Políticas Sociales

ESTADO PROTECTOR EN CHILE

En relación a ciertas fases en las cuales pueden enmarcarse las políticas sociales chilenas, una primera se visualiza desde fines del siglo pasado hasta la década de 1930, particularmente signada en 1931 con la dictación del Código del Trabajo. Es la fase correspondiente a enfrentar por parte del Estado y las élites diligénciales de la época «la cuestión social», como una forma de dotar a los obreros de mejores condiciones de relacionamiento con sus patrones, en materias laborales de remuneraciones, contratos de trabajo, horarios y descansos, trabajo infantil y de las mujeres, condiciones de seguridad, y también algunas prestaciones sociales como vivienda, y otras leyes de carácter social. En ese contexto, algunos problemas sociales «dejan de ser vistos como asuntos de caridad y pasan a ser considerados cuestiones de justicia» (Arellano, 1985:28).

Esta fase define al Estado en su rol de Estado Protector de las clases trabajadoras y proletarias, dejando la constancia del supuesto de la relación desigual entre los representantes del capital y los del trabajo.

ESTADO PROTECTOR EN PERU

El protectorado del Perú surge luego de la proclamación de la independencia de este mismo, en la ex capital del virreinato de Perú, lima el 28 de julio de 1821 cuando el general José de san Martin asumió libre el mando político militar de los departamentos libres del Perú, bajo el titulo de protector a decir el decreto del 3 de agosto de 1821 el Perú había sido dividido en dos partes militar y administrativo.

Lima, norte y un sector del centro del país estaban en manos de los patriotas. La sierra sur el centro y el cusco estaban en manos de realistas, luego el titulo de protector fue cambiado por el de protector de la libertad del Perú.

ESTADO BENEFACTOR EN CHILE

Un segundo período, denominado como del Estado Benefactor, en alusión a la expansión de los grupos medios de la sociedad chilena (más o menos entre 1932 y 1955), donde la fase anterior de la «cuestión social» favoreció fundamentalmente a la clase obrera; durante esta etapa, los grandes beneficiados serían los sectores medios que comienzan a configurarse como un sector social con amplia capacidad de negociación y presión hacia las esferas del Estado (Arellano, 1985).

Corresponde al proceso de industrialización en lo económico, y a la democratización del país en lo político; donde el Estado:

«Promovió el desarrollo industrial y creó las condiciones e instituciones necesarias para ello (entre ellas, la CORFO en 1939), lo que implicó a su vez un importante proceso de urbanización: la industrialización y la urbanización del país fueron acompañadas de fuertes procesos de integración y de democratización social y política» (Martínez y Palacios, 1996:181)

Amplificación significativa de la cobertura educacional, tanto primaria, secundaria y universitaria y:

<< se destaca durante este periodo en términos de estructura social , un importante auge de la clase media , la que se conformo con los significativos contingentes de profesionales egresados de la “expandida” educación superior y los empleados de la creciente burocracia estatal y privada del país>> (Martínez y Palacios, 1996:181).

ESTADO BENEFACTOR EN LA ARGENTINA

El Estado benefactor en la Argentina se caracterizó desde la posguerra por la regulación del mercado, el compromiso social capital-trabajo, la intervención estatal en la reproducción social y la garantía de derechos sociales. Si bien, con intermitencias, debido a los continuos cambios de régimen, sus rasgos más notables fueron: el énfasis en el empleo público, el desarrollo industrial y la autonomía económica nacional. A diferencia del Estado de bienestar de los países centrales –caracterizado por el impulso de planes sociales con coberturas de carácter universalista– la naturaleza de la intervención estatal estuvo dada aquí por su incidencia en la reproducción de la fuerza de trabajo, mejoramiento de la infraestructura, promoción del empleo y el desarrollo.

Alberto Minujín señaló que: En efecto, el “Estado de bienestar”, sólo parcialmente llega a implantarse en la Argentina, dejando importantes áreas sociales y grupos de población sin cubrir. La presencia parcial, desarticulada, ineficiente y burocrática del sector público, dio pie a un cuestionamiento global de la legitimidad de su accionar. De este cuestionamiento se pasa a una política de desarticulación explícita. Es decir, no se trata de mejorar su accionar para que cumpla con efectividad y eficiencia su papel redistributivo y garante de equidad y

Universalidad de los derechos y necesidades básicas de la población, sino de eliminarlo.

Sin embargo, en la Argentina, el aumento del salario real, la mejora en la distribución del ingreso y la generación de empleo fueron una constante hasta mediados de la década de los setenta. En este período, el modelo de desarrollo hacia adentro cuyos motores de crecimiento eran la inversión y el consumo interno se caracterizaba por su capacidad de generar empleos con tasas de desocupación bajas. Posteriormente entramos en los años ochenta, llamados por muchos economistas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), década perdida. Esto ocurre por las caídas del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), por problemas de pagos de deuda externa, y por otros factores que generan en la última década del siglo XX, alto crecimiento de la informalidad en la economía, con problemas de estabilidad de empleo y una clara divisoria entre ricos y pobres.

ESTADO BENEFACTOR SUECO

A fines de la década de los setenta comenzó a surgir una suerte de consenso, de “sentido común”, sobre el agotamiento del modelo de Estado de Bienestar. Durante el período de mayor expansión económica del capitalismo, el Estado de bienestar había expresado una modalidad de articulación que, según Habermas(1975), había logrado exitosamente “reconciliar la tensión entre economía capitalista y organización democrática”, articulación que se expresaba en una suerte de pacto en el que el bienestar social y el pleno empleo eran la contrapartida de la paz social, la legitimación de un orden establecido.10

La crisis mundial que se desató a comienzos de la década de los setenta planteó la necesidad de una importante reestructuración de las economías nacionales, y no precisamente en sintonía con el modelo de Estado vigente hasta entonces. La idea de la ineficiencia y del alto costo del Estado de bienestar fue madurando hasta imponerse prácticamente

...