Constitucion De Guatemala

EL PREAMBULO EN LA CONSTITUCION POLITICA

DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

La Constitución Política de la República de Guatemala, cuenta con un preámbulo, del cual se discute su valor jurídico, ya que puede comprender un carácter meta-jurídico, fronterizo con la moral, elemento para la interpretación y no para aplicación concreta; se le reconoce también como parte integrante de la constitución por cuanto son fines que se trasladan del derecho natural al derecho positivo, de donde se deriva su aplicabilidad. Para algunos pensadores, que toman como referente constitucional, las constituciones Europeas antiguas, las mismas solo se integran con dos partes: una parte dogmática o pliego de derechos fundamentales; y otra parte que es la parte orgánica, en la que se organiza la estructura funcional del Estado.

Partiendo de la concepción de Estado manifestada por el Licenciado Buenaventura Echeverria S. al indicar que “La sociedad, debidamente organizada con el fin de atender y velar por los intereses y fines comunes, tanto de los individuos como del territorio, y para cumplir, y hacer que se cumplan y se hagan efectivos los derechos y obligaciones políticas se llama Estado, que es por consiguiente, la sociedad organizada con fines de derecho” .

Cuando se habla de fines del Estado, se puede distinguir fines internos y fines externos; los externos se refieren a las funciones que el Estado habrá de ejercitar en su relación con los demás Estados, para buscar asegurar y mantener la integridad territorial y su soberanía nacional, que en resumen son la vida misma de la nación y sus instituciones, puesto que la supervivencia es esencial tanto al cuerpo jurídico-político, como al individual, puesto que si no se ejerce soberanía sobre determinado territorio, no hay Estado en él. Otros fines externos se refieren al derecho de darse sus propias leyes, de emitir su moneda, de darse sus propios gobernantes, pues estos también son atributos esenciales que afectan la existencia misma del Estado y a la nación en su conjunto.

En cuanto a los fines internos, estos pueden clasificarse en dos grupos, los fines fundamentales y los fines transmisibles; los primeros son propios del Estado y requieren poder o coacción para su debido cumplimiento, por ejemplo para que se cumpla con los derechos humanos y los que buscan el desarrollo, el bienestar y los intereses sociales, tales como el mantenimiento de la paz y orden público. Así como el de garantizar la libertad individual en todas sus formas; los segundos, o sea los transmisibles, pueden dejarse al cumplimiento de la sociedad sin que sea precisa la intromisión del Estado, también pueden identificarse como fines sociales, porque en virtud del progreso y desarrollo de aquella ya no se hace necesaria la coacción o dirección oficial para concretarlos o mantenerlos, como los fines educativos, culturales, de sanidad y beneficencia; la cooperación del trabajo y el capital, así como el incremento de la riqueza individual.

Se puede concluir que el fin jurídico del Estado y fundamento teleológico de su existencia es la realización del derecho en general, incluyendo todas las ramas del qué hacer individual y social.

Derivado de lo anteriormente expuesto, el preámbulo de una constitución se

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