Habilitacion

Sistema Único de Habilitación

Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB).

Origen y desarrollo

Dentro de las responsabilidades del Estado colombiano está la de proteger la vida, los derechos a la seguridad social y a la salud de todas las personas residentes en Colombia. Así mismo, tiene a su cargo la organización, dirección y reglamentación de los servicios públicos de atención de la salud y saneamiento ambiental y ejercer la vigilancia y control de la prestación de servicios de salud. Es su deber legal el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad,

Con la expedición de la Ley 715 de 2002, se ordena la creación del Sistema de Garantía de Calidad y del Sistema Único de Habilitación, entre otros temas. El Gobierno Nacional, mediante Decreto 2309 de 2002, hoy sustituido por el Decreto 1011 de 2006, reglamenta el sistema de garantía de calidad en el cual se incorporan cuatro componentes: el sistema único de acreditación de IPS y de EPS; el sistema de información a los usuarios, y EPS; la auditoría para el mejoramiento de la calidad, y el sistema único de habilitación de prestadores y EPS.

Qué es

El sistema de habilitación, un facilitador del incentivo legal para la calidad de la atención en salud, es un componente obligatorio y estatal del sistema de garantía de calidad y constituye la herramienta definida para autorizar el ingreso y la permanencia de los prestadores de servicios de salud en el sistema de salud. Su propósito fundamental es la protección de los usuarios de los potenciales riesgos propios de la prestación de servicios de salud.

El primero de ellos está orientado a autorizar el ingreso de los prestadores de servicios de salud en el sistema, y crear y mantener una base de datos actualizada de la oferta de servicios de salud en el país. Implica la evaluación por parte del prestador de servicios de salud en el interior de su institución, de todos los estándares que le sean aplicables según los servicios que preste, y en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, la realización de las acciones necesarias para cumplirlos, o en caso contrario, la

autorrestricción en la prestación de servicios.

Cuando se cumplen todas las condiciones, el proceso continúa con el diligenciamiento del respectivo formulario de inscripción en el registro de prestadores –sea un profesional independiente o una IPS–, y su presentación y radicación en la Dirección Departamental

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