2001).Los problemas vinculados a la delincuencia juvenil han sido considerados como elementos que afectan el bienestar de las comunidades (PROVEA, 2008; Gabaldón, Benavides y Parra, 2007: 320). El Proyecto Alcatraz es una iniciativa privada que aborda el problema de la delincuencia juvenil en el Municipio José Rafael Revenga, en el Estado Aragua, mediante la selección de jóvenes que han tenido participación delictiva. Su propósito es minimizar el delito en el Municipio, incorporando a los jóvenes en actividades como el trabajo intensivo, la práctica de deportes y el trabajo comunitario con fines de reinserción y resocialización, además de recibir asistencia especializada para la formación de valores y así cumplir con el lema “delincuencia cero” (www.proyectoalcatraz.org). Este artículo centra la atención en el Proyecto Alcatraz, desde la mirada de la comunidad, para responder a la cuestión de la participación de dicho proyecto en la satisfacción de la seguridad ciudadana como una necesidad social de los habitantes del Municipio Revenga, apuntando al tema de la delincuencia juvenil. LAS COMUNIDADES Y SU REPERCUSIÓN EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Las comunidades, como destinatarias de las políticas públicas, deben jugar un papel fundamental en el diseño de las mismas si se entiende que sus integrantes inician el proceso mediante el cual se analiza la pertinencia de la intervención estatal para atender los asuntos sociales específicos (Monsalve Briceño, 2009:37). Así, para diseñar políticas públicas y articularlas con las necesidades sociales es importante tomar en cuenta la apreciación subjetiva de los miembros de los grupos sociales (Monsalve Briceño, 2009: 42). En sentido amplio, las necesidades sociales reconocidas por el Estado son: la alimentación, educación, transporte, seguridad ciudadana y social. Lo anterior supone el esfuerzo colectivo por mantener la presión de la necesidad social frente al Estado, esto a través de instancias públicas destinadas a atender las mismas (Monsalve Briceño, 2009: 42). En este contexto las comunidades requieren políticas públicas destinadas a satisfacer la necesidad de seguridad ciudadana y Antillano (2007:156) ha planteado que los programas de seguridad y prevención son formulados precisamente como una respuesta al incremento delictivo. Las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana son “las actividades planificadas, dirigidas o coordinadas por el Estado para identificar la problemática delictiva y para adoptar medidas tendentes a minimizar los efectos de la criminalidad” (Gabaldón, 2008: 1). La tendencia en los últimos años ha sido de 73 Sección Tercera / Prevención, absorción y oportunidades legítimas para los jóvenes en situación de riesgo delictivo involucrar a nuevos actores en la provisión de seguridad ciudadana. No sólo se trata del crecimiento de la industria privada de la seguridad, o de la privatización de funciones vinculadas al control penal, sino también de la transferencia de responsabilidades a grupos de ciudadanos en el marco de la ejecución de las políticas de seguridad, pues existe un proceso de “coproducción” de la seguridad, incorporando en la consulta, diseño y ejecución de las políticas de control a instancias no estatales. De forma que, junto a la policía, judicatura o prisiones, se articulan ahora agencias sociales, autoridades locales y nacionales, ONGs, asociaciones civiles, organizaciones gremiales y empresariales (Antillano, 2007: 166). La participación del sector empresarial en las políticas públicas de seguridad ciudadana, puede enmarcarse dentro de las funciones de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tomando en cuenta que el Estado admite la participación del sector empresarial en la ejecución de políticas de control (Antillano, 2007). Las mismas podrían relacionarse con la seguridad ciudadana como necesidad social de las comunidades, cuando las empresas desarrollen sus actividades permanentes en el mismo territorio que las comunidades y, en este sentido, la RSE permite encaminar el desarrollo de esta investigación desde la óptica de los proyectos que desarrollan las empresas privadas. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: UNA INICIATIVA QUE BENEFICIA A LAS COMUNIDADES Las consecuencias sociales y económicas de la Segunda Guerra Mundial repercutieron en que las empresas privadas otorgaran aportes para favorecer a algunas personas. La discusión sobre RSE se fortaleció a partir de entonces, si se entiende que en ese momento hubo cambios estructurales y económicos importantes en la sociedad a nivel global y en la economía, sobre todo en Estados Unidos y Europa. De allí que en dichos contextos se originaron los primeros avances con respecto al tema y ahora se ha llegado a admitir la RSE como un compromiso por parte de las empresas privadas con sus trabajadores, clientes, proveedores, distribuidores y la comunidad en general. (Teixidó, Chavarri y Castro, 2002: 4; Correa, Flynn y Amit, 2004:8). La RSE tiene un foco de atención concentrado en proveer parte de los recursos para el beneficio de los socios, los comerciantes, los proveedores, los consumidores, además que procura insertarse en algunos proyectos vinculados con el desarrollo sustentable para mejorar el medio ambiente y el desarrollo de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades locales (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001: 8 – 17). Esto implica una visión de la empresa que se proyecta, más allá de sus intereses, hacia el beneficio de otros y del entorno. Dado que la RSE es un tema de interés para el desarrollo eficiente de la vida de los ciudadanos en sus lugares de residencia, se ha considerado que la relación entre el sector empresarial y el Estado debe afinarse, toda vez que ello incidiría en acciones conjuntas entre los sectores privado y público para resolver puntualmente algunos problemas y necesidades sociales. (Delgado Flores, 2005: 12). La literatura venezolana (Guerra, 2007; Marcano, 2006; Molina Núñez, 2005) ubica la RSE en el artículo 135 de la Constitución Nacional, el cual plantea que las obligaciones estatales en cumplimiento de los fines de bienestar social general no excluyen otras acciones que, de acuerdo con los principios de solidaridad, responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los particulares de acuerdo con su capacidad. De lo anterior se desprende que tanto el Estado como los particulares tienen participación en asuntos de interés público, si bien en el texto del artículo constitucional no hay referencia literal a la RSE, como actividad empresarial del sector privado. Esto permitiría suponer que las empresas privadas deben colaborar con el Estado para resolver problemas dentro del espacio territorial donde desarrollan sus actividades. Así, la empresa privada debe generar bienes públicos, donde el Estado no pueda satisfacer suficientemente determinadas necesidades de la población (Guerra, 2007: 87). En este trabajo de investigación, la seguridad de los ciudadanos es una necesidad social, referida a la delincuencia juvenil, donde el sector empresarial pudiese dar un aporte significativo.

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