ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO EN EL PERU

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Facultada de Ciencias Contables

Tema: Economía Social Del Mercado En La Constitución Peruana de 1993.

Profesor: Dr. Rogelio Caceda Ayllon.

Curso: Constitución Desarrollo y Defensa Nacional.

Integrantes:

 Alayo Macaya, Cristhian Alexis.

 Meza Morales, Pedro Elias.

 Silvia Pelayo, Anabel.

2010

S U M A R I O

ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO EN EL PERU.

I. INTRODUCCION

II. CONCEPTO DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO

III. CONSTITUCION Y REGIMEN ECONOMICO EN EL PERU.

IV. CONCLUSIONES

I. INTRODUCCION

La mayoría de las constituciones de los países de América Latina contienen como precepto, que las actividades económicas y sociales deben desenvolverse dentro del marco establecido por la economía social de mercado.

Esta misma propuesta, se detalla en los discursos políticos, textos, opinión y también en documentos doctrinarios de casi todos los partidos políticos; en el Perú, también se ha plasmado en los acuerdos de concertación con participación de todas las fuerzas políticas de la sociedad, como en el acuerdo de la nueva constitución, sobre el cual hubo un acuerdo casi unánime.

Este consenso tácito entre políticos, empresarios e intelectuales, se debe al reconocimiento de que la economía de libre mercado sin restricción alguna genera, por un lado desigualdades sociales difíciles de soportar y por otro lado, tendencias polarizantes, debido a los ciclos económicos que han caracterizado el desarrollo de los países occidentales desde comienzos de la revolución industrial, originando lapsos de crisis económica, social y política en algunos casos de extrema gravedad.

Al término de la II Guerra Mundial, la opinión pública, la clase política y los académicos, coincidían en que era necesario superar al capitalismo o “civilizarlo”. Los proyectos de “capitalismo civilizado”, que finalmente prevalecieron en los países occidentales más avanzados, recurrieron a una serie de mecanismos más o menos pragmáticos a través de los cuales, se erigirían las bases de una sociedad más igualitaria y se evitarían las continuas crisis económicas; estas reflexiones dieron origen a conceptos como el de la economía mixta, la economía social de mercado, la democracia social o el arreglo entre las clases y así en casi todos los países occidentales altamente industrializados, se dio por hecho que se había encontrado una síntesis de solución con programas sociopolíticos para formar una sociedad prospera e integrada sin desplazados.

Sin embargo, pese al consenso existente, no hay criterios unánimes sobre cómo debe operar una economía social de mercado ni se conoce a ciencia cierta cuáles son los beneficios que esta podría traer a la sociedad, si se lograra institucionalizarla.

En el ámbito de América Latina, este consenso significa, que la mayoría de los latinoamericanos, habría aceptado que a través de los mecanismos de la economía social de mercado, se han de conseguir los mejores beneficios para las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto; sin embargo estos beneficios solo ocurrirían si se dan las condiciones para que el mercado funcione de manera adecuada, sin distorsiones; es decir para que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de lograr su bienestar.

Estas condiciones no existen en América Latina, ni en ningún lugar del mundo, por razones naturales e históricas, pero sobre todo por razones de defecto en las reglamentaciones económicas, las que en muchas ocasiones, han sido concebidas para favorecer a unos sectores (o personas), en desmedro de las mayorías; esta situación, provoca el desaliento de la inversión, que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, pues impide que las personas de menores recursos tengan la oportunidad de participar adecuadamente en los sectores importantes para ellos como salud, educación, alimentación, entre otros.

Para que un mercado funcione de manera perfecta y sea beneficioso para todos los que participan en él, es imprescindible, que se cumplan algunas condiciones básicas: que todos tengan información correcta para tomar decisiones correctas, que no existan agentes económicos que monopolicen la oferta o la demanda de algún bien o servicio, que no se permita acuerdos entre los agentes económicos cuyo resultado, sea el control del mercado de algún bien o servicio.

Si por razones naturales, de mercado, históricas o de política económica imperante, estas condiciones no se dan en algunos mercados, es necesario que el Estado intervenga, para tratar de corregir las imperfecciones, fomentar la competitividad, ordenar el sistema económico, pero, principalmente, para que las personas de menores recursos puedan participar efectivamente en el mercado. De esto se trata la economía social de mercado; acompañada de un claro diseño estructural del gobierno, con funciones claramente establecidos del papel del gobierno central, regional, municipal y la sociedad en su conjunto.

En una economía social de mercado, al gobierno central (la presidencia y ministerios), le correspondería definir las políticas gubernamentales (la monetaria, la educativa, de salud, las sectoriales) y supervisar su ejecución. En este tipo de estructura, ni el presidente ni los ministerios manejarían dinero, ni ejecutarían proyectos o acciones de carácter productivo o social; como tal no existiría la posibilidad de apropiación ilícita de fondos públicos, ni de realización de obras populistas. El desarrollo de proyectos y acciones serian competencia de los gobiernos descentralizados o directamente de la sociedad a través de sus agentes económicos y sociales. De esta manera, los servicios de salud y educación que financia el Estado podrían ser brindados por agentes privados.

Con una estructura de la naturaleza descrita y con una economía social de mercado en vigencia, la posibilidad de un populismo se aleja, porque ya esta establecida la obligación del Estado de financiar los servicios sociales y de alimentación a las personas menos pudientes, los dineros del fisco irían directamente a los más necesitados y no a la burocracia; del mismo modo, la posibilidad de apropiación ilícita de fondos públicos seria menor, pues ni la presidencia ni los ministerios ejecutarían proyectos o acciones; el desarrollo y bienestar seria responsabilidad de la sociedad. Las reglas de juego serían permanentes y en consecuencia, los empresarios tendrían más confianza en invertir

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