Exclusion Social

INTRODUCCIÓN

La exclusión social se define y manifiesta como un proceso de expulsión temporal o permanente del ámbito normal de vida, colocando a la población afectada en el riesgo de asumir condiciones precarias o de desventaja con relación a la situación de otro individuo o colectivo social, o con relación a un bien o servicio o respecto a una condición determinada, llegando incluso a afrontar algunas veces lo inhumano y la trasgresión al derecho a una vida digna, buena y plena.

También se asocia con las distintas formas de discriminación económica, social, cultural y política que se afronta en diversos escenarios y condiciones determinadas, permeadas por la desigualdad, las diferencias, la pobreza, la vulnerabilidad, la ideología o situación de desventaja.

Otro término relacionado con la exclusión es la vulnerabilidad entendida como las características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural, implicando una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien queda en riesgo por un evento distinto e identificable de la naturaleza o de la sociedad.

En ese sentido, el presente trabajo aborda diversos grupos de personas que se consideran excluidas socialmente y vulnerables. Estos son: los privados(as) y exprivados(as) de libertad, los enfermos(as) infecto-contagiosos, las y los trabajadores domésticos, choferes, obreros y conserjes.

Hombres y Mujeres Privados y Exprivados de Libertad

El tema carcelario no es un problema aislado ni de pertenencia a un determinado grupo. Sin ánimo de justificar, es una deuda social que tiene el Estado principalmente con las clases menos favorecidas, ya que han sido ellas las que han sufrido las consecuencias de las profundas desigualdades, y esto, sin lugar a dudas, las ha llevado a un círculo vicioso, yendo a parar a recintos carcelarios que no contribuyen de modo alguno a la rehabilitación del individuo, sino que, por el contrario, lo predispone de manera negativa ante la sociedad.

El crítico panorama de la situación carcelaria del país hace que los más de 21 mil internos luchen por sobrevivir en el hacinamiento, con la violación constante al debido proceso, el ocio, la violencia y la extorsión dentro de los penales. Según cifras suministradas por la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso del MIJ, para mayo de 2008, la población penal en Venezuela era de 21.483 personas privadas de libertad, distribuidas en los 30 centros de reclusión que tienen capacidad para 10 mil.

Hay quienes dicen que lo grave no es el delito, sino la pena. Existe una cadena de irregularidades con base en los problemas identificados por los propios reclusos por lo que ellos exigen ser debidamente procesados porque esa irregularidad jurídica produce un clima de incertidumbre, una situación de tensión dentro del penal que de alguna manera se convierte en un activador de la violencia interna, y a medida que no sean debidamente procesados se suscita más hacinamiento, lo cual genera ocio y a la vez violencia.

Por eso, ésta no puede ser vista como una causa, sino como un efecto que tiene que ver con las condiciones de vida de los internos. Carlos Molina, Coordinador de Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo, y al frente del programa Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos, explica que la violación de los derechos humanos no es un problema técnico, ni de leyes, sino un problema social y político. Sabemos que hay sectores más vulnerables que otros, y son básicamente los sectores popularesy agrega que casi 98% de los que pagan condena son de los sectores populares, independientemente de que sean culpables o no.

En cuanto a los hombres y mujeresex privados de libertad, Gómez Grillo señala que la verdadera pena comienza cuando el hombre o la mujer salen de la cárcel y la mayor preocupación es que muchos salen pero, a los pocos meses, vuelven o los matan afuera. Esto es debido a que en la calle no le brindan oportunidad a estas personas, las empresas cierran sus puertas porque es un ex presidiario, la familia y la sociedad se cierra y el hombre o mujer, aunque tenga las ganas, llega a casa y la realidad es otra.

Son pocos los esfuerzos públicos que se hacen para darles oportunidades a esta población una vez que se encuentran disfrutando de su libertad. Por ello, vale la pena mencionar lo que puso en práctica, en la ciudad de Barquisimeto, donde se celebró el Primer Congreso Regional de Educación Penitenciaria del Estado Lara, el cual tuvo como sede la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y el Instituto Universitario Jesús Obrero. Este evento se desplegó como una iniciativa de distintos sectores de la Comunidad Larense, los cuales presentan un escenario de encuentro para construir una propuesta educativa en el ámbito penitenciario de la Cárcel deUribana que contribuya con la reinserción a la sociedad de los hombres y mujeres ex privados de libertad.

Enfermos infectocontagiosos

Los adolescentes son vulnerables a adquirir ITS y VIH/SIDA por factores de riesgo como desconocimiento, sexo temprano, drogadicción, desigualdad social y de género y mitos. Las ITS más comunes son gonorrea, sífilis, VPH, VHS y tricomonosis; todas son transmitidas por vía sexual sin embargo, tricomonosisy sífilis se pueden adquirir por otras vías de contacto. Hay que señalar que se muestran avances relativos a reivindicaciones de las personas que viven con VIH/SIDA, que permiten avizorar cambios en las acciones gubernamentales en cuanto a la epidemia, pero también es cierta la situación de las PVVIH, en cuanto a garantías y derechos, tales como: libertad, seguridad personal, vida privada, salud en general, trabajo, información, continua llena de inequidades e injusticias.

Sin duda alguna, uno de los aspectos más preocupantes respecto al SIDA es la falta de información y proliferación de conceptos erróneos, que en muchas ocasiones conducen a actitudes destructivas como la discriminación y la violación de los derechos humanos de las personas afectadas, así como el surgimiento de prejuicios o temores infundados.

El Estado venezolano en un esfuerzo por ocuparse de la situación de exclusión de los enfermos infecto-contagiosos señala en la Carta Magna, en su artículo 83, lo relativo a la salud como parte del derecho a la vida, un derecho social fundamental y, por tanto, obligación del Estado, el cual debe promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.

En continuidad con esto, el artículo 84 exige la creación de un Sistema

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