AUDITORIA ADMINISTRATIVA

ANTECEDENTES.

Durante siglos las mujeres han luchado para que la sociedad reconozca la igualdad de género desde las diferencias biológicas que distinguen a los hombres y mujeres, y por los efectos negativos que se generan en las relaciones, las actitudes, los comportamientos, la cultura de personas e instituciones.

La búsqueda por hacer valer la igualdad jurídica, social y familiar llevó a las mujeres promotoras de los derechos humanos a cabildear, realizar campañas y manifestarse públicamente para colocar la igualdad de género en la agenda de las políticas públicas. Además, han exigido el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, y que la violencia contra las mujeres y las niñas sea considerada como una violación de los mismos.

Como resultado de estos movimientos, y en respuesta por parte del Estado Mexicano, el principio fundamental de igualdad jurídica entre hombres y mujeres se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1974, mediante la reforma al Artículo 4º.

A partir de 1975 las reformas legislativas en pro de la igualdad jurídica destacan la labor conjunta y de consenso de los partidos políticos promovida por las propias mujeres legisladoras federales y locales, quienes, más allá de las posiciones partidistas, han unido esfuerzos para alcanzar un objetivo común: la equidad de género. En ese tenor, fueron reformados algunos instrumentos normativos como códigos civiles y penales en varios estados de la República Mexicana, lo que busca garantizar los derechos de las mujeres.

En 1980 se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, el cual propuso un conjunto de iniciativas específicas orientadas a promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres. En 1985, se instaló una Comisión para coordinar las actividades y los proyectos sectoriales en la materia y preparar la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 1985).

Todos los esfuerzos anteriores fueron reconocidos por el Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la presentación de los informes periódicos 3° y 4°.

Finalmente, por iniciativa de varios partidos políticos y aprobada por mayoría por todas las fracciones parlamentarias representadas por el Congreso de la Unión, el 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Es mediante esta ley que se crea una instancia para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Actualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres opera con el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 (Proigualdad), programa especial que engloba las acciones de la Administración Pública Federal y establece una plataforma de líneas básicas de acción y objetivos para garantizar los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad, así como fortalecer las capacidades de las mujeres para potenciar su agencia económica a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo.

El Proigualdad prevé siete objetivos estratégicos: institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la Administración Pública Federal y construir los mecanismos para contribuir a su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado.

También garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación; el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil, así como su acceso a una vida libre de violencia.

Además, fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género, así como potenciar la agencia económica de este sector en favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo.

Otro de sus objetivos es impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de decisión en el Estado y consolidar la cultura democrática.

Por otra parte y en materia de género, Lamas (1996) plantea que la educación constituye uno de los pilares básicos en la transmisión de patrones culturales de género y son las escuelas, espacios sociales y educativos claves, para en ellas, operar transformaciones educativas y sociales deseables en la «conciencia» y «formación» del profesorado en materia de género y equidad (INMUJERES, 2004). El trabajo empírico, fundamentado en las teorías feministas, la pedagogía crítica y el enfoque sociocultural, tiene entre otros por objetivo, conocer los tipos de conciencia de género que tiene el profesorado en los centros escolares ya que esto permite conocer la factibilidad de que ellos operen transformaciones educativas y sociales en materia de género y equidad. Tomé (2002) señala que hay resultados que muestran la presencia de tipos de conciencia de género diferenciados en función del sexo del profesorado, así como, variables asociadas a los mismos, cuestión que justifica y fundamenta la propuesta de sensibilizar como punto inicial al profesorado.

El pensamiento educativo liberal de Dewey (en Brubacher, 2000), considera a la educación como parte de un importante proyecto político y social de transformación en dónde el aula es concebida como una empresa social en la que, quiénes la conforman, tienen la oportunidad de contribuir estando comprometidos con proyectos comunes, una forma de ejercicio de la democracia, en la que el/la profesor/a, no necesariamente tiene que ser “el jefe” que impone unos niveles exigidos por un currículum ajeno a las vidas y experiencias del alumnado, sino más bien quién “lidera las actividades del grupo”, que no impone sobre éste unos resultados inflexibles sino más bien unos puntos de partida a desarrollar mediante la contribución

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