LA EMPRESA

La empresa es ante todo una realidad socioeconómica. Un organismo productor de riqueza para el país, de salarios para los trabajadores, de beneficios para los empresarios e inversores, y de bienes y servicios para los consumidores y usuarios, resultado de la organización por el empresario de los factores productivos, capital y trabajo, que no está conceptuada, ni regulada unitaria y sistemáticamente por el Ordenamiento Jurídico.

Pese a la significación jurídica de la empresa para el Derecho mercantil en particular, para el Derecho económico en general, falta un concepto jurídico positivo de empresa en el Ordenamiento Jurídico, que, con virtualidad unitaria y omnicomprensiva, sirva de unívoco referente conceptual normativo para regular en cada disciplina o rama del Derecho (civil, mercantil, laboral, administrativo, fiscal, etc.) aquellos aspectos y dimensiones de la empresa que tiene encomendados, el cual no es fácil inducir desde las categorías jurídicas del Derecho positivo (personas, cosas y actos), que se muestran incapaces de integrar unitariamente la realidad socioeconómica, plural y compleja de la empresa, cuya unidad básica se descompone y escinde a la hora de regular sus distintas dimensiones (subjetiva, patrimonial, funcional, institucional o pública, laboral), aspectos organizativos (materiales e inmateriales, estáticos y dinámicos, decisionales y relacionales) y situaciones jurídicas relevantes, con la consiguiente pérdida de unidad y comprensividad sistemática que debe presidir el Ordenamiento jurídico.

No obstante, la doctrina jurídica ha estado empeñada en elaborar un concepto de empresa y en determinar su naturaleza jurídica, para así poder sujetarla a un régimen jurídico unitario:

1. En un primer momento los juristas intentaron el encuadramiento de la empresa en las categorías jurídico-patrimoniales reconocidas desde el pasado por el Derecho (personas, cosas, y actos), a fin de preservar su unidad básica, sometiéndola entonces al régimen jurídico propio de la categoría jurídica propuesta. Así, la empresa se ha concebido como una persona jurídica, patrimonio autónomo, universalidad de derechos y cosas, actividad, organización, bien inmaterial, etc. Sin embargo, todas estas propuestas doctrinales adolecen de una comprensión parcial de la realidad institucional, económica y jurídica de la empresa, pues sólo se ha considerado su aspecto o dimensión patrimonial y, además, ninguna ha sido reconocida expresa y absolutamente por el legislador.

2. Por ello, otros autores, partiendo de la esencia natural de la empresa, que es una realidad económica, han adoptado como jurídico el concepto económico de empresa, conforme al cual la empresa es una organización de factores productivos (capital y trabajo) para la producción e intermediación de bienes y servicios destinados al mercado. Sin embargo, este concepto económico de empresa resulta irrelevante como concepto normativo ordenador de su régimen jurídico patrimonial y, además, no ha tenido reconocimiento legal.

3. De nuevo, otro sector doctrinal, partiendo de la escisión del aspecto subjetivo e inmaterial (constituido por el empresario, como sujeto creador y organizador, y su actividad o modo de actuar) del objetivo o material (constituido por el patrimonio organizado dispuesto para la explotación o actividad), ha distinguido la empresa del establecimiento mercantil. La empresa es un modo de actividad mientras que el establecimiento mercantil es el instrumento al servicio de esa actividad. Sin embargo, también este intento de conceptuación estrictamente jurídica de la empresa, al fragmentar y, por

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