Ley Suprema

DERECHO AGRARIO

I. EL DERECHO AGRARIO REVOLUCIONARIO

En trabajos anteriores hemos adoptado para designar a esta materia la denominación “derecho agrario revolucionario” por considerar que constituye una de las áreas del derecho mexicano de conformación mas autentica, en la medida en que se encuentra su origen en la Constitución general de la República de 1917 y ha venido evolucionando en el marco normativo que la misma establece, que difícilmente hubiera alcanzado el triunfo de no ser por la decisiva participación del sector campesino, inconforme ante la inequitativa distribución de la riqueza territorial y la notaria injusticia que entonces prevalecían en el campo mexicano.

En efecto, la situación del país en la etapa inmediatamente anterior a la Revolución presentaba un panorama lamentable en el agro. Como muestra de ello basta señalar que el 96 por ciento de las cabezas de familias rurales no tenían tierra, mientras que solamente el uno porciento de la población controlaba el 97 por ciento del territorio mexicano, y solo 834 hacendados poseían la mitad de la tierra.

Así, con la hacienda mexicana convertida en un enorme latifundio cultivado solo en mínima parte, con una agricultura paupérrima cuyos medios de explotación antiguos y sin técnica hacían que se obligara al peón a trabajar en exceso, con la notaria miseria de los campesinos y el humillante trato que estos recibían, resultaba impostergable cambiar ese estado cosas.

Lo anterior fue un factor determinante para que se iniciara la lucha armada, alentada por demandas que incluían, entere otras cosas, la restitución de tierras a sus legítimos poseedores, la dotación de tierras y aguas a quienes carecían de ellas, la repartición del latifundio, la protección y ayuda el sector campesino y la creación de instrumentos de justicia agraria independientes del Poder Judicial.

En este sentido, Francisco I. Madero, en su libro La sucesión presidencial en 1910, apuntaba, con la relación al campo:

En este ramo tan importante de la riqueza publica, poco ha hecho el gobierno por su desarrollo, pues con el régimen absolutista, resulta que los únicos aprovechados de todas las concesiones son los que lo rodean, y mas particularmente en el caso actual todo vez que uno de los medios empleados por el general Díaz para premiar a los jefes tuxtepecanos, ha sido darles grandes concesiones de terrenos, lo que constituye una rémora para la agricultura puesto que los grandes propietarios raras veces se ocupan en cultivar sus terrenos, concretándose generalmente al ramo de ganadería, cuando no los dejan abandonados para venderlos después a alguna compañía extranjera, como sucede con mas frecuencia.

Las concesiones para aprovechamientos de aguas en los ríos han sido inconsideradas, y siempre van a dar a manos del reducido grupo de favoritos del gobierno, resultando que el agua no se aprovecha con tan buen éxito como hubiera sucedido subdividiéndose entre muchos agricultores en pequeña escala.

El resultado de esta política ha sido que el país, a pesar de su vasta extensión de tierras laborables, no produce el algodón ni el trigo necesario para su consumo en años normales, y en años estériles tenemos que importar hasta el maíz y el frijol, bases de la alimentación del pueblo mexicano.

Posteriormente, el 5 de octubre de 1910, al proclamar el Plan de San Luis Potosí, con el que iniciaba el movimiento revolucionario, el propio Madero, en la Cláusula tercera, tercer párrafo de ese documento, se refirió a la restitución de tierras expresando:

Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos por acuerdo de la Secretaria De fomento, o por fallos de los tribunales de la Republica. Siendo de todo justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos

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