El Alma De La Toga

Constituye la defensa de los pobres una función de asistencia pública, como el cuidado de los enfermos menesterosos. El Estado no puede abandonar a quien, necesitado de pedir justicia, carece de los elementos pecuniarios indispensables para sufragar los gastos del litigio. Mas para llenar esa atención no hace falta, como algunos escritores sostienen, crear cuerpos especiales, ni siquiera encomendarla al ministerio fiscal. Los colegiados de Abogados se bastan para el menester, lo han cubierto con acierto desde tiempo inmemorial, y debieran tomar como grave ofensa el intento de arrebatárselo.

No debería haber diferenciación entre un pobre y una persona con más recursos, refiriéndome a su defensa legal.

¿Por qué al litigante pobre le ponen a un fiscal o un defensor público para que lo defienda?

¿Por qué no hacer que los grandes abogados de renombre, y no solo ellos sino todos, en algún momento tomen casos particulares con litigantes pobres?

Por decirlo de cierta forma, sería como un pro bono.

Además los Licenciados en derechos como es que salimos asumimos el rol de ABOGADOS cuando abogamos por alguien y estamos ya capacitados para ampara en justicia a quienes no pueden realizar un desembolso.

El autor al final de este capítulo nos menciona unas breves medidas a aplicar, con las cuales no estoy de acuerdo. Comenzando por la segunda que nos dice que si el litigante pobre pierde deberá pagar un día de cárcel, esto me parece absurdo porque estaría como estableciendo que ser pobre es un delito, que por no poder pagar un abogado debe de pagar con cárcel.

¿Qué clase de insensatez es esta?

Pero de igual forma las otras dos nos e pueden quedar por fuera. No me parece justo que el abogado o procurador encargados de la defensa del litigante pobre sean los que deban cubrir los gastos, y no solo eso sino que si no lo hacen no pueden ejercer. Les conviene muchísimo más no defenderlo.

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