Ley Para La Reforma Política De 1976

LA LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA DE 1976.

Tras la muerte del General Franco y la proclamación de D. Juan Carlos de Borbón como Rey de España, se inicia el proceso de transición hacia la Democracia Española.

La incompatibilidad política y personal entre el Rey y el presidente del Gobierno, Arias Navarro, procedente del Régimen Anterior dio lugar a la dimisión de éste último a comienzos de verano de 1976.

Ante esta situación el Rey debió de eligir entre una terna (tres candidatos) propuestos por el Consejo del Reino, para nombrar un nuevo presidente de gobierno.

Es de destacar tres posturas políticas constituidas en estos momentos de transición. Los inmovilistas (franquistas) que pretendían retornar al régimen anterior, los rupturistas que abogaban por la creación de un gobierno provisional y una constitución, y los reformistas que proyectaban la transición a un régimen democrático, mediante reformas y sin violencia. El nombramiento, el 3 de julio de 1976, de Adolfo Suárez como presidente de gobierno significó el triunfo de esta postura moderada.

Da toda la sensación de que si Suárez fue elegido como presidente en este preciso momento la razón fue que tenía unas características óptimas para presentar una ley de reforma política y, sobre todo, lograr su aprobación en las Cortes. Adolfo Suárez había hecho su carrera política muy vinculado al Movimiento Nacional, en el que tenía las suficientes simpatías para garantizarles los apoyos oportunos.

Desde un principio demostró una capacidad indudable para enfrentarse a la casi imposible tarea de la transición de un régimen dictatorial a una democracia. Por supuesto, Adolfo Suárez tenía una idea mucho más clara de qué debía ser la reforma política y como podía conseguirse que su antecesor Carlos Arias Navarro.

El planteamiento de Suárez fue radicalmente diferente, puesto que anunció ante la opinión pública la apertura de un gran debate nacional destinado a acomodar las leyes a la realidad del país. El propósito era “dar la palabra” al pueblo español para resolver el problema del régimen político, sin el cual ninguno de los restantes problemas nacionales tendría verdaderamente solución. Se trataba de una ley para la reforma política, en el sentido de que facilitaba la transición, pero no creaba un marco rígido para la misma.

La ley de Reforma Política se iniciaba con una afirmación de realismo que caracterizó a toda la transición hacia la democracia. La democracia, de acuerdo con dicha ley, no podía ser improvisada, sino que debía partir de la realidad social existente y de la historia asumida. Frente a los anteriores intentos de describir e institucionalizar en el propio texto de la Ley el sistema legal y constitucional que habría de regir en el futuro a España, la Ley de Reforma Política de Adolfo Suárez partía de una situación transicional. La propia mayoría popular pedía constituirse en instancia decisoria de la misma reforma, porque sólo de esa manera, cuando el pueblo haya otorgado libremente su mandato a sus representantes, podrá acometerse democráticamente y con posibilidades de estabilidad y futuro la solución de los más importantes temas nacionales, como son la institucionalización de las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la unidad del Reino y del Estado; el sistema de relaciones entre el Gobierno y las Cámaras legislativas; la más profunda y definitiva reforma sindical o la creación y funcionamiento de un órgano jurisdiccional sobre temas constitucionales o electorales.

Desde el punto de vista jurídico, La Ley de Reforma Política puede ser definida como “La octava ley fundamental del régimen”, cuya consecuencia final era la autodestrucción del mismo; en ese sentido podía decirse que al afectar de forma esencial a los fundamentos básicos del régimen anterior, la Ley de Reforma Política tenía como consecuencia una efectiva ruptura.

En teoría esta Ley tenía numerosísimas lagunas y defectos; no se hacia alusión alguna a la institución monárquica ni a la responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento, pues estas cuestiones quedaban desviadas a las nuevas Cortes elegidas de acuerdo con lo preceptuado por la propia Ley. Lo fundamental de la Ley de Reforma Política era precisamente la convocatoria de estas elecciones y la configuración de un marco legal para realizarlas.

En la Ley, sin embargo aparecen absolutamente manifestados los principios democráticos. La afirmación, en su preámbulo, de la soberanía popular y la aceptación de los derechos humanos en unos de sus primeros artículos, constituían una prueba suficiente, pero, además, se expresa también que las fuerzas políticas deben aceptar que su autentico peso no es otro que el derivado del número de ciudadanos que las apoyen a

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