CASO PENTA

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Unidad 1: Estatuto administrativo

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Análisis Caso Penta

Responsabilidad Administrativa

• Formalización de marzo de 2015:

• Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería.
• Iván Álvarez, exfuncionario del SII.
• Juan Martínez, exfuncionario del SII.

• Formalización de 21 de junio de 2015:

• Iván Moreira, senador en ejercicio.
• Felipe de Mussy, diputado en ejercicio.
• Pablo Zalaquett, exalcalde de Santiago.

• Formalización de 6 de julio de 2015:

• Jovino Novoa, exsenador.
• Alberto Cardemil, exdiputado.

• Formalización de 29 de junio de 2016:

• Laurence Golborne, exministro de Estado.

Los funcionarios públicos mencionados anteriormente, si bien no tienen directa responsabilidad en el caso de evasión de impuestos de PENTA, si tienen responsabilidad administrativa al verse involucrados de forma indirecta en este caso. Como funcionarios públicos tienen el deber de cumplir con los principios constitucionales de probidad y transparencia y claramente en este caso tuvieron variados conflictos de interés además de no ser transparentes en los aportes que recibieron de la empresa en cuestión.

Por otro lado, involucraron directamente a funcionarios y colaboradores directos de ellos, como en la emisión de boletas de honorarios sin demostrar los servicios prestados, lo que hace pensar que recibieron aportes que no fueron declarados ni transparentados como lo indica la ley.

• ¿Cuales serian las sanciones a las que se pudiesen ver enfrentados las y los funcionarios públicos involucrados en dicho caso?

Las sanciones que debiesen ser ejecutadas en los involucrados de la evasión de impuestos del caso Penta, y que sean funcionarios públicos deben ser la suspensión y destitución inmediata de dichos cargos públicos sin goce de sueldo, por el incumplimiento de responsabilidades éticas y administrativas.

Además, en estos casos aplica la censura definitiva para ejercer cargos públicos o algún cargo de confianza con algún estamento del estado o sus servicios derivados. No poder optar un cargo publico, tales como concejal, alcalde, diputado o senadores de por vida y no limitar dicha sentencia a cierta cantidad de años de prohibición de cargo como ocurre en la actualidad.

          Adicionalmente, dichos empleados públicos deberían enfrentarse a multas altas o pago de impuestos, para ser destinadas a mejorar los  servicios esenciales del estado, tales como centros de salud CESFAM, aporte a bomberos, servicios hospitalarios, servicios nacionales del menor o de la mujer o centros de cuidados al adulto mayor.

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