Desapariciones forzadas en el Perú

Desapariciones forzadas en el Perú

El gobierno de Fernando Belaúnde se vio marcado por el inicio de la lucha armada contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, que acechaban, en sus inicios, la zona Sierra de país, para después expandirse a los alrededores hasta llegar a la capital y posteriormente casi a nivel nacional. Durante este periodo comenzaron a producirse las primeras desapariciones forzadas en el Perú, que fueron aumentando con el pasar de los años y en los posteriores gobiernos a causa de combatir el terrorismo.

Iniciaba el gobierno de Belaúnde en 1980, que por cierto tuvo un complicado inicio, ya que,  el Partido Comunista del Perú–Sendero Luminoso dio inicio a lo que denominaron “guerra popular”. Los constantes ataques terroristas eran un dolor de cabeza y una piedra en el zapato para el Jefe de Estado, por tal motivo se declaró en estado de emergencia las zonas en las cuales operaba Sendero, principalmente Ayacucho y sus alrededores, y se mandó a las Fuerzas Armadas (encabezadas por un Comando Político Militar) a tomar el control de dichas zonas.

La lucha contrasubversiva no respetaba los derechos humanos de las personas, cometiéndose detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, todos estos hechos quedaron evidenciadas en las denuncias que fueron aumentando con el pasar del tiempo. En los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori respectivamente la situación no cambiaría.

En todo el proceso de lucha contra el terrorismo, las Fuerzas Armadas recibían órdenes de matar y así lo hacían, sin importar género ni edad. Si con la violación de los derechos humanos uno se mortifica, pues están vulnerando los derechos a la vida y a la libertad que son fundamentales para todo persona,  con la muerte de inocentes, y sobre todo de niños, no puedo encontrar palabra que exprese esta sensación.

Dentro del marco jurídico, por haberse declarado Estado de Emergencia como bien señala nuestra Constitución en el artículo 137° inciso 1: “en esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales de la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio […]”, las Fuerzas Armadas no tenían derecho alguno de las detenciones injustificadas, por ende, se considera desaparición forzada al no dar detalle del paradero del detenido, más aún, cuando la familia pide los datos necesarios del agraviado, infringiendo el artículo 9 de la "Declaración sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada o involuntaria" (aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas), el cual obliga a la implementación de recursos eficaces para determinar el paradero de las víctimas y la autorización para ingresar a los centros de detención y el artículo 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que señala que "la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".

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