Anteproyecto de la gestion de la calidad

INTRODUCCIÓN.

(contexto)

Al hablar de la relación que existe entre gobierno y sociedad, debemos recordar que ésta basa sus principios en un acuerdo entre los ciudadanos y el Estado en el que se establecen derechos y deberes para ambas partes, bajo el objetivo de promover el bienestar social. Los ciudadanos prestan su apoyo al gobierno mediante el pago de impuestos y contribuciones, y los gobiernos por su parte, adquieren la responsabilidad de proteger los derechos de los ciudadanos y de impulsar políticas públicas que los beneficien a todos (Ortiz, 2007). En este entendido, la política social se ha configurado como la principal estrategia de intervención que el Estado implementa a fin de construir una sociedad cohesionada y equitativa, destinando para ello recursos públicos que deben verse traducidos en programas que contribuyan a mejorar los niveles de bienestar de la población (Ceja Mena, 2004). Esta visión normativa de la política social contrasta sus principios a lo descrito por Titmuss (1974), el cual menciona que el termino política es utilizado para señalar las acciones que son implementadas por el gobierno con el objetivo de alcanzar ciertos fines, principalmente con la visión de producir cambios en el comportamiento, prácticas y sistemas sociales, con la finalidad de resolver problemas, no obstante, es difícil concluir que la política social resulta en el bienestar colectivo, ya que las sociedades son sistemas heterogéneos, donde lo que es de beneficios para algunos, no necesariamente lo es para otros. Ahora bien, se menciona que el incentivo principal de la política social, debe ser el asegurar que cada miembro de la sociedad obtenga un estándar mínimo de beneficios y oportunidades para su desarrollo (ibíd.: 1974). En este entendido, un país que presenta múltiples problemas sociales y donde además no se cuenta con los recursos suficientes para atenderlos, “la eficacia con que se invierten los recursos públicos destinados a combatir las principales problemáticas del país, es primordial para garantizar el éxito de las políticas de desarrollo social” (CONEVAL, 2013: 10).

Lo anterior se encuentra reflejado en el artículo noveno de la Ley General de Desarrollo Social (2004), el cual señala que “los municipios, <los gobiernos de las entidades federativas y el poder ejecutivo federal, en sus respectivos ámbitos, deberán formular y aplicar políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando

los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables”. Es en el cumplimiento de estas responsabilidades que los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) enfrentan una serie de limitaciones de carácter fiscal y normativo, por mencionar algunas, y en relación al tema que nos compete, surge el interés por conocer la relevancia y el grado de participación que el ámbito local ha adquirido a través del proceso de descentralización (político, fiscal y administrativo) en temas que tienen que ver con el desarrollo social municipal. Esta tarea implica revisar su capacidad para el despliegue de programas sociales y asistenciales que atiendan las carencias socioeconómicas a las que se enfrenta su población, donde al hablar de capacidad, esta es entendida como “la condición potencial o demostrada de lograr un objetivo o resultado a partir de la aplicación de determinados recursos y, habitualmente, del exitoso manejo y superación de restricciones, condicionamientos o conflictos originados en el contexto operativo de una institución” (Oszlak, 2014), lo que, en el caso del orden municipal se da en consideración de los cortos ciclos de gestión municipal, lo que dicta la norma, los recursos económicos y la estructura administrativa dispuesta para el cumplimiento de dichas funciones. Por lo anterior, es importante identificar los retos que enfrentan los gobiernos municipales en la implementación de dichos programas desde el ámbito local, analizando el papel que juegan los ayuntamientos, como agentes promotores del desarrollo social, partiendo de la premisa que son los gobiernos municipales favorecidos por su cercanía a la población, los que conocen de primera mano las necesidades sociales que enfrentan sus comunidades.

La presente investigación realiza un análisis de las capacidades institucionales con las que cuenta el municipio de Ocuituco, Morelos y han sido dispuestas para el desarrollo e implementación de acciones y programas vinculados al desarrollo social en el municipio, este último definido por Sojo (2006) como el resultado de la combinación de una serie de intervenciones institucionales y políticas, dirigidas a crear condiciones y oportunidades para que los individuos realicen sus capacidades de vivir una vida saludable, larga y digna, es decir, que el individuo pueda llevar una vida longeva, asegurada por acceso a la nutrición, vivienda, educación, ambiente y cultura.

Estado de la cuestión

(cultura)

El estudio del ámbito municipal en México, ha tomado mayor relevancia a partir de los procesos de descentralización y democratización que se vivieron en el país en la década de los 80´s. Esto en parte, porque han sido estas modificaciones administrativas, políticas y económicas a la estructura federal del Estado las que han situado al municipio de vuelta en la agenda de la administración pública. Estudios como los realizados por Merino (1994) y Guillen (1996) centran su revisión en el cómo estas reformas han transformado a los ayuntamientos dotándolos de mayores atribuciones como órdenes de gobierno, sin embargo, se cuestiona la capacidad de respuesta a estas nuevas responsabilidades, ya que dichas transformaciones no han venido acompañadas de una dotación de mayores capacidades institucionales que les permita hacer frente eficazmente a estas funciones.

En relación al tema de la descentralización y las capacidades municipales, estudios como los realizados por Cabrero (2004), Cabrero, Cejudo, Merino y Nieto (2008), centran su investigación en la descentralización fiscal y las capacidades recaudatorias que le han sido asignadas al municipio, mostrando como la heterogeneidad presente en los municipios mexicanos dibuja una realidad diversa de crecimiento y desarrollo en el territorio, al ser poco los municipios que han podido beneficiarse de esta autonomía fiscal, siendo en su mayoría los municipios que mantienen una dependencia muy significativa a las transferencias federales. Por otro lado Scott (2004), Ziccardi (2004) Cogco, Rodríguez, Pérez Cruz (2010) realizan un análisis de la política social desde el ámbito municipal, revisando la participación que están teniendo los ayuntamientos en el ejercicio de tan compleja tarea, al ser estos espacios el punto en el que convergen acciones sociales provenientes de los distintos ámbitos de gobierno, estos últimos, centran su investigación en la región fronteriza integrada por el estado de Tamaulipas y Nuevo León, estados que comparten características presentes en el caso de estudio. Partiendo de lo anterior, la relevancia en la presente investigación recae en la aportación de ideas que nos permita responder a la pregunta, ¿han los procesos de descentralización, dotado al orden municipal de una capacidad institucional que le permita el diseño y adecuada implementación de programas de desarrollo social?, los hallazgos buscan aportar ideas para el entendimiento de los problemas que presenta el marco del sistema federal en relación a lo que dispone como responsabilidad en el quehacer del municipio como agente de desarrollo social, y sobre todo  en

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