Legislacion
Enviado por Eunhae93 • 25 de Noviembre de 2014 • 1.859 Palabras (8 Páginas) • 226 Visitas
OBJETIVOS
Objetivo General:
Dar a conocer la importancia que tiene el IVA en nuestro país.
Objetivo Específico:
Especificar a cuáles servicios se le cobra el IVA.
Determinar el IVA Directo e Indirecto.
MARCO HISTÓRICO
El origen de la aplicación del impuesto al valor agregado data a mediados del presente siglo, la primer experiencia con este impuesto se desarrolló en Europa, específicamente en Francia; seguidamente es aplicado en la mayoría de países europeos. En América latina el país que lo aplico fue Brasil, a la fecha varios países lo tienen en su régimen tributario.
A partir de 1979 hasta los primeros años de la década de los 90 represento para el país una etapa de crisis; lo que conllevo a un incremento de la deuda pública y los gastos públicos, provocando un aumento en el déficit fiscal. El estado ante la necesidad de recurso financiero gestiona una propuesta de reformas al sistema impositivo indirecto, a través de un anteproyecto de ley impulsado por el ministerio de hacienda; dicho anteproyecto es dado a conocer a finales de 1983 y debido a las circunstancias políticas del momento no llego a convertirse en ley vigente.
La asamblea legislativa de la república de El Salvador el 23 de julio de 1992 aprobó el decreto legislativo Nº 296 a través del cual se establece la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios, la cual entro en vigencia el 1º se septiembre de 1992, a pesar de la oposición de diversos sectores.
Las empresas se vieron en la necesidad de crear nuevos mecanismos de control contable que les permitiera identificar de forma más precisa, el impuesto a declarar y asegurar al Estado el registro de las operaciones de compra y venta, es así, como la Dirección General de Impuestos Internos emite una serie de instructivos donde se dan a conocer los nuevos reportes de control que serán obligatorios para todas las empresas, además se exige la creación de cuentas contables especificas donde deberán de registrarse de forma separada el nuevo impuesto, emisión de nuevos documentos donde quedara evidencia de cada transacción que realiza la empresa; para tener una mejor visión de la nueva estructura de control que exige el gobierno.
LA REALIDAD DEL IVA EN EL SALVADOR
El Salvador es un país geográficamente pequeño, dividido en 14 departamentos y 262 municipios, distribuidos en todo el territorio nacional.
Los municipios salvadoreños, como unidad político administrativa primaria del Estado, cuenta con su propio territorio, población y gobierno local y tiene como marco legal, las disposiciones establecidas en la Constitución de la República y el Código Municipal, principalmente.
La Constitución de la República (1983) estipula que los municipios son autónomos en lo económico, técnico y administrativo y se rigen por el Código Municipal, que determina los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de su autonomía.
De acuerdo a la Constitución de la República, la autonomía del Municipio comprende, en lo referente a los aspectos financieros, lo siguiente:
Crear, modificar y suprimir tasas por servicios y contribuciones especiales.
Decretar su presupuesto de ingresos y egresos.
Gestionar libremente en las materias de su competencia.
Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de sus dependencias.
Decretar ordenanzas y reglamentos locales.
Elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas, para proponerlas como ley a la Asamblea Legislativa.
Las Leyes de Impuestos Municipales, establecen los hechos sujetos a impuestos, las tarifas y las personas y empresas que deben pagarlas. Dichas leyes son aprobadas por la Asamblea Legislativa, a iniciativa de los concejos.
Las actuales leyes que ejecutan las entidades municipales, están El Código Municipal, Ley General Tributaria Municipal y Ordenanzas Especiales autorizadas para tasar los impuestos de los municipios.
Disposiciones Básicas
Art. 125.-Podrán ser afectadas por impuestos municipales, las empresas comerciales, industriales, financieras y de servicios, sea cual fuere su giro o especialidad; cualquier otra actividad de naturaleza económica que se realice en la comprensión del Municipio, así como la propiedad inmobiliaria en el mismo.
Art. 126.-Para la aplicación de los impuestos a que se refiere el Artículo anterior, las leyes de creación deberán tomar en consideración, la naturaleza de las empresas, la cuantía de sus activos, la utilidad que perciban, cualquiera otra manifestación de la capacidad económica de los sujetos pasivos y la realidad socio-económica de los Municipios.
Art. 128.-El ejercicio de imposición en materia de impuestos municipales podrá ser mensual o anual o por períodos de diferente extensión, según se determine en la ley respectiva.
Las Tasas
Art. 129.-Los Municipios podrán establecer mediante la emisión de las ordenanzas respectivas, tasas por los servicios de naturaleza administrativa o jurídica que presten.
Art. 130.-Estarán afectos al pago de las tasas, los servicios públicos tales como los de alumbrado público, aseo, ornato, baños y lavaderos públicos, casas comunales municipales, cementerios, dormitorios públicos, mercados, establecimientos en plazas y sitios públicos, pavimentación de vías públicas, rastro municipal, tianguis, estadios municipales, piscinas municipales y otros servicios que las condiciones de cada Municipio le permitan proporcionar al público o que representen uso de bienes municipales.
Para la fijación de las tarifas por tasas, los Municipios deberán tomar en cuenta los costos de suministro del servicio, el beneficio que presta a los usuarios y la realidad socio-económica de la población.
Los Municipios podrán incorporar en la fijación de las tasas por servicios, tarifas diferenciadas, las cuales no podrán exceder del 50% adicional al costo del servicio prestado o administrado, y cuyo producto se destinará al mejoramiento y ampliación de dichos servicios.
Por servicios a los Inmuebles
Art. 132.-Para fijar las tasas aplicables por los servicios públicos municipales que se presten a la propiedad inmobiliaria, deberán considerarse entre otros criterios,
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