EL ORIGEN CONSTITUYENTE DE LA CRISIS POLITICA EN COLOMBIA

Introducción.

La Constitución del 91 se nos ha presentado, no sin justas razones, como una Constitución progresista,

antiformalista, el origen del nuevo derecho, de textura abierta, garantista, vanguardista, tanto por los derechos

fundamentales que consagró, por la figura del Estado Social de Derecho que los respalda y por el esquema de

democracia participativa que propiciaba. Todos esos elementos le han servido, sobretodo a la espíritu jurídico,

aunque tambien al politico, para defender la idea de una Constitución sustancialmente emancipatoria -los más

optimistas incluso la definen como contra-hegemónica-1, sin duda el producto más acabado de la conciencia

jurídico-politica latinoamericana, que nuestros jurisconsultos, además, desprecian -a buena parte del resto de

esa conciencia jurídica en América Latina- por considerar que Colombia es potencia jurídico-teórica en el

continente.

Obviamente, esa conciencia jurídica asume la Constitución como un producto acabado y le es indiferente el

proceso previo que le dió origen. Preguntas sobre su legitimidad, el contexto político que la generó, las

tensiones internas que se dieron a su interior, son factores que el jurisconsulto considera menores frente al

resultado final que el no puede reconocer sino como bloque, sin consideración de fisuras, aristas o

contradicciones previas.

Pero no es solo por deformación profesional que se da esta hipostatización del Texto Constitucional (Negri

utiliza el término “hipóstasis jurídica” en un sentido idéntico2) en el espíritu jurídico colombiano. También hay

que reconocer que en un país tan conservador como Colombia en sus estructuras jurídico-políticas, la

Constitución del 91 le permitió a una nueva generación de científicos sociales (incluidos, por supuesto, los

profesionales del Derecho y de la Ciencia Politica) y, en general, de sectores progresistas, lograr por fin un

instrumento de "oposición democrática" dentro del sistema que les posibilitara ampliar espacios y reivindicar

expectativas económicas, sociales y políticas que el bipartidismo había cerrado desde su pacto excluyente en la

década del 503.

Pero fue el corazón y las ansias reprimidas de una Colombia mejor lo que no le permitieron, precisamente, a

todos esos sectores tanto tiempo esperanzados en alguna salida que no fuera violenta -opción que la realidad

también mostraba implausible- ver la trampa que se escondía tras la Constitución del 91. Las élites

colombianas (económicas, políticas e intelectuales), una vez más, habían logrado constitucionalizar la mentira

y disfrazar su esquema histórico de dominación hegemónica con los ropajes seductores de un Estado Social de

Derecho y una democracia participativa4. Con esos anzuelos nos tragamos la carnada de un ordenamiento que, de hecho, era la constitucionalización política de la exclusión y que, en lo profundo de su texto, escondía la

simiente de la guerra y la periferización y deslegitimación de todo conflicto frente a ella.

1. Las Expectativas Frustradas de la Constitución.

Es necesario comenzar por reconocer que la Constitución del 91 no cumplió la principal

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