Desarrollo Compartido

Desarrollo compartido

En la década de los setenta el presidente Luís Echeverría implementó el último intento por revitalizar el estado populista. En lo económico las reformas estaban destinadas a sustituir el modelo de estabilización; el estado debía fortalecer su función de intervención para regular las desigualdades económicas y sociales derivadas del desarrollo. La realización de dichas reformas exigía la integración vertical de procesos sustitutivos de importaciones estimulando la producción de bienes de capital e intentando resolver el déficit crónico de la balanza de pagos que era una de las características inherente al modelo. Este modelo se denominó "Desarrollo Compartido" y la pretensión era que mediante un gasto público enorme y creciente se alcanzara una mayor justicia social.

Entre 1971 y 1981 la economía mexicana creció a una tasa media anual de 6.7% en términos reales y 3.7% por habitante. El motor del crecimiento fue, primero, el déficit fiscal elevado y después el auge petrolero. El sector agropecuario continuó perdiendo importancia en la producción nacional. La industria creció ligeramente y su participación ganó dos puntos porcentuales. El sector primario perdió a través del secundario.

El desarrollo estabilizador llegó a la década de los setenta imponentes. Crecimiento alto y poca inflación. Para 1970, el gasto público comenzaba a crecer aceleradamente en comparación a los ingresos. Así, a pesar de las políticas proteccionistas y el tipo de cambio fijo, la demanda de importaciones aumentó gradualmente hasta ocupar 9.7%del PIB mientras las exportaciones lo hacían en 7.7%, la balanza externa necesitaba un ajuste.

En 1971 el país entraba en recesión. Se resquebrajó el sistema monetario de Estados Unidos y era el momento adecuado para la libre flotación del peso, lamentablemente se dejó pasar esa oportunidad por temores inflacionarios. El PIB dejaba aquellas tasas de crecimiento espectacular. La posibilidad de revueltas sociales por los problemas políticos y ahora por la situación económica estaba latente; había que virar la política económica usada.

El presupuesto público creció como nunca con la esperanza de revitalizar la economía. El destino fue gasto de capital pero sobre todo, gasto corriente. Se observaron altas tasas de crecimiento en el gasto gubernamental, de 21% en 1972, y en la cantidad de dinero en circulación. Estas reformas se aplicaron cuando la economía había recuperado ya el desempeño ascendente, de esta manera muchos indicadores no se vieron alterados. La inflación fue de 3% y el PIB aumentó 8%.

Los programas que se adoptaron cubrían una enorme gama de actividades. Existía, por ejemplo, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. Estos proyectos fantásticos y, como se puede suponer, de completa inutilidad, costaban grandes cantidades al erario. Si se suman los recursos desperdiciados en comisiones, institutos, secretarías de estado, empresas paraestatales y programas fallidos que emprendió la banca de desarrollo, se llega a la debacle financiera con la que cerró el sexenio de Echeverría. La ingeniería social manejada por la burocracia es una forma sumamente ineficaz de atacar cualquier problema social, particularmente la pobreza. Las instancias que han fracasado son muchísimas y todas ellas han conllevado un elevado costo para la sociedad.

En 1973 se pensó en reformar la estructura especial, era lo adecuado, pero la iniciativa privada se opuso tajantemente y no se concretó. Ese año las inversiones públicas crecieron más de 33% y el gasto lo hizo en 23%. La estrategia de expansión monetaria se repensó y aumentó el encaje legal, se necesitarían entonces créditos externos. Los siguientes años el PIB creció cada vez menos, en comparación con el año inmediato anterior, la balanza de pagos siguió deteriorándose, la inflación aumentaba.

Las transformaciones referentes al sector externo serían muy poco diferentes a las anteriores. En 1971 fue creado el Banco de México destinado a constituirse en el soporte de las industrias exportadoras. Ya desde los años sesenta se habían tomado medidas económicas liberalizadoras tales como el Pacto Automotriz que tenía un carácter regional (General Motors, Ford y Chrysler) y el Programa de Industrialización Fronteriza que transformó a los Estados más próximos a EEUU en zonas de libre comercio destinadas a las exportaciones representadas preferentemente por las industrias. Ello era fortalecido por el rol central de estado. La apertura económica de los estados fronterizos para el comercio y la inversión externa representó una ruptura y el inicio del fin de la adhesión de México a los principios del modelo de sustitución de importaciones. La nueva liberalización significó la extensión al país del programa de las industrias maquiladoras que desde la década de los sesenta había estimulado el desarrollo de la manufactura de enclave para la exportación. A pesar de todo esto, el tipo de cambio se sobrevaluó 50% entre 1970 y 1975. Continuaron las importaciones y las exportaciones seguían aletargadas, incluso con incentivos fiscales. El empeoramiento de la balanza comercial originó que desde 1974 se establecieran controles adicionales a las importaciones, para 1975 todo necesitaba permiso de importación.

La sobrevaluación y las tasas de interés negativas producirían tarde o temprano un ajuste cambiario.

El problema de la política económica, según Leopoldo Solís, que desencadenó la crisis de 1976 fue la incompatibilidad entre el número de objetivos y el número de instrumentos de política planteados desde un inicio. Mientras que en el desarrollo estabilizador se contaba con tres objetivos de política económica (crecimiento económico, estabilidad de precios y estabilidad en la balanza de pagos -tipo de cambio fijo-) y tres instrumentos (nivel de gasto público, controles monetarios y endeudamiento externo) durante el desarrollo compartido la presidencia agregó la distribución del ingreso sin contraparte como instrumento. Más allá de observaciones tan puntuales, el problema era estructural.

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