Almonacid

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

1. El 11 de julio de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61

de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en

adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una

demanda contra el Estado de Chile (en adelante “el Estado” o “Chile”), la cual se

*

El Juez Oliver Jackman informó al Tribunal que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar

presente en la deliberación y adopción de la presente Sentencia. La Jueza Cecilia Medina Quiroga, de

nacionalidad chilena, se excusó de participar en la deliberación y firma de la presente sentencia. 2

originó en la denuncia número 12.057, recibida en la Secretaría de la Comisión el 15

de septiembre de 1998.

2. La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte

decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías

Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la

obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la

misma, en perjuicio de los familiares del señor Luis Alfredo Almonacid Arellano.

Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado incumplió con la

obligación emanada del artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno)

de la Convención.

3. Los hechos expuestos por la Comisión en la demanda se refieren a la presunta

falta de investigación y sanción de los responsables de la ejecución extrajudicial del

señor Almonacid Arellano, a partir de la aplicación del Decreto Ley No. 2.191, ley de

amnistía, adoptada en 1978 en Chile, así como a la supuesta falta de reparación

adecuada a favor de sus familiares.

4. Además, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que, de conformidad con

el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas

de reparación indicadas en la demanda (infra párr. 139). Por último, solicitó a la Corte

que ordene al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del

caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano de

Protección de los Derechos Humanos.

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