Constituyente

INTRODUCCIÓN

El nuevo sistema político se erige, además, en los pilares del nacionalismo –como expresión de la defensa de la soberanía frente a la globalización y la implementación de políticas neoliberales en nuestro continente-, en el rescate del ideario y el pensamiento de Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora y de Simón Rodríguez y en la constante búsqueda de una sociedad humanista , bolivariana, revolucionaria, en la cual el hombre es el eje central de transformación y desarrollo, con un sistema de gobierno que promueva los valores de igualdad, justicia, libertad, fraternidad, solidaridad y la garantía de los Derechos Humanos.

En esta nueva concepción se le reconoce al Estado un prioritario papel en el enfrentamiento de los males que aquejan a la sociedad venezolana mediante políticas públicas equitativas y con una inversión social adecuada. Este sistema político, económico y social coloca al hombre como centro de atención y de su razón de ser, posibilitando la satisfacción de las necesidades vitales para el pueblo, en correspondencia con sus capacidades y esfuerzos, y permitiéndole condiciones de vida dignas.

La política social del Estado debe tener como objetivo, entonces, la inclusión real y efectiva de toda la población, lo que significa que se deben diseñar políticas públicas encaminadas a potenciar el acceso a los bienes primarios y básicos como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social, entre otros.

Debe ser, como el aparato público, un ente rector, promotor y estimulador de relaciones de cooperación entre los diferentes factores sociales y económicos, en defensa de la gran mayoría, para impedir que estos sean tragados por las minorías.

Se plantea de este modo, un proyecto de país, marcado por importantes retos y compromisos con las esperanzas absolutas y fundadas en que el proceso revolucionario devolverá a la nación una próspera abundancia y bienestar individual y colectivo, dirigido a consolidar una verdadera igualdad, una razonable eficiencia de las instituciones públicas, la transparencia democrática de los poderes y las organizaciones políticas y sociales, así como la responsabilidad del Estado en la integración social y económica.

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