Planificacion Nacional Y Regional

LA PLANIFICACIÓN NACIONAL

La planificación nacional es el proceso para la racionalización de las acciones del Estado a través de organizaciones estructuradas que articulen la interdisciplinariedad, pertinencia, oportunidad, factibilidad, así como, la utilidad e impacto social necesario para llevar adelante las transformaciones que exigen los nuevos tiempos, con una clara noción del futuro, y de los objetivos y metas a alcanzar.

Si bien está realidad nacional establece nuevas coordenadas para la acción del Estado venezolano, no es menos cierto que la Planificación ha estado sujeta a grandes y recientes cambios en su concepción metodológica, en donde, la capacidad de conducción estratégica del Estado, reside fundamentalmente, en concebir dichos procesos en sus dimensiones estratégicas, emergiendo el uso de métodos y herramientas como los escenarios, análisis socio - político de actores, entre otros, para enfrentar la complejidad, incertidumbre y el conflicto que caracteriza el entorno nacional e internacional en el cual nos desenvolvemos cotidianamente.

El Estado venezolano se enfrenta al gran desafío histórico de impulsar nuevos modelos de desarrollo económico y social que puedan abrir los caminos del progreso al conjunto de la sociedad venezolana. Para enfrentar con éxito este desafío, es necesario lograr un eficaz desempeño de las responsabilidades de planificación que compete al Estado. Como ente rector y promotor del desarrollo nacional y órgano de una más justa y equitativa distribución social de sus beneficios.

En las últimas décadas se ha venido evidenciando un debilitamiento progresivo de las capacidades rectoras del Estado venezolano para orientar el destino de la sociedad y una creciente dificultad para ejecutar en forma coordinada sus acciones. Las políticas de privatización a ultranza del sector público y los esfuerzos por minimizar el papel estratégico del Estado venezolano, desplegados con mayor vigor en la década de los 90, afectaron ampliamente los mecanismos institucionales que disponía el sector público para coordinar las políticas de desarrollo en consonancia con la idea de que el país es uno y financiar, en consecuencia, sus diferentes planes y programas.

Esta menguada capacidad institucional, para acordar y ejecutar de manera coordinada los distintos proyectos de interés público en beneficio del desarrollo integral del país, se repite como una constante en todos los ámbitos territoriales de la acción gubernamental, y se pone de manifiesto tanto en sus relaciones internas o individualmente consideradas, nacional, estatal y local, como en sus relaciones conjuntas.

En Venezuela se han elaborado nueve planes de desarrollo económico y social, sin ningún tipo de continuidad entre uno y otro. Al inicio de cada período de gobierno se cumple con el formalismo de elaborar un nuevo plan de desarrollo económico y social, cuyas orientaciones se abandonan, incluso, mucho antes de concluir el período constitucional correspondiente. No existen tampoco, orientaciones de desarrollo de más largo plazo, que en términos de un Proyecto de país, cumplan con el doble de propósito de ser un marco de referencia para orientar y dimensionar los contenidos de los planes de mediano plazo y ser marco de referencia para definir las políticas de desarrollo de largo alcance, cuya continuidad debe mantenerse por varios períodos gubernamentales, como único medio para asegurar los objetivos de cambio asociados con el país desarrollado al que todos aspiramos. Igualmente, se han formulado muchos planes de diversa naturaleza y menos jerarquía que escasamente guardan estrecha relación entre sí y no suelen estar fuertemente vinculados con las directrices de los planes de desarrollo de más largo plazo.

La vinculación de los presupuestos públicos con los planes ha sido una variable ausente en la histórica práctica presupuestaria y planificadora del sector público y sólo muy recientemente, desde 1998, se ha puesto especial énfasis para enlazar el presupuesto con plan operativo anual nacional, de donde puedan derivarse sanciones por el incumplimiento de las obligaciones o compromisos públicos contraído en los diferentes planes.

De mantenerse la situación planteada, la acción pública se distanciará cada vez más de los problemas que padecen las mayorías nacionales y no se logrará satisfacer oportunamente las distintas demandas sociales.

Para enfrentar el reto de darle al país un nuevo rumbo y alcanzar mejores estadios de bienestar económico y social, de acuerdo con las demandas de la población actual y el legado de bienestar que aspiramos dejar a las generaciones futuras, es indispensable establecer las normas y los procedimientos, de carácter político, técnico y administrativo, que hagan posible una mejor vinculación de los distintos esfuerzos que realizan los entes públicos para lograr el desarrollo nacional.

Acometer dicho reto, demanda nuevas perspectivas y caminos. Se trata entonces, de

vislumbrar aquellos que ofrecen mayor viabilidad con respecto al Proyecto de País que se debe impulsar, fomentado la articulación entre los organismos encargados de formular, ejecutar, financiar y evaluar las políticas públicas, y su integración con las diversas instancias sociales y comunales, como mecanismos de consolidación de una verdadera democracia participativa.

La Ley del Sistema Nacional de Planificación constituye un marco normativo de cumplimiento general, que pautará las formas y los mecanismos de participación de los niveles nacional, estatal y municipal para lograr que la planificación se institucionalice como un proceso estratégico, continuo, integral, participativo, democrático y de consulta abierta. Las normas y procedimientos básicos comprendidos en esta ley deben establecer los mecanismos institucionales del Estado para lograr que los recursos y acciones públicas asociados con el desarrollo integral del país, se asignen y realicen de manera planificada, coordinada y responsable y s encausen hacia los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos del nuevo proyecto de país, sustentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El nuevo marco normativo del Sistema Nacional de Planificación deberá trascender el formalismo y el ritual de producir un plan de desarrollo cada período constitucional de gobierno. Deberá establecer y fortalecer los mecanismos institucionales que hagan posible mantener la continuidad de las inversiones y demás decisiones públicas relacionadas con el desarrollo integral y sustentable del país. En sus contenidos se deberán hacer explícitas referencias a los procesos y horizontes temporales en los que acontecen las diferentes actividades de planificación del sector público venezolano, asociadas con el desarrollo

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