Regalias PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Enviado por jessitoons14 • 22 de Noviembre de 2017 • Apuntes • 2.137 Palabras (9 Páginas) • 202 Visitas
TABLA DE CONTENIDO
TEMA…………………………………………………………………………………… 3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………………… 3
PREGUNTA A INVESTIGAR………………………………………………………… 6
OBJETIVOS:…………………………………………………………………………… 6
GENERALES…………………………………………………………………………… 6
ESPECIFICOS………………………………………………………………………….. 6
METODOLOGIA…………………………………………………………………………6
JUSTIFICACION……………………………………………………………………….. 7
MARCO TEORICO…………………………………………………………………….. 8
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………..
TEMA
REGALIAS EN COLOMBIA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las regalías representan una fuente significativa de ingresos para el desarrollo de Colombia. Debido a su dimensión tienen la capacidad de ser invertidos en proyectos que aporten mejores condiciones de vida y aumenten la productividad de los habitantes en todos los territorios del país. Bien se sabe que los recursos no renovables y el subsuelo son recursos que pertenecen al estado y por esto los ingresos que generan su explotación deben financiar inversiones que beneficien a toda la población.
La ley 141 de 1994 y 756 de 2002, eran las normas básicas legales que rigieron hasta el año 2011 y establecían el canon de regalías para los distintos recursos naturales no renovables, los usos a que ellas estarían destinadas y la forma de distribución entre sus beneficiarios. Esta institucionalidad que regía en aquella época, le genero numerosas debilidades al sistema, a continuación, se menciona algunas de ellas.
En virtud de estas leyes, el 80% de las regalías se entregaban a las entidades regionales en cuyos territorios se explotaban recursos no renovables o por cuyos territorios se transportarán estos recursos; el 20% restante se distribuía de una manera indirecta a las demás regiones donde no se llevara a cabo dicha actividad, lo cual género que estos ingresos estuvieran altamente concentrados en pocos territorios, siete departamentos para ser exactos, Arauca, Casanare, Cesar, Guajira, Huila, Meta y Santander. Esta distribución era excesivamente inequitativa pues aproximadamente el 14% de la población del país habitaba en estos territorios, lo que indica que no se tenía en cuenta las necesidades insatisfechas y problemas sociales de todas las regiones del país, sino de algunas específicas.
Con respecto a la distribución de las regalías entre los departamentos y municipios productores las reglas establecidas en esas normas legales tenían dos criterios: el tipo de bien, pues los coeficientes de reparto se fijaban según se tratará de hidrocarburos, carbón, níquel y así sucesivamente; y el volumen de producción en cada uno de ellos. Esto causaba la inequidad en los recursos percibidos por estas regiones, pues la asignación de recursos se hacía según lo que el territorio explotara y su volumen de producción, ignorando la población y las necesidades de los departamentos y municipios beneficiados.
Por otro lado, para poder invertir las regalías libremente se requería cumplir con 4 coberturas mínimas dispuestas por la Ley 141 relacionadas con educación, salud, saneamiento básico y lucha contra la mortalidad infantil, en muchos casos la ley no era exigente con estas coberturas y aun cuando no se cumplieran se les permitía disponer de ciertos porcentajes para destinación libre. Lo anterior ocasionaba que las entidades territoriales beneficiadas ejecutaran proyectos innecesarios y sin ningún impacto regional y que las coberturas necesarias para solucionar muchos problemas sociales no se llevaran a cabo en su totalidad.
Además de esto, como no se implanto una ley general sobre ahorro en tiempos de bonanza, la tendencia era que con ingresos transitorios se financiaran gastos permanentes, que a la larga terminarían desfinanciados.
Estas son algunas falencias de las muchas que se presentaban al momento de distribuir y darles uso a las regalías. Con lo anterior se puede deducir que estos ingresos generados por la explotación de los recursos no renovables y el subsuelo no cumplieron con los principales objetivos propuestos como lo eran que estos ingresos “aplicaran a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales” al contrario generó una concentración de las regalías en pocos territorios y estas se distribuían sin consultar las necesidades de los entes territoriales de las regiones, provocando malgasto de los recursos, que el nivel de pobreza y el nivel de NBI no tuviera mejora.
Esta situación conllevo a que el gobierno colombiano, en el año 2011 propusiera una reforma al esquema de distribución de regalías, la cual fue aprobada por el acto legislativo 05 de 2011 y reglamentado por la ley 1530 de 2012. Esta reforma modifico la estructura por la cual son asignadas las rentas que provienen de la explotación de recursos no renovables (regalías directas y fondo nacional de regalías- FNR) remplazándola con una nueva normativa denominada el Sistema General de Regalías (SGR). Este sistema se estructuro en torno a cuatro objetivos rectores: equidad, buen gobierno, ahorro para el futuro e impacto regional.
Además, se hicieron grandes cambios como lo fueron, la redistribución de los recursos, el 20% se asignan a los territorios productores y que explotan los RNNR y el 80% a las demás regiones del país.
Se crean los Órganos Colegiados de administración y decisión-OCAD, encargados de definir, evaluar, viabilizar, priorizar los proyectos de inversión y elegir el ejecutor de los proyectos.
Con el sistema General de regalías se crearon tres fondos para financiar proyectos de inversión: el fondo de compensación regional, fondo de desarrollo regional, fondo de ciencia e innovación. También los departamentos y municipios productores cuentan con recursos de regalías directas. Igualmente se creó un fondo para fomentar el ahorro de las entidades territoriales: el fondo de ahorro y estabilización (FAE). Con los recursos de estos fondos, dice la ley, que deben invertirse en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, proyectos que impulsen la competitividad y el desarrollo regional asimismo proyectos minero energéticos y para la restauración social y económica de los territorios.
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