Derecho Privado

Explicación del tema 20

Derecho privado

Tema 20. Las crisis financieras de las empresas y los concursos mercantiles

En México, la materia mercantil es un asunto dispuesto bajo la orden federal y la Ley de concursos mercantiles en vigor, misma que se publicó en el Diario oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000.

La exposición de motivos presentada junto con la iniciativa de ley señala que, para su elaboración, la comisión redactora tomó como referencia el núcleo fundamental de los principios contenidos en la Ley de quiebras y suspensión de pagos de 1943.

Sin embargo, la nueva disposición atacó directamente algunos problemas que generaron bajo la normatividad de su precedente y, como señala el texto de iniciativa, también procuró hacer las adecuaciones y adaptaciones necesarias para que la nueva ley fuera más acorde a la sociedad y prácticas contemporáneas.

Hay que destacar el cambio de nomenclatura que sufrió, pues abandonó una denominación que subrayaba apenas las instituciones de su paridad legal –la quiebra y la suspensión de pagos– para adoptar un nombre mucho más genérico y de mayor precisión procesal.

De este modo, los autores de dicha iniciativa identificaron como objetivos centrales del derecho concursal:

“proporcionar la normatividad pertinente para maximizar el valor de una empresa en crisis mediante su conservación”, y

“[E]n caso de que fuese imposible, conservar la empresa en manos de sus dueños”.

Otro detalle importante fue el permitir la instrumentación de normas en favor de:

“preservar el valor económico de la empresa o de los bienes, y derechos que la integran mediante un procedimiento de liquidación ordenada, que maximice el producto de la enajenación y diera trato equitativo al comerciante y sus acreedores.”

El sistema mexicano para los concursos mercantiles se rige bajo la supervisión del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, y vale la pena hacer notar las siguientes características:

1. El concurso mercantil es un procedimiento unitario que busca prevenir la quiebra del comerciante.

2. Consta dos etapas: la conciliación y la quiebra.

3. La conciliación tiene los efectos de la suspensión de pagos, pero está temporalmente acotada.

4. Ésta opera ipso facto e ipso jure por voluntad del empresario mercantil, aunque limitada a un plazo fatal de seis meses, y con la posibilidad de una sola aplicación extra, que no exceda el plazo de los tres meses.

5. El carácter perentorio que se da a la etapa de conciliación tiene como propósito generar un poderoso incentivo para que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo.

6. Su finalidad será maximizar el valor social de la empresa fallida mediante un convenio entre el comerciante y sus acreedores.

7. Se establece la institución en conciliación como: una institución profesional e independiente que favorece la generación y difusión de información relevante, en pos de propiciar las mejores condiciones para un acuerdo a futuro.

8. Se mantiene a un juez como órgano central y rector del proceso, pero el papel más relevante lo juegan los especialistas que le asistan como autoridad en el entendimiento, manejo, y toma de decisiones respecto a los problemas administrativos, industriales, comerciales, económicos y financieros que resulten necesarios para la rehabilitación o, en su caso, para la liquidación de la de las empresas en crisis.

9. Se considera que el juez debe intervenir en las controversias jurisdiccionales, siempre y cuando se trate de cuestiones administrativas o financieras, pero carece de voz en la toma final de las decisiones.

10. Se hace una cuidadosa distinción entre aquellas cuestiones que, por afectar los derechos del comerciante y de otras partes interesadas, o suponer un litigio entre ellos, sean de naturaleza judicial; y aquellas otras que sean de carácter comercial,

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