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El Estado mexicano se ha destacado en el periodo presidencial de Vicente Fox Quesada 2001-2006 por invitar y permitir el establecimiento de una Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en México; por la invitación a sesionar y la realización, por lo menos, de una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por la ratificación del Tratado de Roma; por la búsqueda conjunta de la implementación y aplicación del Protocolo de Estambul con la oficina del Alto Comisionado de DH de la ONU en México; por la creación de diversas fiscalias especiales e instituciones para tratar temas como las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, la represión de los años 70s y 80s, los delitos y violaciones a los derechos humanos en los que incurren los funcionarios públicos de gobierno, y por invitar a todas las oficinas de Procedimientos Especiales de la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hoy Consejo de Derechos Humanos.

Lo anterior le ha valido el reconocimiento de diversos gobiernos, organismos e instituciones en materia de derechos humanos, lo cual le ha permitido desarrollar a lo interno una estrategia basada en la violación sistemática de los derechos humanos.

El periodo mencionado se caracterizó por un arduo trabajo de creación de un imaginario social que permita hoy la violación a los derechos humanos; es decir, la estigmatización y desprestigio de todo ciudadano, movimiento social que con un legítimo derecho defiende e intenta obtener el ejercicio pleno de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales y se ha llegado al extremos de incluir en esta estigmatización a los defensores de los derechos humanos que acompañan estas pequeñas y grandes luchas.

La creación de este imaginario social tiene el objetivo de justificar legal e ilegalmente el uso de la fuerza por parte del Estado, los primeros ensayos fueron desde la detención de los hermanos Cerezo, pasando por los altermundistas en Guadalajara y Atenco.

El Comité Cerezo piensa que la seguridad pública, como prioridad numero uno del gobierno entrante, es el sinónimo de la criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos, esta prioridad tomará cuerpo con detenciones arbitrarias, tortura física y psicológica, desaparición forzada temporal y permanente, ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones a los derechos humanos.

La construcción de este escenario represivo consiste en que la represión se vuelva algo “normal” para la población en general, que las personas estén convencidas de que oponerse al Estado es inútil, que sólo acarrea problemas, y que siempre termina con prisión, golpes, asesinatos, que eso es lo “normal”, asimismo, basta escuchar en el trasporte público y en la calle a la gente justificando la represión al comentar que los de la APPO se merecen la cárcel por revoltosos, o peor aún; que las mujeres violadas en Atenco se lo buscaron.

Esta “normalidad” es construida por el Estado cuando equipara a los verdaderos criminales con los luchadores sociales, donde ambos violan la ley y tiene que ser castigados por ello, engañando, construyendo ese imaginario donde el que grita por un derecho ofende a otra parte de la sociedad y sus acciones son consideradas un acto delictivo.

Al imponer la política neoliberal, y al surgir como una consecuencia, la protesta por el retroceso de los derechos sociales, laborales, etc., se justifica bajo la óptica: criminal es igual a luchador social, el uso de la fuerza pública, utilizando lo legal e ilegal, protegiendo a la sociedad de “la violencia irracional, de la delincuencia organizada”, expresada en luchas como la de Oaxaca.

La labor de los defensores de derechos humanos también debe contemplar la difusión hacia la sociedad de la explicación de cómo el Estado construye el imaginario social para que ellos se conviertan en cómplices por omisión de los asesinatos y torturas a los que son sometidos hoy los luchadores sociales y los defensores de derechos humanos.

Las nuevas características que adopta la represión a partir del sexenio de Vicente Fox son principalmente la tortura mediante la violación y el abuso sexual en contra de mujeres y su posterior aislamiento para evitar la denuncia de estos mismos hechos; la prohibición de ingreso de médicos y peritos independientes, abogados de confianza e incluso de la familia misma del detenido para ocultar las graves violaciones a los derechos humanos de las cuales fueron objeto.

Sin dejar de subrayar que se sigue utilizando la tortura física y psicológica y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la violación al debido proceso judicial.

Con la modificación del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social en abril del presente año, se inicia una nueva etapa, con la reclusión, dispersión y aislamiento de presos considerados políticos, de conciencia y/o injustamente presos asociados a motivos políticos en penales de Alta Seguridad y de Mediana Seguridad cuyo régimen no es diferente a los de Alta seguridad.

Esta nueva etapa cuyo ensayo ha sido desde el 2001, la detención y reclusión de los hermanos Cerezo en dichos penales, ahora se impone como la regla en contra de los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos.

A pesar de la experiencia que se ha tenido con estos penales como Comité Cerezo, es grande el desconocimiento de sus funcionamiento como penales de exterminio; a partir de la recomendación 7/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se modificaron algunas conductas violatorias de los derechos humanos de los presos y de sus visitas, pero a partir de la entrada de la Policía Federal Preventiva a los penales federales iniciando en enero del 2005, todas las mejoras, muy limitadas por cierto, en situación penitenciaria que hubo, retrocedió de manera alarmante, las condiciones de violaciones graves de los derechos humanos de los presos considerados políticos y de los considerados de conciencia se agravan.

La documentación más precisa sobre la situación dentro de los penales federales se inició a partir de la reclusión de los estudiantes universitarios, hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y el indígena nahuatl Pablo Alvarado Flores, a partir del 17 de agosto del 2001.

Violación al derecho a una defensa adecuada

A pesar de que constitucionalmente las audiencias tienen un carácter público, aquellas llevadas a cabo en el penal de Altiplano no lo son, ya que por supuestas medidas de seguridad no se permite que los familiares o amigos de los prisioneros asistan y puedan ver como se

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