Comunidades Campesinas

PRIVATIZACION CON FINES DE LUCRO

La iniciativa, lanzada por la ministra de Justicia, Rosario Fernández, de promover la privatización de los penales en el país, causó un debate que, en lo que concierne a la ministra, solo se podía admitir un tipo de opinión: a favor.

El primero en enterarse de las reglas ministeriales fue el hasta el viernes pasado presidente del INPE, general PNP (r) Gustavo Carrión. Este veterano oficial, con una larga experiencia en el manejo de prisiones, opinó en contra de la privatización. Poco después, el viernes 1 de febrero, Carrión recibió una llamada de la ministra Fernández.

“Me llamó y cuestionó el hecho de que haya dicho cosas contrarias a las que ella estaba diciendo sobre la privatización de los penales. Le dije que había que tomar con mucho cuidado el tema de la privatización y no hacer de ello un dogma. La ministra respondió que estaba en otra línea y que, entonces, era preferible dar por agotada la designación. Le dije que no había ningún problema y que ella tenía todo el derecho de tener el margen de maniobra para llevar a cabo las reformas que tiene previstas. Al cabo de veinte minutos de haber terminado la conversación, le envié mi carta de renuncia por fax”. (ver carta)

Sin embargo, esa noche el ministerio de Justicia sacó un comunicado dando por concluidas las funciones de Carrión. Varios medios de prensa, cuyo primer contacto en el ministerio es el funcionario Jaime Chincha, presentaron el cese como una destitución.

Un día antes se había hecho pública la lista de los miembros de la comisión encargada de evaluar el posible proceso de privatización de los penales.

Varios de los nombres en esa comisión hacían tan previsibles sus recomendaciones, como si se les consultara el estilo de corte de cabello a los hare krishnas. En efecto, el presidente de la comisión es Gonzalo Prialé y uno de sus miembros destacados, es Fritz Du Bois. Tanto el uno como el otro, ya que hablamos de hare krishnas, tienen a la privatización como mantra para toda hora, lugar y uso. En el caso de Du Bois, que trabaja como periodista en El Comercio, parece que no hubo mayor preocupación por el conflicto de intereses que representa esta comisión con la labor periodística.

De acuerdo con lo que IDL-SC ha averiguado, hubo hasta ahora tres reuniones de cuerpo presente y varias virtuales, bajo la premisa, como dijo uno de los participantes, de “buscar alternativas para tercerizar”.

El aspecto penitenciario es una de las partes más importantes en el proceso de seguridad pública. Si no funciona bien, los efectos se sentirán en todos los ámbitos de la seguridad: el policial, fiscal, judicial, y sobre todo en la calle. Suele ser, sin embargo, uno de los menos analizados y de los más olvidados en la gestión pública, excepto cuando algún motín carcelario o alguna tragedia humana vinculada con el encierro, lo ponen brevemente en la atención pública.

¿Significa eso que la privatización de las prisiones es la solución automática frente a la desidia estatal? No necesariamente. Pero, para tener una opinión informada sobre el tema, conviene repasar los datos fundamentales y frecuentemente paradójicos de la realidad carcelaria peruana.

En el Perú, hay 41 mil 546 presos, según datos del INPE en diciembre pasado. De ellos, 38 mil

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