Reforma Educativa

Para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga

los principios establecidos por la norma constitucional, resulta imprescindible la

calidad educativa. Ésta existe en la medida en que los educandos adquieren

conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas con

respecto a los fines y principios establecidos en la Ley Fundamental. Así como en

la medida en que las niñas y niños tengan una alimentación suficiente, conforme a

los estándares internacionales de nutrición sana, y garantía de acceso a la salud;

e igualmente se cuente con los nuevos instrumentos del desarrollo científico y

tecnológico para su formación.

Si la educación es política de Estado, la calidad de los procesos educativos

requiere de los esfuerzos a los que están obligados sus actores: poderes públicos,

órganos de gobierno, autoridades, instituciones, maestros, organizaciones

gremiales, expertos, padres de familia y la sociedad en su conjunto.

La norma constitucional que en sí misma entraña una decisión política

fundamental, una política del Estado y un proyecto de vida comunitaria, exige su

realización cabal. No son susceptibles de ser disminuidos los principios, los fines,

la calidad, ni las aspiraciones de una Nación.Si bien debe ser una constante la calidad de la educación que se brinda a la niñez

y a la juventud, el Estado debe tutelar, de manera prioritaria, a quienes por

razones diversas no han sido plenamente incluidos en el Sistema Educativo

Nacional o se encuentran francamente marginados. El imperativo de la calidad

debe alcanzar a todos los niños y jóvenes en el marco de una educación inclusiva.

Desde diversos ámbitos de expresión la sociedad mexicana hace cada día más

intenso el reclamo por una educación de calidad. Se trata de una preocupación

fundada, toda vez que a lo largo de la historia los mexicanos hemos adquirido

conciencia y hemos podido apreciar el valor que la educación representa para la

satisfacción de los anhelos de justicia y desarrollo.

Es claro que el cumplimiento de las obligaciones del Estado exige que el sistema

educativo se encuentre en condiciones de proporcionar una educación que cumpla

con los fines establecidos en la Carta Magna. Los propósitos de impulsar el

mejoramiento de la calidad de la educación han debido recorrer diversos caminos

que van desde las modificaciones al orden jurídico, hasta los acuerdos de

voluntades entre el Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales y la organización

sindical reconocida como titular de las relaciones colectivas de trabajo, en el caso

de la educación básica, y de las diversas dependencias y organismos que brindan

educación media superior. Por su parte, las decisiones públicas respectivas se

han orientado tanto a la distribución de competencias entre los tres órdenes de

gobierno, como al establecimiento de nuevos métodos y procedimientos referidos

al funcionamiento del Sistema Educativo Nacional.

La evaluación educativa, instituida como parte de esa búsqueda de

transformación, ha contribuido a un mejor conocimiento de nuestro sistema

educativo y ha proporcionado nuevos elementos que permiten entender con mayor

claridad lo mucho que hay por hacer para mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Las evaluaciones internacionales en las que nuestro país ha participado han

hecho posible la comparación de nuestra realidad con las de otras naciones. Los

retos son especialmente serios en la atención a los alumnos que provienen de

hogares en condiciones de pobreza.

Hoy se cuenta con información sobre los aspectos en los que se hace necesario

emprender nuevos esfuerzos destinados a la adquisición de las fortalezas que se

requieren y que la propia educación puede proveer. La sociedad sabe bien que

gran parte de los logros que México ha podido alcanzar tienen que ver con los

esfuerzos realizados en materia educativa; entiende también que muchos de los

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problemas y desafíos están estrechamente vinculados con las limitaciones del

Sistema Educativo Nacional y con factores sociales, culturales y económicos

─externos a la escuela─ que impactan su funcionamiento y con los que la

educación también debe contender a fin de contribuir a superarlos.

El proceso educativo exige la conjugación de una variedad de factores: docentes,

educandos, padres de familia, autoridades, asesorías académicas, espacios,

estructuras orgánicas, planes, programas, métodos, textos, materiales, procesos

específicos, financiamiento y otros. No obstante, es innegable que el desempeño

del docente es el factor más relevante de los aprendizajes y que el liderazgo de

quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante.

En atención a ello, la creación de un servicio profesional docente es necesaria

mediante una reforma constitucional; el tratamiento de los demás factores podrá

ser objeto de modificaciones legales y administrativas en caso de estimarse

necesarias.

Por otra parte, es de reconocerse que el país ha tenido un avance importante en el

tema de la evaluación. Las autoridades y los docentes la practican y son parte de

ella. La experiencia hasta ahora acumulada debe servir para organizar un sistema

de evaluación con las directrices necesarias para el cumplimiento de los fines de

la educación. El propósito es que una instancia experta asuma un papel claro

como órgano normativo nacional; que ofrezca información confiable y socialmente

pertinente sobre la medición y evaluación de alumnos, maestros, escuelas,

directores y servicios educativos, y que por la trascendencia de las funciones que

desarrollará, adquiera la más alta jerarquía, goce de autonomía técnica y de

gestión. Por ello, se hace imprescindible la creación de un órgano que desde el

ámbito constitucional esté investido de las atribuciones necesarias para el

cumplimiento de sus atribuciones.

Por lo expuesto se hace impostergable fortalecer las políticas de Estado ya

existentes

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