Investigacion

Presentación

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer es uno de los ocho Objetivos de Desa- rrollo del Milenio que los Estados Miembro de las Naciones Unidas se han comprometido a cumplir para el año 2015.

El Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, también ha lanzado una campaña inter- nacional para poner fin a la violencia contra las mujeres. La campaña requiere la responsabilidad de todos y todas. La violencia contra las mujeres es la más sistemática y frecuente violación de los derechos humanos y afecta a la mitad de la población. México desgraciadamente no escapa a esta situación por lo que es nece- sario llevar a cabo acciones que la reduzcan.

México cuenta con normas jurídicas sólidas y con marcos programáticos y presupuestales para garantizar la igualdad y para lograr una vida libre de violencia para las mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Gobernación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han impul- sado una serie de acciones a través del proyecto Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Legislación nacional sobre igualdad de género y no violencia contra las mujeres en México, y que permiten la creación de estrategias para la aplicación del marco normativo federal en materia de igualdad de género y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

A partir de la aprobación de nuevas leyes y reformas para el adelanto de las mujeres en México (Ley Gene- ral para la Igualdad entre mujeres y hombres y la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), desde 2006 el gobierno federal tiene –de la misma manera que todos los Poderes de la Unión y órdenes de Gobierno, la iniciativa privada y el sector social– el compromiso de trabajar para promover y defender los derechos humanos y en este caso, el derecho que tienen todas las personas a no sufrir discrimi- nación ni violencia, así como a no ser encasilladas en los moldes que imponen los estereotipos de género.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena en el artículo 4, que el varón y la mujer son iguales ante la ley; asimismo, dispone que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la Nación.

A ella se suman los diversos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en la materia, entre los que destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) así como su Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio- nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará).

La Carta Magna también ordena la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo (PND) sexenal al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. El Eje Rector 3 del PND 2007-

2012, Igualdad de Oportunidades, en el rubro 3.5 Igualdad entre Mujeres y Hombres, señala como una tarea prioritaria del Estado mexicano promover acciones para fomentar una vida sin violencia ni discriminación, así como una auténtica cultura de la igualdad, y en la estrategia 16.1, señala la necesidad de construir políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda la Administración Pública Federal (APF).

En este contexto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignó a la Dirección General de Nor- matividad de Comunicación (DGNC) de la Secretaría de Gobernación (Segob), presupuesto específico para que el Ejecutivo Federal impulsara la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de comunicación social de la APF.

Desde 2009, la Segob suscribió un acuerdo interinstitucional con el PNUD, para monitorear si las campañas del gobierno federal promueven la desigualdad de género o la discriminación y, con los resultados, Incorpo- rar el Enfoque de Equidad de Género en las Campañas de Difusión de la Administración Pública Federal.

El monitoreo fue útil, sin duda, para tener un diagnóstico sobre las campañas del Gobierno Federal. Sin embargo, no era suficiente. Los resultados revelaron elementos relacionados con la desigualdad de género en imágenes, en lenguaje o en ambos en varias de las campañas analizadas. En algunos casos, se utilizaban imágenes que representan a las mujeres de una manera respetuosa, incluyente y plural, sin embargo en el audio o en el texto se les invisibilizaba o excluía.

Los resultados de los monitoreos permitieron conocer la situación real de violencia o discriminación en razón del género, en las campañas de la APF. Sólo un diagnóstico así permitiría elaborar un mapa, trazar la ruta y avanzar sin dilación.

Así, Segob y el PNUD dieron inicio a la capacitación de servidoras y servidores públicos

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