Responsabilidades económicas

Responsabilidades económicas

El primer criterio de la responsabilidad social es la responsabilidad económica. La empresa como organización

económica que posee personalidad jurídica propia, se dota de un conjunto de recursos procedentes de las

aportaciones de diferentes agentes que posibilitan su puesta en marcha y posterior desarrollo.

Desde el punto de vista económico la función de la empresa consiste en añadir valor a la economía, lo

que puede ser reconocido si lo que está dispuesto a pagar el cliente por el bien y el servicio que demanda

de la empresa es superior al coste de oportunidad de los recursos invertidos para su producción y venta.

Cuando el mercado paga más por lo que la empresa hace, por lo que cuesta su producción, es decir, cuando

los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios son superiores al valor monetario de lo que se

destruye y transforma, se dice que se añade de manera directa valor a la economía siendo el beneficio la

correspondiente recompensa. En ese sentido la empresa cumple su función económica si genera beneficios,

es decir maximizar las utilidades para propietarios y accionistas. La responsabilidad económica llevada

al extremo, se conoce como punto de vista de maximizar las utilidades, término defendido por Milton

Friedman, quien como ya se dijo, argumenta que la corporación debe operar orientada hacia las utilidades y

con la única misión de incrementar las mismas.

Algunos defensores del punto de vista de maximizar las utilidades consideran que la empresa debe existir

para un propósito: “ganar utilidades”. Sin embargo, señalan que la búsqueda de utilidades a largo plazo

también requiere ser un buen ciudadano corporativo. Actualmente, el punto de vista de maximizar las

utilidades ya no se considera como un criterio adecuado, en un considerable número de países, no sólo

avanzados sino también emergentes, pues han adoptado medidas de promoción de responsabilidad social de

las empresas.

De otro modo significa que la ganancia económica sería la única responsabilidad social y que puede ser

conducente a que las empresas se vean en problemas, cada vez que la sociedad civil adquiere protagonismo

y demanda directamente que éstas (sin pasar por alto la acción legislativa del Estado) consideren las

implicaciones sociales de sus actuaciones económicas. La presión social y las legislativas sobre temas

sociales y medioambientales constituyen restricciones a la función maximizadora de beneficios.

Responsabilidades legales

En la legislación mexicana no se define qué es una sociedad mercantil. La Ley General de Sociedades

Mercantiles se limita a señalar que se aprecian como mercantiles todas las sociedades que se constituyan en

alguna de las formas “reconocidas” por la ley. Por ello, serán mercantiles las sociedades que adopten algunos

de los tipos enumerados en el artículo 1º de la citada ley [1]. Asimismo se señala una serie de requisitos de

existencia y validez, como la manifestación de la voluntad, la capacidad y el objeto social, así como para su

constitución conforme al artículo 5 [2] de la citada ley (Tovar y García, 2007). Las sociedades mercantiles se

deben constituir ante notario público y registrarla ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

De esta forma, todas las sociedades modernas establecen reglas, leyes y reglamentos básicos que deben

seguir las empresas para su constitución y operación licita en el comercio. La responsabilidad legal define

qué considera importante la sociedad respecto al comportamiento corporativo apropiado. Se espera que la

empresa cumpla con sus metas económicas dentro del marco legal, por lo que los legisladores imponen los

requerimientos legales necesarios.

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Ética

Unidad 3. Ética y responsabilidad social

3.1. Responsabilidad social en las organizaciones

3.1.2. Responsabilidad social

Educación Superior Abierta y a Distancia • Ciencias Sociales y Administrativas

Sin perjuicio de lo anterior, la propia ley reconoce la existencia de las llamadas sociedades irregulares, que

constando o no en escritura pública su constitución y sin haber sido inscritas en el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio, se exterioricen como tales. En ese contexto, el concepto de sociedad irregular

es idéntico al de sociedad no legalmente constituida. Una sociedad mercantil, legalmente constituida

es aquella que haya agotado y satisfecho todos y cada uno de los requisitos que la ley establece para su

constitución.

Lo anterior lleva a determinar que, en un marco de derecho preestablecido, todas las organizaciones para

cumplir con sus metas económicas, deben cumplir con los requisitos legales para su constitución, a efecto

de que puedan ofrecer servicios y contratar con terceros. Las organizaciones que a sabiendas quebrantan

la ley, tienen un mal desempeño en esta categoría. Los gerentes de numerosas empresas aprendieron en

los años recientes que las organizaciones y los administradores, finalmente acaban pagando por ignorar las

responsabilidades legales.

La sociedad irregular, al igual que la legalmente constituida, tendrá personalidad jurídica y será considerada

por la ley como sujeto susceptible de imputación de derechos y obligaciones. Asimismo, deberá responder

por sus deudas con su propio patrimonio sin perjuicio de que se dé también el caso de la responsabilidad

subsidiaria de quienes realicen actos como sus representantes o apoderados, como gerentes o

administradores. De acuerdo con el artículo 7 [3] de la ley ya citada, cualquier persona (independientemente

del carácter con que se ostente) que celebre alguna operación en nombre de la sociedad quedará

directamente responsable.

Los actos ilegales en las corporaciones incluyen la venta de bienes defectuosos, el hecho de hacer

reparaciones, o seguir procedimientos innecesarios y facturar a los clientes por trabajos no desempeñados

y los fraudes corporativos. Según Alma Saavedra de la revista El Economista [4], la incidencia de fraudes

cometidos dentro de los corporativos mexicanos va en ascenso. La proporción de estos delitos cometidos

pasó de 60 a 77 % entre el 2008 y el 2010, en una muestra de 286 empresas, según reveló la Encuesta de

Fraude en México 2010.

En épocas de crisis las empresas intentan reducir gastos. “La crisis económica

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