Crisis Venezolana
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1Perspectiva para una salida a la crisis social y económica de Venezuela
Disminución de la Calificación de Venezuela al profundizarse la crisis
Económica y política: la Perspectiva es Negativa
La perspectiva de las calificaciones en moneda extranjera continúa siendo negativa. La disminución de calificación refleja el empeoramiento y el tenso estancamiento político y la profundización de la crisis económica. La fuerte desconfianza que existe entre el gobierno, impide una solución a la crisis de gobernabilidad, habiendo resultado en una contracción interanual del 9,9% en el segundo trimestre de 2002 afirmó un analista de Standard & Poor's Bruno Boccara. A pesar de los elevados precios del petróleo, el desempleo y la inflación están incrementándose, reflejando la falta de efectividad de las políticas económicas del gobierno.
Aunque la depreciación de casi un 100% del peso bolivariano con respecto al dólar estadounidense en un año contribuyó significativamente a reducir el déficit fiscal Standard & Poor's espera que el déficit del presupuesto del gobierno central ascienda a 1,1% del PIB para el año 2002 el gobierno se encuentra enfrentando agudas dificultades en su autofinanciamiento, como queda reflejado en su intención de modificar las reglamentaciones de redistribución de las ganancias del Banco Central de Venezuela.
Standard & Poor's considera que el servicio de deuda para lo que resta del año puede cubrirse vendiendo los activos líquidos del sector público. Será difícil cumplir con los pagos de capital e intereses que vencen en el año 2003, debido fundamentalmente a que los vencimientos de los bonos denominados en pesos bolivarianos. Los mercados de capitales externos continúan cerrados a la deuda de Venezuela, y los bancos locales se han mostrado renuentes a renovar los préstamos existentes aun a elevadas tasas de interés.
Las calificaciones de Venezuela se encuentran limitadas por Serias limitaciones de financiamiento. Los recursos del FIEM, contrariamente a lo que se esperaría de un fondo de estabilización de petróleo, se han agotado a pesar de que los precios del petróleo son elevados. La administración de la crisis de liquidez durante el año 2003 presentará desafíos significativos.
3. La crisis fiscal y financiera en Venezuela
La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector público. Se produce un cambio en la política fiscal, cuando el Estado cambia sus programas de gasto o cuando altera sus tipos impositivos. El propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena. Como hemos dicho anteriormente la Política Fiscal tiene 2 componentes, el gasto público y los ingresos públicos.
Política Fiscal Actual
El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica propone una reducción del gasto público, y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente, a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación económica. El presupuesto fiscal del año 2000, tiene un nivel de gasto total acordado de Bs. 17.878 Millardos, equivalente al 24,2% del PIB, aumentando su nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999.
En referencia a la clasificación económica del gasto, el mismo presenta una orientación que está en sintonía con los lineamientos estratégicos de este Programa Económico. Los gastos corrientes se ubican en monto de Bs. 12.718 Millardos, equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan sólo 0,3 puntos del PIB con respecto al año precedente. Los de capital, se sitúan en Bs. 2.967 Millardos, equivalentes al 4,0% del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al gasto presupuestado del año 1999, y por último, las aplicaciones financieras, dentro de las cuales se encuentran la amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs. 2.192 Millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una variación con respecto al año pasado de 0,1 puntos del PIB.
Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone una reestructuración del actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para aumentar la recaudación y evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación de una serie de instrumentos de recaudación que permitan reducir el déficit fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal para el año 2000, fija como meta en los ingresos ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561 Millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando su participación en 5,7 puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados por la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 Millardos, equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales.
Instrumentos Fiscales
Los economistas de finanzas públicas consideran que el sector público tiene tres ramas de actividades o tres funciones principales:
La función de estabilización y crecimiento, que se interesa en mantener el balance macroeconómico a fin de prevenir tanto grandes inclinaciones en el empleo y la actividad económica y severos ataques de inflación, así como asegurar una adecuada tasa de crecimiento económico.
La función de distribución, que se refiere a la adecuada distribución de la renta entre los diversos grupos de la economía.
La función de asignación, que se relaciona con la eficiente asignación de recursos en toda la economía. Cada una de estas funciones representa no solamente un objetivo legítimo de política gubernamental sino también un importante aspecto de desarrollo económico.
Las tres metas del sistema tributario señaladas anteriormente, con frecuencia están en conflicto, particularmente cuando se deben mantener los ingresos globales, forzando así a los formuladores de políticas a escoger entre las mismas al tomar sus decisiones de política tributaria. Más importante en ese respecto, es el conflicto entre un sistema tributario eficiente o uno que interfiere menos con el comportamiento económico y crean un menor impacto sobre las decisiones para trabajar o ahorrar o invertir, y un sistema tributario de distribución deseable o uno que logre mejor los objetivos de equidad de la sociedad.
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