Derechos de los participantes en el proceso penal

El derecho de todo ciudadano -a todos los que sean parte en el proceso penal- a un proceso sindilaciones indebidas o a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable o sin retraso, es un derechofundamental de naturaleza reaccional que se dirige a los órganos judiciales, creando en ellos laobligación de actuar en un plazo razonable el ius puniendi o de reconocer y, en su caso, restablecer inmediatamente el derecho a la libertad. La lenta reacción judicial, sin justificación, origina y propiciauna causa o motivo en cierto sentido de despenalización porque el reproche judicial viene ya viciado por extemporáneo.Este derecho no se identifica con el mero incumplimiento de los plazos procesales y comporta lautilización de un concepto jurídico indeterminado que necesidad ser dotado de contenido concreto encada caso, atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico. Su vulneración se produce siempre como consecuencia de una omisión que realiza un órgano jurisdiccional sobre aquellaobligación constitucional de resolver dentro de los plazos previstos las pretensiones que se formulen.La primera condición para ejercer este derecho de este derecho es que se incumplan los plazos previstos en la ley; corresponde a la autoridad judicial, por imperio del principio de impulso de oficio,vigilar y subsanar, en su caso, el cumplimiento de los plazos procesales. La segunda condición -ydecisiva- es que esta dilación o retraso sea indebido; se trata de un concepto jurídico indeterminado,cuya apreciación debe realizarse caso por caso y según las circunstancias, siendo de analizar treselementos puntuales: a) la complejidad del asunto o causa; b) el comportamiento del agente -de laactuación de buena o mala fe dependerá la calificación de indebido- en el curso del procedimiento; y, c)la actitud del órgano judicial (determinar si medió inactividad de su parte, si fue el causante de lasdilaciones).Este derecho vulnerado exige de parte de la autoridad judicial su inmediato restablecimiento, valedecir, la emisión de la resolución cuya tardanza se ha puesto de manifiesto, sin perjuicio -en su caso- dedeclarar el derecho indemnizatorio que asiste al perjudicado; por el Estado, si la dilación se debe a unfuncionamiento anormal de la administración de justicia, o por el particular culpable, si a él se debe ladilación indebida. Sin embargo, la opción que va teniendo cada vez mayor consistencia, es aquella que postula declarar, junto a la vulneración del derecho al plazo razonable, la reducción de la pena que -como mínimo- requeriría su reparación

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