Historia Argentina 1983-1989

1983 1989

Alfonsín asumió el poder el 10-12-1983

En ese entonces el sindicalismo reforma su perfil y su estrategia , el peronismo vivía una crisis interna buscando y reformulando su definición ideológica y perfil. El radicalismo ganó las elecciones por una abultada diferencia. El radicalismo era fuerte en el terreno político pero contaba con escaso apoyo de los poderes

corporativos, si bién tenía mayoría en la cámara de diputados no tenía mayoría en la cámara de senadores.

Civilidad: la ejecución de un Estado de derecho donde los poderes corporativos debían someterse al bién común de la sociedad o del pueblo "democrático" en defensa de sus derechos que era superior a cualquier interés: "con la democracia se come, se vive, se educa etc;"

Política exterior: (buena imagen del presidente en el mundo por su tendencias democráticas)

acuerdo bilateral con chile por el canal de Beagle

comienzo de negociación (sin resultado concreto) por la islas Malvinas con Gran Bretaña y desarrollo de relaciones económicas

formación de una Asociación de Acreedores Latinoamericanos

mediación en el conflicto de Nicaragua

buena relación política con EEUU

Política interior:

eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de la representación ciudadana

importancia de la política cultural y educativa para remover el autoritarismo en las instituciones

alfabetización-discusión de contenidos y formas

abolición de censura y libertad de expresión

volvieron los mejores intelectuales y científicos cuya migración comenzó en 1966

se reconstruyeron las bases de la excelencia Académica

los intelectuales se incorporaron a la política

clima tenso con la iglesia por la ley de divorcio y permitir la enseñanza privada

Militares y sindicales: en abril de 1985 comenzó el juicio público a los ex-comandantes en tribunales civiles. El juicio reveló todas las atrocidades cometidas en los años de represión, a fin de año se condenaron a los ex-comandantes alegando que no hubo guerra que justificara su acción. La justicia ARgentina distingió responsabilidades y dispuso continuar su acción penal contra los demás responsables de las operaciones. Esto permitió que quedara abierto el debate entre la institución militar y la sociedad.

La Justicia siguió activa, dando curso a las múltiple a las múltiples denuncias en contra oficiales de distinta graduación, citándolos y encausándolos. La convulsión interna de las Fuerzas Armadas, y muy especialmente la del Ejército tuvo un nuevo eje: ya no se trataba tanto de la reivindicación global como de la situación de los citados por los jueces, oficiales de menor graduación que no se consideraban los responsables sino los ejecutores de lo imputado. El gobierno, por su parte, inició un largo y desgastante intento de acotar y poner límites a la acción judicial, para así contener ese clima de fronda que fermentaba en los cuarteles, alimentado por una solidaridad horizontal que desbordaba la estructura jerárquica. Se trataba de una decisión política, ni ética ni jurídica basada en un cálculo de fuerzas que demostró ser bastante ajustado materializada sucesivamente en las leyes llamadas de Punto Final y de Obediencia Debida. La primera, sancionada a fines de 1985, ponía un límite temporal de 2 meses a las citaciones judiciales, pasado el cual ya no habría otras nuevas. Nadie acompañó al gobierno en la sanción de esta ley: la derecha, peronista y liberal, por ser partidarios de una amnistía completa; los sectores progresistas incluyendo al peronismo renovador, por non cargar con los costos políticos. Estos fueron altos, y sus resultados terminaron siendo contraproducentes sólo se logró un alud de citaciones judiciales y lejos de agilizar el problema lo agudizaron.

En ese contexto se llegó al episodio de Semana Santa de 1987 Un grupo de oficiales, encabezado por el teniente coronel Aldo Rico, se acuerteló en campo de Mayo, exigiendo una solución política a la cuestión de las citaciones y en general, una reconsideración de la conducta del Ejército a su juicio injustamente condenado. No se trataba de los típicos levantamientos de los años 50 o 60 , pues los oficiales amotinados no cuestionaban el orden constitucional sino que le pedían al gobierno que solucionara el problema de un grupo de oficiales. Tampoco tuvieron, a diferencias de todos aquellos

levantamientos anteriores, el respaldo de sectores de la sociedad civil normalmente eran los motores de los golpes.

Frente a ellos la reacción de la sociedad civil fue unánime y masiva. Todos los partidos políticos y todas las organizaciones de la sociedad -patronales sindicales, culturales, civiles de todo tipo- manifestaron activamente su apoyo al orden institucional, firmaron un Acta de Compromiso Democrático -que incluía desde las organizaciones empresarias a los dirigentes de izquierda- y rodearon al gobierno. La reacción masiva e instantánea permitió evitar deserciones o ambigüedades, y cortó toda posibilidad de apoyo civil a los amontinados. El gobierno sostuvo que haría lo que ya había decidido hacer -lo que sería la ley de Obediencia Debida que exculpaba masivamente a los subordinados- y los amotinados no impusieron ninguna condición y aceptaron la responsabilidad de su acción. A todos apareció como una claudicación, en parte porque así lo presentaron tanto los "carapintadas" amotinados como la oposición política,que no quiso asumir ninguna responsabilidad en el acuerdo. La sociedad temía por la Amnístia a los militares y no favoreció con su silencio a estos nunca más.

El plan Austral:

en el principio la crisis dislumbraba

Fuerte inflación

Incapacidad de negociación con los sindicatos

Deuda Externa elevada

Déficit fiscal

Empresarios con poca voluntad de inversión

Subvención excesiva de grupos empresarios que absorvían en créditos y subsidios los recursos del Estado

Baja Recaudación

Mala distribución del ingreso

Puja entre sindicales y empresarios

Deterioro del sistema productivo e incapacidad para absorver "la demanda"

El nuevo gobierno y muchos que lo acompañaron consideraron prioritario no crear divisiones en la civilidad. si esas reformas debían tener un sentido democrático, equitativo y justo, sólo serían viables con un poder estatal fuerte y sólidamente respaldado. el primer año del gobierno radical, la política económica, orientada por el ministro Grinspun, se ajustó a las fórmulas

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