Informe Presidencial 2013

INFORME PRESIDENCIAL 2013

Establecer acciones coordinadas para la identificación y monitoreo de posibles conflictos sociales, fijando criterios y mecanismos para el seguimiento de variables y el mapeo de actores y conflictos

El Gobierno de la República establece mecanismos y acciones para la identificación, monitoreo y resolución de conflictos sociales. De esta forma, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2013, la Secretaría de Gobernación atendió distintas demandas de los ciudadanos y sus organizaciones; de las cuales, por su relevancia destacan las siguientes:

• La instalación de mesas de diálogo y seguimiento para la atención de 531 eventos realizados por grupos organizados, que derivaron en 147 mesas de trabajo, lográndose la distensión de las inconformidades en el 100% de los casos.

• La elaboración de diagnósticos y documentación de 770 informes, que permitieron identificar las causas de las demandas ciudadanas recibidas y el diseño de las estrategias para su atención.

• La puesta en marcha de mecanismos para el intercambio de información y el fortalecimiento de las dependencias de la Administración Pública Federal (APF). Tal es el caso del Grupo Interinstitucional de Atención Ciudadana y Concertación Política y Social, cuyas sesiones fueron retomadas después de dos años de inactividad. Este mecanismo, integrado por las áreas de atención ciudadana de las dependencias y entidades de la APF, trabaja en la homologación de criterios para atender a los ciudadanos y sus organizaciones que llevan asuntos en varias dependencias federales, a fin de evitar la duplicidad de estímulos que ofrecen los programas de beneficio social; asimismo, se comparte información que permite la oportuna toma de decisiones para la distensión y solución de conflictos.

Se realizaron actividades tendientes a la resolución de conflictos, específicamente agrarios y territoriales, mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), operado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Al inicio de la administración, se identificaron 445 asuntos pendientes de resolución. De éstos, 233 están relacionados con conflictos sociales por tierra, 202 derivan del Acuerdo Nacional para el Campo y 10 corresponden a los Acuerdos Agrarios. Para su atención se realizaron las siguientes acciones:

• Mediante acciones coordinadas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), resolvió 20 asuntos en 10 entidades federativas, cinco de ellos aprobados por el Comité del COSOMER. Resolvió también 15 casos pendientes de atención en ejercicios anteriores.

• En temas relacionados con el desarrollo agrario y territorial, se concluyeron 17 asuntos en 10 entidades federativas que, en administraciones previas, fueron presentados por individuos y organizaciones campesinas. Esta acción atendió las demandas de 3,403 personas en una superficie global de 10,160 hectáreas.

Con estas acciones, la SEDATU continúa dando respuesta a la Instrucción Presidencial “Dar celeridad a la resolución de los conflictos agrarios, para dar mayor certidumbre jurídica a quienes han enarbolado la defensa justa de sus tierras”.

Promover la resolución de conflictos mediante el diálogo abierto y constructivo, y atender oportunamente las demandas legítimas de la sociedad

Mediante la atención ciudadana y acciones efectivas de concertación política y social, entre el mes de diciembre de 2012 y julio de 2013, el Estado mexicano estableció procesos de diálogo y coordinación con las dependencias de la APF para la atención de 128 conflictos de impacto nacional y regional; de los cuales logró distender el 100%. Al mes de julio de este año, 79 asuntos están en proceso de solución definitiva con las distintas instancias federales. Entre los temas principales destacan:

• El diálogo con representantes de las centrales campesinas agrupadas en el Congreso Agrario Permanente, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP) y el Frente Amplio Campesino (FAC).

• La celebración de convenios con productores agrícolas para el pago de sus adeudos por concepto de aprovechamiento de energía eléctrica para uso agrícola, que beneficiaron a más de 10 mil productores, dando fin a las manifestaciones respectivas.

Por su parte, la SEDATU realizó audiencias para la atención a demandas de organizaciones campesinas, ciudadanas y sujetos agrarios. Entre diciembre de 2012 y julio de 2013 se realizaron 317 audiencias focalizadas.

Dialogar es imperativo para resolver juntos los retos que enfrenta nuestra sociedad. Conocer y respetar la historia, la cultura y las costumbres de quienes formamos parte de esta sociedad plural y diversa, es indispensable para lograr un México en Paz. Por el método de usos y costumbres, en algunas regiones del país, elegimos autoridades municipales, y desde 1995 policías comunitarias, que de acuerdo a la Ley se constituyen, operan y se coordinan con los gobiernos estatales, como sucede en Tixtla, Guerrero; la Huasteca Potosina, y Tehuacán, Puebla.

Caso diferente son los grupos de autodefensa. Tras un proceso iniciado desde mediados de 2010, en Guerrero se formalizó el primer grupo de autodefensa, seguido por organizaciones similares en Michoacán y Oaxaca, entre otros. Con estricto apego a derecho y en ejercicio de sus atribuciones, el Gobierno de la República mantiene un diálogo permanente con las administraciones estatales, a fin de evitar que dichos grupos transgredan la Ley, y en su caso, para hacerla cumplir, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos. Para la población civil está prohibido portar y utilizar armas de uso exclusivo del ejército. Las comunidades tienen derecho a vivir en Paz, y los gobiernos tienen la obligación de hacer respetar la Ley, para lograrlo.

Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación

Ante el reto de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y reconociendo que es obligación del Estado otorgarles la protección más amplia y velar siempre por el interés superior de los menores, el Gobierno de la República está plenamente comprometido en crear una política que ponga un alto a la violencia sobre nuestros niños y que esté a la altura de los compromisos internacionales asumidos por México en esta materia.

Prohibir y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, así como asegurar que los niños y niñas que la han sufrido no sean revictimizados en el marco de los procesos de justicia

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