DESARROLLO COMPARTIDO

DESARROLLO COMPARTIDO

Ante el aumento del subempleo, el desempleo y la pobreza que había tenido lugar durante el “desarrollo estabilizador”, desde el primer momento de su gobierno Echeverría invocó abierta y explícitamente una etapa de “desarrollo compartido”.

El acelerado crecimiento demográfico experimentado durante la década de los sesenta, y que alcanzó su cúspide en la década de los setenta, se tradujo en más necesidades de educación, de salud, de vivienda y, sobre todo, de empleo, que sólo se podían satisfacer mediante el aumento de los gastos públicos, incluido el gasto social, a fin de lograr el tan ansiado “desarrollo compartido” echeverrista; o sea, la doble meta keynesiana del pleno empleo y la equidad distributiva.

La carencia de hospitales, de escuelas, de vivienda para los trabajadores y, sobre todo, la pronunciada desigualdad en la distribución del ingreso, llevaría al presidente Echeverría a proponer una etapa de “desarrollo compartido”, es decir, a la combinación de un alto crecimiento económico (para abatir el subempleo y el desempleo) con reparto equitativo del ingreso (a fin de abatir la pobreza, consecuencia de un reparto sumamente desigual del ingreso que había tenido lugar durante el “desarrollo estabilizador”).

Resultaba claro, en consecuencia, que el “desarrollo estabilizador” estaba completamente agotado y que era necesario inaugurar un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

De esa manera, y después de que en 1971 el gobierno de Echeverría observara una política de restricción del gasto a fin de frenar la inflación (que para 1970 fue de 4.5 por ciento con respecto al año anterior medida por el índice de precios del PIB) y disminuir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (que para 1970 alcanzó los 945.9 millones de dólares), “en 1972 se tomó la decisión de aumentar los gastos públicos para expandir la producción, disminuir el desempleo y mejorar la distribución del ingreso…”.

No obstante, este aumento de los gastos públicos, al no ser correspondidos por aumentos en la recaudación tributaria y en los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, degradó fuertemente la situación financiera del gobierno: el déficit del sector público brincó de 10 mil 679.3 millones de pesos en 1971 (2.3 por ciento como proporción del PIB) a 20 mil 39.1 millones de pesos en 1972 (3.9 por ciento como proporción del PIB), hasta casi alcanzar los 100 mil millones de pesos en 1976 (8.0 por ciento como proporción del PIB). ¡En tan sólo seis años, el déficit del sector público se multiplicó por 9.3 veces!

Y lo más importante, es que el déficit fiscal se financió en parte con emisión monetaria (la masa monetaria creció a una tasa promedio interanual del 18.2 por ciento durante 1971-1975) y en parte con endeudamiento interno (que aportó el 59 por ciento del financiamiento total) y externo (que proporcionó el 41 por ciento restante de los faltantes públicos durante 1970-1975), de manera tal que esta forma de financiamiento comenzó a desplegar su dialéctica desequilibrante: la reactivación del crecimiento económico a partir de 1972 se acompañó de una aceleración particularmente importante de la inflación y de un aumento significativo del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, este último producto en parte de la sobrevaluación del peso a

que condujo una inflación doméstica claramente mayor a la del principal socio comercial del país: los Estados Unidos de América. En tanto que el pago de intereses de la deuda pública que se estaba contratando agravaría aún más el déficit fiscal del gobierno. La administración echeverrista estaba comprometiendo todavía más la situación financiera del país.

En el fondo, el deterioro del sector externo (déficit en cuenta corriente en aumento) obedecía a la incapacidad de las exportaciones para crecer al mismo ritmo del ingreso nacional y de las importaciones de bienes intermedios y de capital que requería la tercera y última fase del proceso de industrialización por la que atravesaba la economía mexicana en esos momentos. Conforme se recuperó el crecimiento económico a partir de 1972, las importaciones aumentaron más deprisa que las exportaciones conduciendo al aumento del déficit en cuenta corriente y, por consiguiente, al correspondiente aumento de la deuda externa para financiarlo.

En consecuencia, la deuda pública externa, contratada para financiar tanto el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos como el déficit fiscal del gobierno, se incrementó de manera notable durante 1971-1976: de un nivel de 4 mil 545.8 millones de dólares en 1971 (11.6 por ciento como proporción del PIB), se ubicó en 19 mil 600.2 en 1976 (22.4 por ciento como proporción del PIB). ¡En seis años, la deuda pública externa se multiplicó por 4.3 veces!

Sin embargo, y pese al enorme aumento de los gastos públicos, del déficit fiscal del gobierno y del endeudamiento interno y externo, el crecimiento económico resultó bastante moderado: 5.0 por ciento en promedio anual medido por el PIB a precios de 1960, a todas luces insuficiente para solucionar el problema del subempleo y desempleo heredado del “desarrollo estabilizador”. Más que acercarse la economía al pleno empleo se alejó.¿Qué factores, sin embargo, explican este crecimiento económico tan moderado a pesar de la enorme expansión de los gastos públicos? Básicamente se distinguen los siguientes:

Primero: el periodo 1971-1976 se caracterizó por una fuerte yuxtaposición entre dos orientaciones diferentes de la política económica: la del gobierno, que intentaba romper con el pasado del desarrollo estabilizador y dinamizar la economía gracias a una política keynesiana expansiva que alentara la producción y el empleo, y la del Banco de México, de inspiración friedmaniana y que intentaba oponerse a la política gubernamental gracias a medidas de restricción monetaria y del crédito. En consecuencia, la política monetaria y del crédito restrictiva del Banco de México, contraria a la política de finanzas públicas expansivas del gobierno, llevó a la economía mexicana a una situación de freno y arranque con graves consecuencias a nivel económico y social.

Segundo: en la medida en que el gobierno aumentó el gasto público disminuyó la inversión del sector privado (el famoso efecto crowding-out o expulsión del tradicional libro de texto de macroeconomía), sobre todo de la pequeña y mediana empresa. Al colocar parte de los valores gubernamentales en la banca comercial para financiar su déficit presupuestal, el gobierno mermó recursos para financiar proyectos de inversión de las empresas privadas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas ya que las grandes pudieron recurrir

...