Análisis De La Explotación De La Reserva Del Bloque Yasuní ITT.

Resumen

En el año 2008, en Ciudad Alfaro, provincia de Manabí, nace la nueva Constitución con que la República del Ecuador continuaría el camino trazado por el Plan Nacional del Buen Vivir. En una parte de su contenido, se reconoce a la Naturaleza como sujeto de derecho, y su hondo significado la define como un ente a ser defendido. El argumento actual del poder ejecutivo luce como una contradicción; la explotación del petróleo del Bloque Yasuní ITT se conocerá como hecho positivo o negativo para la economía ecuatoriana con el pasar del tiempo ya que la decisión provocará daños colaterales que afectarán la biodiversidad de la zona incluyendo la intromisión en la vida de las tribus no contactadas.

Palabras claves: Constitución, Naturaleza, petróleo, economía, biodiversidad

Abstract

In 2008, in Alfaro City, county of Manabí, a new Constitution was born with which the Republic of the Ecuador would continue with the path traced by the National Plan of the Good Living. In a part of its content, it is recognized to the Nature like a subject of right, and their deep meaning defines it as an entity to be protected. The recent argument of the executive power looks like a contradiction; the exploitation of the petroleum of the Block Yasuní ITT will be known as positive or negative fact for the Ecuadorian economy through the time; because this decision it will cause collateral damages that will affect the biodiversity of the area including the intrusion in the life of the Amazonian not contacted tribes.

Keywords: Constitution, Nature, oil, Economy, biodiversity

Introducción

Con casi un millón de hectáreas, el Parque Nacional Yasuní, compone, como lo demuestran los estudios más recientes, el lugar más biodiverso del hemisferio occidental (Bass, 2010). En este territorio sobreviven los dos últimos pueblos indígenas no contactados en el Ecuador (los Tagaeri y los Taromenane que habitan en tierras de los Huaorani). El Parque alberga también, en su subsuelo, una reserva de 846 millones de barriles extraíbles de petróleo pesado en el Bloque ITT. Este parque adquiere, entonces, un profundo valor simbólico, porque su futuro representa la contradicción entre el mantenimiento del patrimonio más significativo del Ecuador, compuesto por la biodiversidad y su riqueza cultural, y la extracción de recursos no renovables como el petróleo, que ha articulado el crecimiento económico durante los últimos cuarenta años. (Moreno C., 2014)

Lo precedente anticipa una lucha que se veía venir: por un lado, los ambientalistas defendiendo la posición de la no extracción, en defensa de la biodiversidad del parque; y por el otro, aquellos que defienden la extracción de estos mismos recursos afectando el mínimo posible de esa biodiversidad, con el argumento del mejoramiento de vida de la mayoría de todos los ecuatorianos y ecuatorianas.

En la Constitución, de acuerdo con el artículo 407 se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas, pero se puede hacer de manera excepcional, a pedido de la Presidencia y previa declaratoria de interés nacional de la Asamblea. (Ecuador, 2008) Por ello, el presidente de la República señaló que en el decreto N° 74, firmado el 15 de agosto de 2013, ordena la “elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos” para solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de “interés nacional” al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní. Agregó que solo se afectaría menos del 1 por mil del Yasuní y que la explotación, sobre la base de los precios del petróleo, arrojaría un valor presente neto de $ 18.292 millones, más de $ 11.000 millones adicionales a lo que originalmente se había estimado.

Es el tiempo quien dará la razón a cualquiera de los dos argumentos. Se trata pues, de comprobar si el gobierno actual del Ecuador mejorará la calidad de vida de los ciudadanos con los resultados de la explotación, si se irán disminuyendo los niveles de pobreza, si se incrementarán las negociaciones comerciales internacionales en beneficio del país. Debemos tomar en cuenta también que, en este lapso, se establece la rigidez y delimitación de proyectos en la Matriz Productiva, la cual empezó a promover la cultura de lo nacional, respecto al tema de las importaciones, bajo la guía y patrocinio de la Vicepresidencia de la República, como tema apegado al Plan Nacional del Buen Vivir, forjado por la Revolución Ciudadana y amparada en el contexto del Socialismo Siglo XXI.

Descripción e importancia del parque nacional Yasuní: ventajas y desventajas de su explotación

Según la Iniciativa Yasuní ITT (en el denominado Plan A), el estado ecuatoriano se debía comprometer a dejar bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo en la reserva ecológica del Yasuní, para evitar la emisión a la atmósfera, de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono — que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles — a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional por una fracción del valor estimado por el 50% de las utilidades que percibiría si se diera la explotación de este recurso (unos 350 millones de dólares anuales). (Acosta & Gudynas, 2009). Los fondos captados por esta operación se reinvertirían en el Ecuador en tres líneas:

- Manejo de 19 áreas protegidas,

- Un programa de reforestación nacional y

- El cambio de matriz energética.

Sobre los porcentajes dedicados a cada uno de estos fondos no hay consenso. Estos fondos serían manejados por un fideicomiso, sobre cuya integración, existen discrepancias entre los posibles aportantes y el gobierno ecuatoriano.

El 15 de agosto del 2013, el gobierno de la Revolución Ciudadana dio por terminada la iniciativa que se conoció como Plan “A” y señaló el inicio de la explotación petrolera en la zona, que era el Plan alterno conocido como “B”. Al declarar el presidente Correa como de interés nacional la explotación petrolera de los bloques 31 y 43, en el sector del Yasuní, se adujo también que la iniciativa generaría ingresos por 18 mil millones de dólares, y se podría alcanzar una producción anual de 275 millones de barriles de crudo. Se declaró además, a través de los ministros del ramo correspondiente que todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) recibirán ingresos adicionales por $ 1.568 millones y de la Amazonía, por la aplicación de la Ley 010 y excedentes petroleros, obtendrán $ 2 mil millones extras.

Según los impulsadores del proyecto, uno de los principales beneficios es, que la reinversión del capital aportado en fuentes renovables de energía reduce o elimina la generación de electricidad

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