Informe Trujillo

Para comprender el caso de la masacre de Trujillo es importante reconocer el omnipresente entorno de impunidad en el que se centra esta tragedia. Trece años después de que el Presidente Ernesto Samper aceptara responsabilidad por el papel desempeñado por el Estado en las matanzas de Trujillo, y a 18 años de los asesinatos, aún no hay un solo autor responsable sentenciado por vínculos con este caso.

A principios de este mes, en un informe especial sobre los asesinatos en Trujillo recopilado por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) establecido bajo el la Ley de Justicia y Paz se encontró que no había el más insignificante síntoma de impotencia estatal o falta de recursos. “Al contrario”, escribe Gonzalo Sánchez, el director del Grupo:

“hace parte de la lógica que se rodea y/o determina estos crímenes.” Es precisamente esta impunidad la que brinda todas las garantías para que los crímenes sigan siendo cometidos, para que los victimarios puedan seguir actuando, para que los responsables no sean castigados.”

Cada vez que Colombia vuelve a revisar esta “tragedia que no cesa,” el país se encuentra frente a la posibilidad de que ésta será otra investigación más y nadie saldrá condenado.

La violencia política actual y los antecedentes de impunidad que rodean este caso realzan la importancia de brindar acceso a una amplia selección de datos e información para los grupos investigadores de crímenes contra los derechos humanos provenientes de organizaciones internacionales, cortes y grupos de apoyo. Curiosamente, una rica fuente con suficiente información sobre el problema de la impunidad en Colombia resulta ser uno de sus más cercanos aliados: el gobierno de Estados Unidos. Los registros y antecedentes sobre el asunto de derechos humanos en Colombia han permanecido en los radares de diplomáticos estadounidenses y oficiales de inteligencia por más de 30 años—específicamente los casos vinculados al entrenamiento y apoyo provisto por los Estados Unidos. Gracias a cientos de peticiones cobijadas bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitadas por el National Security Archive localizada en Washington, D.C., muchos de estos documentos considerados anteriormente como secretos se encuentran desclasificados. Estos documentos nos revelan qué dijeron tras bambalinas los funcionarios estadounidenses sobre su aliado andino y si creían que los líderes militares y civiles de Colombia tenían la verdadera intención de hacer justicia en el caso Trujillo y en otros.

A mediados de los años 90, la creciente protesta sobre el estado de los derechos humanos en Colombia conllevó a que los EE.UU. fueran más precavidos en brindar apoyo a las unidades y oficiales de las fuerzas armadas colombianas. Informes con alto nivel de credibilidad se enfocaron explícitamente en los abusos cometidos por las unidades militares y oficiales respaldados por los Estados Unidos. Tal acontecimiento complicó las relaciones entre los EE.UU. y Colombia en temas de seguridad, especialmente cuando prácticamente ni existían procesos judiciales al respecto.

Para los Estados Unidos, Trujillo sería una prueba importante para el pronunciado compromiso hecho por el Presidente Samper de mejorar los antecedentes de derechos humanos en Colombia, al igual que su promesa de deshacer los vínculos entre militares y paramilitares. Sin embargo, la simple admisión de que el Estado tomó parte en los hechos no sería suficiente, ya que el gobierno de Clinton quería ver resultados contundentes sobre el caso, incluso de los procesos judiciales de los responsables.

Entre los principales responsables se encontraba el Mayor Alirio Urueña, un oficial de la Tercera Brigada, quien aparte de tener conexiones con los paramilitares y narcotraficantes detrás de los acontecimientos de Trujillo entonces, fue mencionado en un cable de la embajada norteamericana donde se señaló que Urueña “recibió entrenamiento auspiciado por el USG [Gobierno de los Estados Unidos] en dos ocasiones”: en 1976, en la “Orientación de Cadetes en la Escuela de las Américas,” y en “un curso para ser oficial de inteligencia, patrocinado por la Agencia de Defensa e Inteligencia [DIA]” en diciembre de1988 y enero de 1989; aproximadamente un año antes de que se iniciaran los asesinatos que los implicaban.

La mera brutalidad con la que se ejecutaron los asesinatos provocaron un aire de incomodidad entre la conexión de Estados Unidos con Urueña. La Embajada citó evidencias contundentes sobre Urueña, quien “personalmente dirigió la tortura de 11 detenidos y su posterior ejecución,” de acuerdo con un cable. Los testigos claves en el caso, un informante civil del Ejército quien participó en los asesinatos, afirmó que las matanzas “se llevaron a cabo cercenando las extremidades/miembros y cabezas de las víctimas, todavía en vida, con una motosierra.” Su testimonio, según la Embajada, fue corroborado “por más de una docena de testigos.” [sem-19900727.pdf]. Tal vez aún mas preocupante es el caso que vincula al Mayor Urueña con el grupo narcoparamilitar encabezado por los cabecillas paramilitares Diego Montoya y Henry Loaiza, (ambos se encuentran

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