DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y POBREZA EN COLOMBIA

D I S T R I B U C I O N D E L I N G R E S O Y P O B R E Z A E N C O L O M B I A

En Colombia el tema de distribución del ingreso y pobreza posee una importancia indudable y más aún después de enfrentar las diferentes crisis algunas de ellas con carácter de severas en siglos pasado, más específicamente en la década de los 90, la cual trajo consigo graves consecuencias sobre la economía y por consiguiente aumentos en los niveles de pobreza e inequidad en la distribución del ingreso en la población del país. Para adentrarnos en este tema daremos una breve definición de pobreza utilizando el enfoque del DANE que define a la línea de pobreza como la representación de un ingreso mínimo para acceder a una canasta de bienes y servicios básicos, así, el área bajo la línea corresponde al porcentaje de población que no puede acceder a los bienes y servicios especificados en la canasta familiar. Bajo este enfoque la medición se hace estableciendo ingresos y gastos mínimos para alcanzar condiciones de vida óptimas, considerando pobre a la población que perciba ingresos inferiores al límite establecido. La distribución del ingreso la entenderemos como un indicador económico global que muestra la relación entre la población y el ingreso nacional en un periodo determinado .

Una de las características predominantes dentro de la estructura económica Latinoamericana es la desigualdad en la distribución de los ingresos, la cual es altamente inequitativa y aunque mejoro en algunos países, para la década de los 90 la situación Latinoamericana presenta diferencias significativas en el tema en cuestión. En nuestro país Colombia entre 1990 y 2000 se experimentó una fuerte concentración del ingreso en la que la participación de los pobres en el ingreso total se redujo de 4,8% a 3%, mientras que los más ricos incrementaron su participación dentro del ingreso total pasando de un 54,1% a un 61,7% y esto debido al mayor acceso a la educación por parte de la población con mayores ingresos por lo que lograron absorber una gran parte de los ingresos laborales del país durante la década de los 90 y esto sin tener en cuenta que para inicios de esta misma década se presentaron reformas impulsadas con la constitución de 1991 que descentralizaron y aumentaron la inversión del gasto social en capital humano, salud y educación, sectores con gran efecto redistributivo en el largo plazo y cuya participación paso de un 3,7% a un 8,1%. Los sectores de seguridad social y trabajo, vivienda y otros fue pro cíclico aumentaron en el primer periodo y luego disminuyeron con la crisis económica que se presentó en el segundo. La contracción de la economía dejo niveles de desempleo, desigualdad y pobreza muchos más elevados que antes de la crisis debido a que el país no contaba con una red de apoyo social que para enfrentar las consecuencias de una recesión económica. Estas situaciones fueron entre otras las que determinaron los incrementos en los niveles de pobreza en nuestro país durante la época mencionada.

El gasto público social que se presentó durante los años 90, debido a las reformas estructurales en sus inicios mantuvo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población evidenciándose en el mejoramiento de indicadores sociales como la tasa de mortalidad infantil, la disminución de la tasa de fertilidad y el incremento significativo de las tasas de alfabetización y de matrícula escolar, sin embargo los programas de asistencia social con que contaba el país no pudieron minimizar los efectos de la crisis por la falta de financiación y la inflexibilidad institucional entre otros. El nivel de gasto alcanzado por Colombia en esta época fue un logro considerable aunque insuficiente frente a las necesidades de la población, sin embargo se podría decir que compenso en parte el deterioro de los ingresos familiares por el cual se han agudizado la pobreza resultante de la insuficiencia de ingresos y el aumento de la desigualdad. Entre los logros obtenidos para la época se presenta el aumento de acceso de los más vulnerables a los servicios sociales básicos, los subsidios del sistema educativo nacional de primaria y secundaria, el sistema de seguridad social en salud del régimen subsidiado, el programa de alimentación escolar, el programa de alimentación escolar y del programa de atención al menor favoreciendo a los más pobres. Como hemos mencionado se presentaron importantes coberturas en la educación por el incremento de la participación del sector público en el total de la matricula pero la entrada tardía a la escuela y la repetición de cursos del total de niños entre la edad de 7 y 11 años, generaron ineficiencias debido a que los cupos eran utilizados en parte por personas mayores de edad y repitentes. En los diez años de análisis, las coberturas en primaria y secundaria se incrementaron aun más en la zona rural respecto a las cabeceras municipales. Además, en la zona rural hubo un crecimiento sostenido de la oferta educativa en primaria, que se debió, en parte, a la atención de niños en extra-edad. Al contrario, en las cabeceras municipales, la extra-edad disminuyó y, por consiguiente, se mejoró la eficiencia del sistema educativo en esta zona del país. Contrario al nivel de primaria, la extra-edad en secundaria es mucho mayor en las cabeceras municipales que en la zona rural. La cobertura en educación superior se ajustó al ciclo económico. En la primera mitad de la década anterior creció por la mayor disponibilidad de ingreso privado destinado a la educación superior; pero no fue así en la segunda mitad de la década, y al contrario, muchos jóvenes se vieron obligados a abandonar los establecimientos de educación superior para incorporarse a la fuerza laboral, aunque la matrícula oficial creció. Hacia adelante todo indica que, en vez de subsidiar las matrículas en las universidades oficiales a los más ricos (o a los actualmente pobres pero que mañana no seguirán siéndolo), es mejor promover un buen sistema de crédito estudiantil.

Otro paliativo contra el efecto de la crisis sobre la población más vulnerable fue el continuo incremento del aseguramiento en salud, y ello pese a que el acceso a los servicios de salud en consulta médica no tuvo el mismo comportamiento. Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 , el acceso a la consulta médica creció por encima del ciento por ciento entre 1993 y 1997, mientras en 2003 el acceso a este servicio cayó a un nivel inclusive inferior al de 1993. Igualmente, descendió la percepción de enfermedad y la asistencia a consulta con un médico general entre 1993 y 1997, lo que podría explicarse por la puesta en marcha del sistema de copagos y de otras barreras que racionalizan o limitan más de lo debido el acceso a este servicio, obligando

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