CONTROL JURISDICCIONAL DE LA ACTIVIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONTROL JURISDICCIONAL DE LA ACTIVIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las Entidades Públicas, y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

Promover la comunicación e intercambio sistemático de información entre las Unidades de Resolución Alternativa de Conflictos a fin de compartir estrategias que beneficien a todos los países y se aproveche los resultados para mejorar los sistemas de este tipo en Iberoamérica.

3. Exhortar a los profesionales de los medios de comunicación a que establezcan procedimientos y regulaciones, preferentemente a través de la previsión de buenas prácticas y mediante fórmulas de consenso, a fin de hacer compatible la debida información con la preservación de independencia judicial.

4. La utilización de una técnica normativa adecuada, que asegure la unidad del ordenamiento y la coherencia del mismo en torno a sus principios informadores, que reafirme la supremacía de los derechos y principios recogidos en las normas constitucionales y el respeto al sistema de fuentes, y que responda a criterios de calidad, claridad, publicidad y viabilidad, constituye un instrumento esencial para la seguridad jurídica.

RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Hablar de responsabilidad social en este país, no es una tarea fácil, Es en esta “atmósfera” en la que vivimos, donde el tema de la libertad de expresión, el derecho a la información, es uno de los más discutidos y más cuestionados. Uno de los objetivos fundamentales de esta ley es contribuir” con la transformación democrática del país y hacer realidad los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” en especial los relacionados con el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación libre y plural.

Por todas estas razones, la ley de Responsabilidad social busca la participación activa y contralora de la ciudadanía en todo el proceso de producción, distribución, circulación y consumo de mensajes mediáticos. Para hacer realidad esto, la ley prevé la figura del productor independiente nacional y los Comité de usuarios como formas específicas de participación ciudadana.

De igual modo, esta ley prohíbe la censura previa y exige la responsabilidad posterior, así como el derecho a replica que todo ciudadano tiene cuando cree vulnerado sus derechos, como una forma de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, puesto que las dos son las caras de una misma moneda. Esto

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