Estudios De Profundización En Contratación Estatal

Estudios de Profundización en Contratación Estatal: Contratación Directa

El siguiente texto se realizó con base en la lectura “Contratación Directa”, escrita por Patricia Mier Barros y publicado en el libro Estudios de Profundización en Contratación Estatal de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Con respecto al tema de contratación directa en nuestro país, se puede observar un gran desarrollo que se ha venido logrando desde la adopción de la Ley 80 de 1993 donde se reguló de una manera más concreta la adjudicación de contratos de los entes estatales con el fin de lograr un mayor bienestar para la sociedad Colombiana.

Primero que todo cabe destacar que la contratación administrativa, que traduce el supuesto constitucional de realización del interés público, impone como principio fundamental, la objetividad de la selección de los contratistas de los entes estatales, que garantice “el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la obtención de dichos fines”.

Se define como selección objetiva a aquella en la cual “la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés, y en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. Y entiende la ley por ofrecimiento más favorable “aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la entidad.

Con respecto a los temas tratados anteriormente, se ha evidenciado que se han quebrantado los principios principalmente en los procesos de adjudicación de contratos en grandes obras de Bogotá, resultando en el flagelo llamado Carrusel de la Contratación. Estos procesos revelaron las malas prácticas en la adjudicación de contratos a empresas de la familia Nule, violando los fines del estado en términos de bienestar a los ciudadanos.

La ley 80 de 1993 siguiendo la tradición legislativa, consagra la licitación o concurso público como la regla general de selección de los contratistas del Estado y establece únicamente dos formas de selección del contratista: licitación y contratación directa.

La licitación o concurso público se define como “el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y selecciones entre ellas la más favorable. Cabe destacar que no la norma no distingue

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