Salud Publica

El tema de salud pública así como su reforma en Puerto Rico y en los Estados Unidos es uno en el que todos los intereses están sobre la mesa pero el interés principal (la ciudadanía) se pierde de percepción. Economistas, salubristas, políticos, entre otros han discutido a cabalidad lo que tendría, supondría y debería contener la tan esperada y aclamada reforma. Puerto Rico es uno de los países que más gasta en servicios de salud. Teniendo un gasto per cápita de $2,800 anuales, que supone alrededor de un 16.8% del Producto Nacional Bruto (PNB). España, por ejemplo, con un sistema de salud universal, eficiente y accesible a toda la población, gasta solo un 8% de su PNB en atender las necesidades de salud de su gente (Pesquera, 2010). Lo que es indicativo de las deficiencias y graves problemas que enfrenta el sistema de salud de Puerto Rico al no ser capaz de satisfacer las necesidades de los puertorriqueños. Según la Ley de la Administración de Seguros de Puerto Rico (Ley ASES), la política pública de salud en Puerto Rico ha girado, desde principios de este siglo, en torno a la visión de que el Gobierno tiene la responsabilidad de prestar directamente los servicios de salud. Al amparo de esa política, se han desarrollado dos sistemas de salud notablemente desiguales. En términos generales, podemos afirmar que en Puerto Rico la calidad de los cuidados de salud ha venido a depender preponderantemente de la capacidad económica de la persona para cubrir con recursos propios el costo de los mismos.

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