Ecología, política y ética

1.1 ECOLOGÍA, ÉTICA Y POLÍTICA.

Ecología, política y ética, constituyen una triada necesaria para comprender la complejidad de los diferentes problemas ambientales que han comenzado a manifestarse, cada vez con mayor fuerza, alrededor del planeta. Si bien la tradición de la ciencia moderna ha manejado a estas tres disciplinas de forma independiente,

como reflejo de la separación aún mayor entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y la filosofía; la manifestación y profundización de una crisis ambiental que puede tomar grandes dimensiones, está empujando a la indispensable complementariedad entre las tres. De esto quiere dar cuenta el presente número de Folios: de cómo el pensamiento ecológico pierde fuerza si no es complementado con

la capacidad política para poner en marcha soluciones que reconozcan la complejidad de la naturaleza y la sociedad; de cómo, sin la amplitud de miras científicas de la ecología, con su poder de integración de los diferentes elementos que forman un sistema, las políticas públicas permanecen desarticuladas entre sí y sólo responden de forma parcial y fragmentada ante los problemas que representa el manejo social del medio ambiente. Así también, se pretende exponer la forma en que tanto ecología como política requieren de la reflexión ética para corregir sus excesos de pragmatismo, los cuales derivan en la corrupción de sus

propósitos; ya que, por un lado, en nombre de la objetividad científica se ha caído en el error de generar “ciencias sin conciencia”, es decir, aplicaciones científicas y tecnológicas dañinas para los ritmos de la vida; y por otro lado, en nombre de esa misma objetividad, se han desarrollado discursos políticos irresponsables con el medio ambiente, que justifican la devastación utilizando como parapeto las ideas del progreso, el desarrollo e incluso la razón de Estado. Entre ecología y política es necesaria la ética, para que a través de una reconvención de los valores, se establezca, en primer lugar, todo aquello que organice jerárquicamente la vida, los derechos y la democracia. La economía política ambiental es el enfoque en análisis económico de los procesos a través de decisiones políticas relacionadas con la protección ambiental. La política económica ambiental es un área mayor de las políticas de desarrollo en la teoría económica cuyos efectos a corto y a largo plazo tienen un profundo impacto en el desarrollo humano. La política económica ambiental desarrolla métodos e instrumentos para el tratamiento de los problemas ambientales globales.

Desde un punto de vista normativo, la economía política ambiental se relaciona con la creación y la atribución del valor. La economía política ambiental trata de internalizar las externalidades e incluir externalidades en los análisis de políticas públicas, lo cual permite enfocar los costos ambientales y sociales actuales de una política económica expansiva. En la economía política ambiental, los levantamientos sociales son consecuencia de que los problemas ambientales y sociales son razonablemente tratados.

La economía sustentable requiere el desarrollo de economías locales diversas que incluye los aspectos ambientales en forma democrática, transparente y con la plena participación de las comunidades involucradas. La economía sustentable implica la participación de una diversidad de actores y agentes económicos locales coordinados bajo estrategias de diversidad económica que requieren mecanismos de decisión democráticos y participativos. Esta diversidad económica comparte metas económicas, sociales y ambientales.

Las políticas ambientales que definen las relaciones del hombre con el medio ambiente, incluyen las reglas que afectan el uso de los recursos naturales.

EL DISEÑO DE POLÍTICAS AMBIENTALES

La economía ambiental tiene que desempeñar un papel importante en el diseño de políticas públicas para el mejoramiento de la calidad ambiental. Existe un enorme rango y variedad de programas y políticos de carácter público dedicado a los asuntos ambientales, en todos los niveles de gobierno: locales, estatales, nacionales, federales e internacionales. Éstos varían enormemente en su eficiencia y efectividad. Algunos han sido apropiadamente diseñados y no se duda de sus impactos benéficos. Otros, quizá la mayoría, no estén bien diseñados. Al no ser efectivos en costos, acaban por ocasionar gastos enormes de dinero y por tener impactos mucho menores en la calidad ambiental, de lo que podrían generar con un mejor diseño.

Al problema de diseñar políticas ambientales eficientes no se le suele dar la importancia que merece. Es fácil caer en la trampa de creer que cualquiera de los programas o políticas que se generen de los desordenados procesos políticos ambientales represente alguna ayuda, o que éstos, seguramente, serán mejor que nada. Pero la historia está llena de casos en los cuales los diseñadores de políticas y los administradores públicos han concebido políticas que no funcionan; la gente cree con frecuencia que una política sería efectiva aun cuando cualquier análisis razonable pueda predecir lo contrario. De todo esto se deduce que es sumamente importante estudiar la manera de diseñar políticas ambientales que sean efectivas y eficientes.

La Environmental Protection Agency, EPA, (Agencia de Protección Ambiental), calculó que en 1990 EEUU dedicó casi el 2% del costo total de los bienes y servicios del país al control de la contaminación y la limpieza ambiental. Ellos esperan que este porcentaje se incremente hasta un 2.8% a finales de los años noventa. Esto, representa sumas muy grandes de dinero, aunque el porcentaje probablemente, debería ser mayor. Sin embargo, es importante no fijarse exclusivamente en el porcentaje, ya sea alto o bajo comparado con otros países. De igual o mayor importancia es que se obtenga el máximo mejoramiento posible de la calidad a partir del dinero invertido. Aquí vale la pena citar a Reilly, director de la EPA, quien afirma: “... con este nivel de gastos, existe una obligación muy grande de hacerlo bien. Por “hacerlo bien” él quiere decir tener programas que obtengan el máximo mejoramiento, en la calidad ambiental de acuerdo con los recursos gastados. Todo el mundo tiene su propio interés: los ambientalistas, por obvias razones; los reguladores públicos, porque ellos proponen un suministro limitado de recursos del contribuyente y una tolerancia del consumidor, y los mismos contaminadores regulados, puesto que los temas relacionados con la eficiencia son decisivos para el éxito de los negocios.

Para entender lo que implica “hacerlo bien”, considérese la reciente ley Clean Air Act (1990). Esta ley contiene cientos de disposiciones que

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