ARGUMENTO RECURSO JUNTA NACIONAL

El Derecho a la seguridad social que consagra la Constitución Política busca la protección de todas las personas respecto a las contingencias que puedan afectarlos tanto en la vida diaria como en la actividad laboral, de allí se deriva el derecho de las personas que cuentan con condiciones especiales de salud a que se les califique completamente y de manera integral su estado, determinando el origen de las enfermedades y la pérdida de capacidad laboral, que permita acceder a las prestaciones contempladas en el Sistema de la Seguridad Social Integral.

La calificación de la invalidez ha sido ampliamente desarrollada tanto por la jurisprudencia como por la legislación nacional y ha sido entendida como “un mecanismo que permite establecer el porcentaje de afectación del “conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten al individuo desempeñarse en un trabajo habitual”

De lo anterior se desprende, que la pérdida de capacidad laboral ha sido considerada por la jurisprudencia constitucional, como “un derecho que tiene toda persona y que cobra gran importancia al convertirse en el medio para acceder a la garantía y protección de otros derechos fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, toda vez que, es determinante para establecer a qué tipo de prestaciones tiene derecho quien es afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común” Sentencia T-671 de 2012, Corte Constitucional.

Teniendo en cuenta lo anterior, reviste de vital importancia para la garantía efectiva de los derechos que me asisten como persona enferma y en estado de vulnerabilidad y que cuenta con una protección especial por parte del Estado por ser una persona que por mi condición de salud se encuentra en desventaja frente a los demás, el que me sea realizada una calificación integral que permita establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral REAL que tengo y que finalmente me permita acceder a una pensión de invalidez que asegure mi sustento económico y el de mi familia, dado el deterioro de mi estado de salud y por tanto de mi capacidad para realizar una actividad laboral que me permita acceder a una fuente de ingreso.

Frente ha este particular, la Corte Constitucional ha expuesto “(…) En efecto, en razón de la invalidez que tiene la persona y por su estado de debilidad manifiesta (art. 13 y 48 Const.), merece una protección especial, por la imposibilidad de encontrar otra fuente de ingresos con la cual se garantice su acceso al mínimo vital.” ,

Corresponde a las Juntas de Calificación de Invalidez en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1352 de 2013 realizar la calificación

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