LEGISLACION PENAL ESPECIAL (Ley Orgánica De Salvaguarda Del Patrimonio público Y Ley Contra La Corrupción)

Los delitos contra el patrimonio público o hechos de corrupción suceden cuando uno o varios funcionarios públicos, con alguna clase de autoridad o no, realizan actos contrarios a la ley u omiten realizar actos que le corresponderían realizar según sus atribuciones, o incluso cuando realizan actos que si les corresponden por ley; desviando fondos, solicitando sobornos, recibiendo dádivas, mediante el uso de influencias o con abuso de funciones.

Actualmente Venezuela cuenta con la "Ley Contra la Corrupción", la cual entró en vigencia al ser publicada mediante Gaceta Oficial N° 5.637, Extraordinario, en fecha 07 de abril de 2003, y que derogó a la conocida y poca aplicada "Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público", que se encontraba vigente a partir del 15 de abril de 1983, publicada en la Gaceta Oficial N° 3.077 Extraordinario, del 23 de diciembre de 1982.

La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público tuvo una vigencia de veinte años y la misma derogó en su mayor parte, la normativa ordinaria del Código Penal y la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos reformada en 1974. No obstante, a dicha promulgación tenemos que en la práctica no puso freno en la lucha contra la corrupción muy a pesar de la profusión de nuevos tipos delictivos, de las amenazas de severas sanciones y de las previsiones procesales que contemplaron, entre otras cosas, la eliminación del juicio en libertad, de proscripción de los denominados "beneficios procesales" y la consagración del juicio en ausencia, que devino en pena anticipada de auto exilio.

En lo siguiente analizaremos las novedades de la ley contra la corrupción (LCC) y sus diferencias con la ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público (LOSPP).

Los artículos 2 y 3 LCC establecen quienes están sujetos a la aplicación de esta ley. En este sentido, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 LCC resultan idénticos al artículo 2 de la LOSPP derogada y fijan el concepto de funcionario público; la novedad reside pues en la determinación legal de los sujetos que han de considerarse como Directores y/o Administradores, pues a ellos se extienden las disposiciones. Es pues la posición jurídica del funcionario la que origina la sujeción legal, esté al servicio del Estado y cumpla sus funciones o actividades en o fuera de la República, en cualquiera de los niveles de poder (Nacional, Estadal, Distrital, Municipal, de Institutos Autónomos, Universidades, BCV, entre otros) o la condición de ser director o administrador de sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles entre otras, siempre que estén constituidas con recursos públicos, o, cuando la totalidad de los aportes represente el 50% o más del presupuesto y se extiende a los directivos representantes de dichos entes aunque la participación del representado fuere inferior del 50%. La novedad en la extensión del artículo 3, es establecer en los literales “a, b, c, d, e, f y g” a quienes se ha de considerar como directores y/o administradores; señalando las funciones correspondientes.

Lo que comprende el concepto de Patrimonio Público, objeto de tutela de la ley, conjuntamente con el buen desempeño del funcionario, aparece señalado en el artículo 4 LCC. El artículo en referencia, si bien aparece detallando mejor al ente al cual corresponden los bienes, tiene un contenido similar al artículo 4 de la derogada LOSPP. Como quiera que el mismo deja sin definición el concepto de Patrimonio Público; (según la doctrina este es una universalidad constituida por derechos y obligaciones, apreciables en dinero que corresponden a la Hacienda Pública, orientada a realizar actividades del interés público, vale decir, de interés del colectivo). Lo novedoso del artículo en este caso estriba en el aparte único del artículo 4 LCC, pues posibilita la aplicación

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