La economía política del déficit presupuestario

La economía política del déficit presupuestario

Introducción

Mis ideas acerca de la economía y la política de los déficit presupuestarios financiados mediante la deuda no gozan de una aceptación amplia entre mis colegas economistas. De hecho, mi pensamiento sobre este tema puede ser más próximo a aquel que emerge del sentido común del ciudadano ordinario. Presenté por primera vez estas ideas en 1958 en libro Public Principles of Public Debt (Principios públicos de la deuda pública), que desafiaba la noción keynesiana entonces ortodoxa de que la deuda pública no entraña ningún deslizamiento temporal de la carga porque “la debemos nosotros mismos”. A la largo de tres décadas mis creencias básicas no han cambiado. Es mucho más importante lograr que los fundamentos del análisis sean correctos, a fines de los ochentas, de lo que fue en los cincuenta. Mi segundo esfuerzo de importancia fue un libro, Democracy in Deficit (La democracia en déficit), escrito en colaboración con Richard E. Wagner y publicado en 1978. Este segundo libro no examinaba las consecuencias económicas de las deudas y lo déficit; intentaba explicar por que los procesos de toma de decisión modernos o poskeynesianos generan una forma de financiamiento deficitario casi permanente. Mientras que el primer libro era un ataque contra la teoría macroeconómica keynesiana de la deuda pública, el segundo libro era un ataque contra las presuposiciones keynesianas acerca de la política democrática.

Tal vez no deba sorprendernos que mis esfuerzos en ambos casos erizaron el plumaje de los economistas, quienes continúan bajo el dominio del paradigma macroeconómico impuesto a mediados del siglo pasado por la “revolución” keynesiana en el pensamiento económico. No continuaré la argumentación que prevalece en este contexto con otros economistas, pero resulta útil mencionar aunque sea brevemente la posición de mis adversarios como trasfondo para la discusión que sigue.

Los principales elementales

En los términos más sencillos, las consecuencias económicas de un déficit presupuestario financiado con deudas son equivalentes a las consecuencias económicas de un déficit financiado mediante endeudamientos en la cuenta de cualquier unidad económico-financiera, sea esta una persona, una familia, una corporación, un club, una iglesia o un sindicato de trabajadores. Cuando los ingresos que se obtienen son inferiores a los egresos o gastos actuales surge un déficit, y si no se incrementan los ingresos o se disminuyen los egresos el déficit o diferencia debe ser financiado pidiendo préstamos, en el caso de los gobiernos nacionales, que tienen la autoridad para emitir papel moneda, los déficit presupuestarios también pueden financiarse directamente mediante la emisión de dinero. Dejaré fuera de esta discusión esta posible fuente de ingresos, ya que el tema que nos interesa trata de las consecuencias de los déficit financiados por medio de deudas. Estas consecuencias en sí mismas pueden hacer de la monetarización un recurso de última instancia, aspecto que trataré en forma breve más adelante.

Tanto para el deudor como para el acreedor, la venta y compra de instrumentos de deuda implica un desplazamiento temporal de la disponibilidad de fondos. El deudor se ve capacitado a adaptar más que sus ingresos al inicio del período presupuestal, pero se obliga a gastar menos que sus ingresos en algún periodo futuro. Por la otra parte, el acreedor gasta menos que sus ingresos en el periodo inicial pero se ve capacitado para gastar más que los ingresos en los periodos durante los cuales la deuda se amortiza. Como he sostenido a lo largo de tres décadas, el gobierno no es fundamentalmente diferente en estos sentidos de cualquier otro deudor.

Se hace necesario volver a los orígenes debido a la inmensa confusión que priva en buena parte de las discusiones sobre la deuda pública y los déficit. Si descartamos una suspensión en el servicio de la deuda, la consecuencia económica primaria del gasto gubernamental financiado por deuda es la necesidad garantizada de que nosotros, como ciudadanos contribuyentes y beneficiarios de los programas positivos, deberemos renunciar a partes de nuestros ingresos en periodos futuros para poder cubrir los gastos de intereses y amortizaciones sobre la deuda. Una parte de nuestros ingresos futuros ha sido comprometida para satisfacer los legítimos reclamos de los acreedores del gobierno. No importa en absoluto si estos acreedores son ellos mismos ciudadanos o extranjeros.

El financiamiento de los gastos gubernamentales corrientes mediante endeudamientos equivale a “devorar” el valor del capital nacional. Si definimos el valor capital descontando un flujo esperado de ingresos futuros, entonces cualquier desviación de dichos ingresos reduce este valor. Y lo hace de la misma manera como lo haría el consumo de bienes de capital. Al financiar los egresos públicos actuales mediante endeudamientos, en realidad lo que estamos haciendo es cortar el manzano para hacer leña, con lo cual reduciremos la cosecha del huerto para siempre.

Con frecuencia se rechaza la analogía entre el consumo público financiado por endeudamiento y la destrucción del valor capital porque se argumenta que, siendo ciudadanos los acreedores de la deuda interna, las obligaciones contra los ingresos futuros de ésta se balancean exactamente contra las exigencias de quienes han comprado participaciones gubernamentales. Desde esta lógica macroeconómica simplista, no hay efectos sobre los valores del capital sumados sobre toda la economía. El absurdo de esta argumentación queda demostrado en cuanto reconocemos que quienes compran las participaciones en el gobierno lo hacen en forma completamente voluntaria en una transacción de intercambio y que, precisamente porque la compra es voluntaria, estas mismas personas pudieron haber empleado esos fondos sea para comprar otros activos privados que rindan ingresos o para el consumo privado durante el periodo inicial. En cualquier caso, los valores de capital de los acreedores en manos de aquellos que compraron participaciones gubernamentales no se pueden contra como contrapartes positivas del valor de capital negativo que necesariamente entraña la obligación de satisfacer caros futuros por intereses y amortización. Este valor negativo es un cargo contra la cartera de los ciudadanos, como miembros de la unidad política, y no se balancea por ningún incremento positivo al valor de capital asignado apropiadamente a este mismo portafolio. Este resultado es válido independientemente de las fuentes de los fondos iniciales prestados al gobierno.

Deuda interna y deuda externa

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