Ensayo sobre la Obligatoriedad de la Acción Penal

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular Para la Educación Superior

Fundación “Misión Sucre”

Aldea Universitaria Ribero 4

Cariaco Edo Sucre

Ensayo sobre la Obligatoriedad de la Acción Penal

Profesor: Participante:

Domingo Rengel Salaya Luisa

El presente ensayo esta enfocado en el estudio de algunos aspectos relacionados con la acción penal, como son la acción penal, el ejercicio de la misma, las formas alternas de prosecución del proceso y las etapas que lo conforman, al igual que su obligatoriedad.

La acción penal es la manifestación del poder concedido a un órgano oficial (Ministerio Público) o titular particular (en casos excepcionales) a fin de que lo ejerza solicitando una declaración judicial tras la comisión de un delito e identificando al autor del mismo. Actualmente, bajo la perspectiva del Derecho Procesal Penal, se advierten dos dimensiones de la acción penal:

1. La acción penal como la única vía para que las pretensiones de justicia en el ámbito penal puedan materializarse.

2. La acción penal como la manifestación clara del poder estatal expresado en el mandato constitucional (que establece la exclusiva potestad del Estado para administrar justicia). Como poder, entonces, la acción penal es, básicamente, coerción estatal, porque sin ella el proceso no tendría la autoridad de que goza.

En tal sentido es de señalar que según Enrique Véscovi: “La acción penal, funciona como un poder jurídico de reclamar la prestación del oficio jurisdiccional, o bien, como un derecho subjetivo procesal (autónomo e instrumental) para solicitar la puesta en movimiento de la actividad judicial, y obtener un pronunciamiento (sentencia)”.

Del mismo modo cabe destacar que la acción penal se ejerce de dos formas: la publica, a través del Ministerio Público en caso de delitos que atentan contra el interés social, y la privada, en caso de delitos que atentan contra el interés particular y la cual es ejercida por la victima a través de la denuncia ante él o la fiscal del Ministerio Publico contando con su permiso o requerimiento.

En función a lo antes expuesto la acción penal es pública, ya que el Estado es quien administra justicia mediante el proceso penal, lo que implica desde la potestad de perseguir el delito hasta el hecho de ejecutar la sanción penal materializada en la pena, y la ejerce a través de sus órganos.

Por ello, cuando se hace la distinción entre Acción Penal pública y privada, sólo se hace referencia a la “facultad de ir tras el delito” hasta lograr una sanción actuando con titularidad en su ejercicio. Tal facultad, por regla general, radica en el Ministerio Público, sin embargo, los delitos de acción privada constituyen la gran excepción al dominio del Estado sobre el procedimiento penal, pues el interés de la víctima o su sustituto prevalece sobre el interés estatal y lo excluye casi totalmente.

Asimismo las características de la acción penal pública se fundamentan

en:

1.- Publicidad. Donde la acción penal está dirigida a los órganos del Estado y tiene además, importancia social, puesto que está orientada a restablecer el orden social perturbado por la comisión de un delito.

2.-

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