Derecho Administrativo

1. 1 DERECHO ADMINISTRATIVO

Ámbito de aplicación

En cuanto a normas de organización, el Derecho administrativo establece los órganos e instituciones a través de los que actúan la Administración Pública, desde los servicios centrales, los órganos desconcentrados, descentralizados y organismos autónomos dependientes de otras instituciones y, en su caso, los Consejos de Ministros, los Ministerios, Secretarías Generales, Direcciones generales, Subsecretarías, órganos representativos de las entidades que componen la Administración local, de empresas públicas, entre otros que no sean los mismos.

La mayoría de estos órganos tienen como característica común, la competencia para actuar con prerrogativas o poderes superiores a los que poseen los particulares (imperium). En lo que respecta a las normas de funcionamiento, es preciso señalar que el Derecho Administrativo sólo regula aquellas actuaciones de la Administración Pública en las que los órganos administrativos actúan investidos de potestades públicas, es decir, están revestidos de imperium.

En tanto que en la vida privada los derechos y obligaciones se crean casi siempre por vía contractual, la Administración debe, en interés del servicio público, poder imponer, unilateralmente, sin necesidad de previo pronunciamiento judicial, obligaciones a los particulares, y su decisión debe ser tenida como jurídicamente válida en tanto que el interesado no promueva su anulación por el juez. '

1. 2 LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL DEL ESTADO

Es una máxima aceptada en el derecho internacional que cada nación soberana tiene el poder, inherente a su soberanía, y esencial a su auto preservación, de prohibir la entrada de extranjeros dentro de sus dominios, o admitirlos sólo en aquellos casos y bajo condiciones que puedan ajustarse para prescribir.

Este clásico pronunciamiento judicial describe un sistema internacional construido a partir de Estados nación. Los Estados son las unidades fundamentales que ejercen la autoridad en asuntos sobre migración.

Esto significa que:

• Los Estados cargan con la responsabilidad primaria de asegurar la salud, seguridad y bienestar económica de su población, que en mayor medida, está compuesta por sus ciudadanos.

• Los Estados basan a menudo su política en sus propios intereses, en la migración y en cualquier otra área, decidiendo la mejor forma de avanzar en la salud, seguridad y bienestar económico de sus propios ciudadanos.

• Los Estados tienen autoridad permanente para fijar sus propios criterios para decidir quién puede entrar o permanecer y por lo tanto determinar quién será incluido en la población que se beneficia del cumplimiento del Estado de sus obligaciones primarias en derechos humanos.

Los Estados calculan la mejor forma de avanzar en salud, seguridad y bienestar

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