Colaborativo Constitucion

La Constitución Política de 1991 posibilita construir la paz.

Por Álvaro Villarraga*

Conseguir la paz es un asunto complejo que pasa por el compromiso del Estado y del conjunto de la sociedad en aras de superar las condiciones estructurales de la violencia. La Carta Política, sin embargo, traza el derrotero.

La Constitución Política de 1991 constituye el mayor aporte para la recuperación de la paz por cuanto recuperó la soberanía popular, consagró derechos y garantías fundamentales y fue el fundamento para los pactos de paz conseguidos con las guerrillas. A la vez, creó condiciones políticas e institucionales para superar tanto las condiciones de violencia estructural representadas en la inequidad y la exclusión como las propias del conflicto armado y los factores de violencia. Si bien en esta histórica coyuntura se escapó la posibilidad de solucionar globalmente el conflicto armado interno se reanudaron diálogos de paz con las FARC y el ELN, pero sin lograr llegar a negociaciones y acuerdos mientras sesionaba la Constituyente, de forma que sobrevino con estas guerrillas la intensificación de las hostilidades. Sin embargo, se configuró en la Asamblea Nacional Constituyente y en el país una nueva situación que implicó la inclusión de vertientes políticas, sociales, étnicas, insurgentes y religiosas, de manera que abordaron en esta corporación una actuación política renovadora que hizo posible el diseño total de la nueva Constitución Política, bajo el presupuesto de conseguir la paz y superar las causas y motivos del alzamiento armado.

En tales condiciones el proceso constituyente y la Constitución Política despejaron posibilidades de mediano plazo para adelantar acuerdos de paz con todas las guerrillas, en un contexto que rescató el lugar preponderante de la ciudadanía como poder soberano. La Constituyente de 1991 y la vigencia de la Carta expedida por ella constituyen así el referente principal para superar las expresiones del conflicto armado y construir la paz. En años posteriores al intentar fórmulas de paz con las FARC y el ELN necesariamente se ha considerado tal legado y han surgido propuestas, algunas de común acuerdo entre la parte gubernamental y cada guerrilla, de recurrir a ejercicios de democracia directa incluidas en la Carta para convalidar los posibles resultados de una nueva negociación de paz. Entre ellas convocar un referendo o una nueva constituyente para tratar temas que adicionarían aportes al contenido democrático y participativo de la Constitución de 1991. Sin embargo, como es conocido, infortunadamente fracasaron varias experiencias de diálogo y negociación con estas guerrillas en 1991, entre 1999 y 2002 y con el ELN entre 2005 y 2007. No obstante, un sector de esta guerrilla se marginó en 1991, la Corriente de Renovación Socialista, y en 1994 suscribió un pacto de paz con el gobierno sobre la base de reconocer los avances de la Constitución de 1991.

Entre los postulados que afirman las posibilidades de la paz la CP consagró en el Artículo 2 la participación de todas y todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; en el Artículo 3 que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo; en el Artículo 22 que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; y en el Artículo 95 consagra entre los deberes de la persona y del ciudadano participar en la vida política, cívica y comunitaria y “propender al logro y mantenimiento de la paz”. La Corte Constitucional argumenta que la paz es “un derecho constitucional fundamental” que está estrechamente relacionado con el respeto efectivo de los derechos humanos, que no puede confundirse con la simple ausencia de guerra, ni reducirse a la seguridad nacional y la tranquilidad pública. La paz es concebida actualmente como derecho de la solidaridad, derecho colectivo y derecho síntesis de posibilidades de disfrute integral de los demás derechos en condiciones de dignidad. Es también un derecho de autonomía, participación y posibilidad de acceso a los asuntos públicos. Conlleva el derecho a vivir en una sociedad que excluya la violencia como medio de solucionar los conflictos, que impida la violación a los derechos humanos y que proteja a sus ciudadanos frente a la arbitrariedad, la violencia y el terrorismo.

Pero estas consideraciones no desconocen las limitaciones históricas del proceso constituyente referido a asuntos como la perpetuación del presidencialismo, la ausencia de reforma de la fuerza pública, la no participación del conjunto de las guerrillas y la subsiguiente imposición desde el Gobierno Gaviria del modelo neoliberal que menoscabó las mismas aspiraciones constitucionales de justicia social, propias de un proyecto de paz democrática. Ello explica así mismo las diversas dificultades encontradas en aras de su vigencia y aplicación, pues si bien la Constitución significó un innegable avance hacia la paz, la democracia y la defensa de los derechos humanos, simultáneamente se prolongó el conflicto armado con las guerrillas no acogidas a pactos de paz, sobrevino la expansión de los paramilitares, se agravó la crisis en derechos humanos, progresivamente se ampliaron condiciones de pobreza e inequidad y se han registrado intentos y algunos logros en términos de contrarreforma regresiva de su texto.

En el curso de los años 90 con la divisa de la paz y con apoyo en la experiencia de la convocatoria mediante la movilización ciudadana de la ANC de 1991 y en los enunciados constitucionales sobre soberanía popular y formas de democracia directa,

...