Tesis Investigacion

1. Identificación del problema

1.1 Descripción del problema

La evasión fiscal constituye una de las manifestaciones más claras sobre la actitud que asumen algunos individuos frente a las obligaciones que tienen con la comunidad que integran, en la medida en que esta surge como un ‘castigo’ que afecta al Estado, al no contar con todos los recursos que por vía impositiva debería percibir para destinarlos a inversión, además que genera un impacto económico negativo, por la vía de patrocinar la competencia desleal, que ocasiona pérdidas en el mercado, disminución de utilidades, y eventualmente, quiebras de las empresas (Echavarría, Martínez, Sánchez y Taborda, 2005).

Específicamente la evasión tributaria comprende un:

Conjunto de acciones u omisiones orientadas a reducir parcial o totalmente el monto de impuestos que legalmente le corresponde aportar a un contribuyente. Estas prácticas van desde el ocultamiento total del sujeto del tributo, que trata de hacerse invisible ante la administración tributaria, hasta la falsificación de información que sirve de base para determinar la contribución (Ávila y Cruz, 2007, p. 6).

La ocurrencia de la evasión de parte de un contribuyente lo supone como evasor, aunque podría considerarse como defraudador si se comprueba la existencia de dolo de la acción. Sin embargo la evasión algunas veces ocurre por negligencia, “y aunque en tales casos igualmente proceden las acciones administrativas encaminadas a recuperar el monto de los tributos evadidos y a aplicar las sanciones correspondientes, no se configura estrictamente un fraude tributario” (Ávila y Cruz, 2007, p. 6).

En este orden de ideas, entre más compleja resulte la normatividad, más probable es que ocurra evasión, pues se generan espacios controvertibles o vacíos legales, que admiten más de una interpretación de parte de los contribuyentes y de la administración de impuestos (Vera, 2008; Samplón, 2006; Ávila y Cruz, 2007) sin que dicha práctica pueda calificarse como ilegal; en este caso se habla de elusión, sin embargo, el efecto es el mismo: reducción del recaudo impositivo.

Para el caso de Colombia se ha documentado y cuantificado que los niveles de evasión fiscal se ubican por encima de los estándares internacionales para los países en desarrollo. En promedio, para estos países las tasas medias de no pago se ubican en el 20%, mientras que para Colombia, según los últimos datos, han sido del 36% en 2002 y del 30% en 2009 (Rodríguez y Rodríguez, 2008). La consecuencia directa de esta situación es la menor disponibilidad de recursos para inversión de parte del Estado.

Ahora bien, la evasión impositiva en el país tiene profundas raíces históricas, asociadas a problemas de institucionalidad que datan del siglo XIX (Parra, 2010), en donde la “falta de consensos en el diseño de las constituciones que lo organizaban y las guerras civiles que tanto fracturaron el escenario político dificultaron la obtención del apoyo requerido de los ciudadanos para pagar sus impuestos sin recelos” (Kalmanovitz, 2010, p. 147).

En épocas recientes, la Constitución del 91 asignó importantes cargas fiscales al Estado que debieron compensarse con el incremento del recaudo tributario. Años después, la crisis económica de fines del siglo XX ahondaría el déficit fiscal del país, “razón por la cual el entrante siglo XXI implicaría, en términos macro económicos, una reforma capaz de incrementar los recursos públicos de la nación” (Parra, 2010, p. 4-5). Entre tanto, al iniciar el gobierno Uribe en 2002 se priorizó la necesidad de recursos a la seguridad y a la promoción de la inversión, promulgando diversas reformas tributarias “sin un enfoque específico más que buscar, a como diera lugar, recursos para cubrir las nuevas responsabilidades estatales” (Parra, 2010, p. 5), incluso se descuidaron los mecanismos que aseguraran reducciones en las tasas de no pagos, lo cual se constituyó en un incentivo para la evasión.

Dentro de todo este panorama resulta fundamental el papel del contador público, entendiéndolo como:

Aquella persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente Ley [43 de 1990], está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general (Congreso de la República de Colombia, 1990, p. 1).

El contador, a través del ejercicio de su práctica contable, intenta satisfacer algunas necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, en los cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos (Congreso de la República de Colombia, 1990).

Un punto fundamental corresponde al hecho de que el contador público es depositario de la confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Así mismo, su conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituyen su esencia espiritual (Congreso de la República de Colombia, 1990).p.?

En el ámbito ético, según la Ley 43 de 1990, el contador público debe actuar con integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observando las disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión y colaboración, y respeto entre colegas. Con la puesta en práctica de estos principios básicos (tanto en el trabajo más sencillo, como en el de mayor complejidad, el profesional contribuirá al desarrollo de la profesión a través de la práctica cotidiana.

1.2 Planteamiento del problema

Hasta este punto se ha mostrado evidencia sobre la existencia de evasión fiscal en Colombia, tanto a nivel de personas naturales, como jurídicas. En estas últimas el contador público tiene amplia responsabilidad en tanto que debe certificar algunos hechos económicos, donde eventualmente tendrá que enfrentarse a casos de evasión. En esto debería poner en práctica la formación ética que le es propia, sin embargo, resulta relativamente escasa la información respecto a que esto en realidad ocurra, incluso, pocos trabajos investigativo fueron encontrado al respecto. Teniendo claridad sobre esto, se procede a formular la siguiente pregunta de investigación.

1.3 Formulación del problema

¿ Cuál es el rol profesional del contador público,

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